El administrador solidario de la adjudicataria, hijo de otro exconseller del PP, ha colaborado en una de las propuestas electorales de Carlos Mazón, aunque matiza que simplemente le echó «un vistazo»
El director de Antifraude del PP y Vox contrata por 40.000 euros una auditoría externa de la etapa de su predecesor
Análisis – Rentistas del silencio a cuenta de Maruja y Julio, por Francesc Arabí
El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, ha adjudicado tres contratos de auditoría a una empresa propiedad del exconseller popular Carlos González Cepeda, que dirigió el departamento autonómico de Justicia con Eduardo Zaplana de presidente de la Generalitat. En la firma adjudicataria, según los datos que constan en el Registro Mercantil, figura como administrador solidario el hijo de Diego Such, también exconseller de Zaplana. Se trata de tres contratos adjudicados a Dula Auditores para “destacar qué no se hace bien y qué es mejorable”, según afirmó Beut, nombrado en el puesto por PP y Vox, en una comparecencia en las Corts Valencianes el pasado viernes.
La AVA licitó cinco lotes para auditar las áreas más sensibles de la agencia: la dirección de Análisis e Investigación; la dirección adjunta y de Asuntos Jurídicos; los buzones y los procedimientos del Comité de Ética y de la Unidad de Resolución de Conflictos; el área de Administración, Recursos Humanos y Gestión Económica, y los sistemas de información. Sin embargo, los dos últimos lotes han quedado desiertos (a pesar de que, inicialmente, la empresa también se había presentado a la auditoría del área de Administración). La adjudicación de los tres contratos, por procedimiento abierto, suma finalmente un importe global de 33.800 euros.
La empresa obtuvo la mayor puntuación en los cuatro lotes a los que se presentó. Uno de los propietarios de la firma es Carlos González Cepeda, exconseller del PP de Zaplana y delegado del Gobierno durante la etapa de José María Aznar. Por otro lado, la empresa incluye como administrador solidario a Eduardo Such Irusta, hijo del también exconseller Diego Such, que ostentó la cartera de Industria con Zaplana.
Eduardo Such Irusta, quien formalizó los contratos de Antifraude el pasado 17 de febrero, también colaboró en 2021, según publicó Valencia Plaza, con una propuesta fiscal de Carlos Mazón (entonces en la oposición), que prometía una bajada generalizada de impuestos. El trabajo lo coordinó el actual conseller José Antonio Rovira y el padre del administrador solidario de la empresa Dula Auditores.
Sin embargo, Eduardo Such, en una conversación telefónica con este diario, matiza la colaboración con la propuesta electoral del PP de Mazón y sostiene que simplemente le echó un “vistazo”. También enmarca los contratos de Antifraude en el ámbito de las auditorías operativas que encargan habitualmente los organismos públicos.
Antifraude buscaba “profesionales independientes e imparciales”
La AVA, en su memoria justificativa de los contratos, explica que está sujeta a la Intervención de las Corts Valencianes (la cámara autonómica que elige a su director) y que justifica su gestión cada año ante la Sindicatura de Cuentas. Los controles, tanto internos como externos, “ya son realizados por sendos órganos”, a los que la agencia “remite la documentación relativa a a su funcionamiento, según la normativa a la que está sujeta en su actuación”, aunque la AVA también alega la “necesidad de la nueva dirección de realizar una valoración de la actuación de la entidad en determinados aspectos”.
“Se considera que la evaluación externa es el instrumento adecuado para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, debiendo ser realizada por profesionales independientes e imparciales, que tengan experiencia y conocimientos específicos en la materia”, reza la memoria justificativa de los contratos, firmada por la letrada Maria Elena Lacalle, actual directora adjunta y de Asuntos Jurídicos, y por Miguel Ángel Furió, responsable en funciones de Análisis e Investigación.
La memoria indica que “el inicio del nuevo mandato [de Eduardo Beut] hace conveniente para la nueva dirección realizar, en la mayor brevedad posible, balance de los siete años de funcionamiento inicial de la agencia”, una etapa que contaba con Joan Llinares como director. La nueva dirección de Antifraude considera que las auditorías son “el punto de partida necesario para abordar la proyección de la agencia en adelante”.
La AVA no ha contestado las preguntas de este diario, una dinámica con los medios convertida en costumbre desde que la anterior responsable de prensa abandonó el puesto.
