Triunfó y fracasó con sus empresas; sus finanzas fueros sospechosas de trato de favor en Bankia; ganó para el PP por un único mandato un bastión socialista; y fue condenado e inhabilitado por malversación
Amenazas, un disparo y un posible estrangulamiento: qué sabemos del asesinato de Arturo Torró, exalcalde del PP de Gandia
Arturo Torró, cuyo cuerpo fue encontrado este miércoles por la noche tras ser asesinado, tuvo una vida marcada por sus proyectos empresariales caracterizados por inversiones financieras sospechosas y por un paso por la política relativamente corto que le llevó a la alcaldía de Gandia por un solo mandato. Pero ambos aspectos de la trayectoria de Torró estuvieron marcados por sus visitas continuas a los tribunales de justicia.
Torró, nacido en l’Alcúdia en 1963, era óptico de formación y su vocación empresarial empezó en los años 90, cuando fundó el grupo de ópticas +Visión en 1994 (alcanzó las 350 franquicias en diversos países). Poco después asomaba la cabeza en la política, afiliándose al PP en 1999, año en el que el partido conservador liderado por Eduardo Zaplana consolidaba su dominio con su primera mayoría absoluta en la Comunitat Valenciana.
Pero el despegue de Torró en la política de Gandia todavía tardaría unos años más, ya que no fue hasta 2007 cuando fue por primera vez candidato del PP (el mismo año que alcanzaba la presidencia local del partido). En aquellos momentos Torró era un hombre cercano a Francisco Camps -entonces president de la Generalitat-, también al desaparecido Juan Cotino, y a otro político-empresario en el que se vio reflejado, el entonces alcalde de Xàtiva Alfonso Rus.
Este salto a la profesionalización en la política hizo que entre 2007 y 2008 vendiera su participación en +Visión al fondo holandés HAL Investments, una operación que se calcula que se realizó entre 30 y 35 millones de euros. No obstante sus relaciones empresariales no las cortó nunca del todo. Así, lanzó sus redes a sectores que iban desde el ocio y la restauración a otras de confección de ataúdes en Xàtiva (con vinculación a Rus); todas estas empresas sufrieron problemas financieros en época de crisis.
Y es que aquellos tiempos también fueron los del estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, y Arturo Torró tuvo que manejarse con movimientos económicos que han sido reconocidos como de riesgo y bajo sospecha de favores políticos. Así, entre 2007 y 2011 consiguió 37 millones de euros mediante créditos de Bancaja y su sucesora Bankia, una caja entonces de gestión pública vinculada al gobierno valenciano, que hicieron saltar las sospechas de irregularidades en la adjudicación de los créditos con trato de favor de dirigentes del PP. Gran parte de estos créditos se otorgaban para la financiación de las empresas, pero muchas veces Torró los utilizó para otros fines.
2011: la alcaldía
Arturo Torró alcanzó la alcaldía de Gandia en 2011, en un momento en el que el PP estaba acosado por el caso Gürtel que acabó con la dimisión de Camps poco después. Pero tras las elecciones, Torró le ofrecía al PP una de las joyas de la corona socialista, ya que Gandia ha sido un bastión histórico del PSPV, y de hecho ha sido el único mandato en el que ha gobernado.
Parecían ser días de vino y rosas para Arturo Torró, pero entre bambalinas el dirigente popular tenía problemas en sus negocios. En febrero de 2013 el alcalde se declaró en suspensión de pagos, tanto él como persona física como dos de sus sociedades fueron declaradas en concurso de acreedores.
Torró no podía pagar los 26 millones de euros de deuda que tenía, fundamentalmente por créditos con Bankia. En su día el alcalde aseguró que se trataba de preferentes del banco por 22,6 millones de euros en las que había quedado atrapado, unas preferentes que le sirvieron de aval para sus préstamos, todos impagados. Pero poco después Torró recibía un gran favor del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que le permitió aquel mismo año canjear títulos de deuda subordinada de Bancaja que compró por 7,9 millones en 2009 y 2010 por acciones de Bankia valoradas en 15,1 millones, un beneficio que no tuvieron los preferentistas mortales.
Cuando llegaron las elecciones de 2015 el PP se quedó en Gandia a un puñado de votos de revalidar la mayoría absoluta, pero esta no se alcanzó y el salvavidas de Ciudadanos no le funcionó, puesto que la formación se integró en el nuevo gobierno de la hoy ministra socialista Diana Morant, junto con una coalición de izquierdas liderada por Compromís. La última esperanza fue la de intentar una moción de censura que no llegó a cuajar en 2017.
Pero para entonces Torró ya había abandonado el ayuntamiento. En 2016 dejó el consistorio y el liderazgo del partido en manos del actual presidente del PP de la ciudad, Víctor Soler, a quien en 2019 intentó volver a arrebatarle el liderazgo local, pero fracasó.
Problemas con la justicia
Las visitas de Torró a los tribunales fueron constantes, tanto por su gestión económica como por su gestión al frente del Ayuntamiento de Gandia. En la económica llegó a litigar con Bankia para resolver la situación de sus preferentes que fueron canjeadas, mientras que no llegó a devolver los créditos prestados.
En cuanto a la gestión política Arturo Torró fue condenado en 2023 a tres años y medio de prisión y seis años y medio de inhabilitación absoluta por la Audiencia Provincial de València como autor de un delito de malversación, por la adjudicación irregular de una empresa municipal que causó al consistorio un perjuicio económico de medio millón de euros. Por esta sentencia Torró vio como el Tribunal de Cuentas le embargaba bienes por valor de 223.400 euros; actualmente todavía debía 350.000 euros al propio Ayuntamiento de Gandia, dinero que quería recuperar el consistorio y por el que había iniciado un proceso judicial.
Ante esta situación de tensión de liquidez Torró había llegado a pedir dinero a amigos y conocidos para intentar reflotar sus negocios empresariales. Con estas circunstancias había sido víctima de amenazas, según denunció a la Policía Nacional.
El exalcalde también impulsó acciones judiciales contra sus sucesores socialistas en la alcaldía, Diana Morant y José Manuel Prieto, a quienes acusó de provocar un efecto llamada de ocupas por la participación de Morant en la protesta por un desahucio de una persona vulnerable. La demanda fue recientemente desestimada por la justicia.
