Gabriel Le Senne se niega a dimitir tras haber sido enviado al banquillo por un delito de odio por romper la foto de tres asesinadas por el franquismo y ser consciente del «desprestigio» sufrido por la institución por su comportamiento: «No veo motivos»
El juez envía al banquillo al president del Parlament balear, de Vox, por romper la foto de víctimas del franquismo
Los grupos de izquierdas de la oposición en Balears han exigido este viernes al Govern del PP y a su presidenta, Marga Prohens, que actúen y exijan el cese del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), a quien el juez ha enviado a juicio acusado de un delito de odio por romper, el 18 de junio del año pasado, una fotografía de tres víctimas del franquismo mientras se debatía en el hemiciclo la derogación de la Ley balear de memoria democrática.
La apertura de juicio oral contra el dirigente de extrema derecha ha desatado un alud de reacciones y peticiones de dimisión que, por el momento, Le Senne se empeña en rechazar, alegando que continúa “sin ver motivos” para ello pese a ser consciente del “desprestigio” sufrido por la institución desde el día en que desgarró la imagen en la que figuraban las republicanas Aurora Picornell y Maria y Antònia Pascual, erigidas en iconos del antifascismo en Mallorca.
Tanto PSIB-PSOE como Més per Mallorca reclaman que Le Senne no pronuncie el discurso institucional previsto para el día 1 de marzo, Día de Balears. “No es razonable que el día 1 de marzo presida un acto institucional y pronuncie un discurso un presidente del Parlament que se va a sentar en el banquillo acusado de un delito de odio”, ha aseverado este viernes el portavoz socialista en la Cámara autonómica, Iago Negueruela.
En término similares se ha pronunciado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha avanzado que, desde este momento, su grupo no participará en los actos protocolarios que presida Le Senne. El ecosoberanista ha criticado el “silencio” de los populares y de la líder del Ejecutivo balear, a los que ha acusado de estar calculando “qué salida les resulta más rentable”.
Mientras tanto, Le Senne ha rechazado una vez más abandonar el cargo que ostenta e incluso se ha mostrado sorprendido por el “breve” plazo que el juez le otorgó para pagar los 40.000 euros de fianza que le impuso como garantía para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de este proceso. Con todo, ha señalado que ya los ha consignado.
En declaraciones a los medios un día después de que el instructor lo enviase al banquillo, Le Senne se ha mostrado “completamente tranquilo” ante el devenir del procedimiento judicial y ha insistido en que no se plantea dejar el cargo por propia iniciativa y que se tramitará “como corresponda” la activación del artículo 9 del reglamento de la Cámara -referido a la suspensión de deberes y derechos de un diputado ante la apertura de juicio oral- si cualquier grupo lo solicita.
La segunda autoridad de Balears ha insistido en que no ve motivos para dimitir a pesar de admitir que el incidente, por el que ya pidió disculpas y que ha justificado en la aplicación del reglamento, ha sumido a la institución en un desprestigio. “También desprestigia que no se acaten las órdenes”, ha añadido en relación a las diputadas socialistas que se negaron a retirar la fotografía antes de proceder a arrancarla de la tapa del ordenador de la parlamentaria que la exhibía.
Le Senne ha incidido en que no ha habido ningún cambio sustancial y se ha remitido al comunicado difundido este jueves, vía Presidencia del Parlament, en el que se señala que el acusado “sigue amparado por la presunción de inocencia” y manifiesta su “voluntad de colaborar con la Justicia en el acto del juicio para despejar toda duda” de que “no cometió ningún delito”. “Aquel 18 de junio actuó únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie”, asevera la nota, a pesar de que los propios letrados de la Cámara censuraron su comportamiento.
El presidente ha admitido que el auto del juez instructor ve delito de odio, pero ha recordado que el fiscal especializado en estos delitos opina de manera contraria. “Hay que dejar trabajar a la justicia”, ha sentenciado.
