Continúan llegando multas a afectados por la ley turística canaria de 2013. Antonia ya agotó la vía administrativa y tiene que pagar más de 2.000 euros. Turismo insiste en que el expediente forma parte de un informe del ayuntamiento, que establece si el inmueble está “en suelo turístico”
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Las personas afectadas por la Ley Turística de Canarias de 2013 siguen recibiendo sanciones por no tener sus apartamentos cedidos a un explotador turístico y por hacer uso de ellos por su cuenta. “Hay personas a las que ya se les ha agotado la vía administrativa y lo que tienen es la carta de pago”, explica Maribe Doreste, portavoz de la plataforma de afectados (PALT). Antonia es ejemplo de ello, le llegó una sanción de 2.250 euros recientemente porque ha agotado la vía administrativa. “Tengo un plazo para pagarla y estoy reuniendo el dinero, pero soy viuda y tengo una minusvalía”, explica. La plataforma sostiene que hay miles de personas afectadas o susceptibles de serlo: muchas con apertura de expediente o propuesta de resolución. En sus registros cuentan con un fichero donde van actualizando las personas o complejos notificados.
“El problema es que no se están pudiendo defender porque no saben que están siendo notificados, ya que nadie espera que te multen por usar tu casa”, expresa Maribe Doreste. “Ayer nos dimos cuenta de que había ya como 80 cartas de pago directamente porque se están notificando a través del boletín oficial”, destaca. No obstante, recuerda que hay casos como el del apartamento Las Algas que llegaron esos expedientes sancionadores a sus propiedades directamente.
Antonia, por su parte, remarca que compró su piso con sus ahorros de toda la vida. “Con mis ahorros más una hipoteca, en su día lo compré, y ahora encontrarme con esto no lo entiendo”. “Es mi única propiedad”, insiste esta mujer, que vivía en esta propiedad y ahora vive con su hija por miedo a que la multa se le incremente a los 30.000 o incluso a 300.000 euros. “Yo he podido venirme con mi hija, pero y ¿si no tuviera a nadie más?” Además, señala que no tiene problema en que otras personas del complejo lo exploten turísticamente, pero insiste en que ella quiere disfrutar de una propiedad que ha adquirido.
En el expediente de Antonia se señala que se le abre por “incumplir el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento”, ya que destina “la unidad al uso residencial (uso propio de la unidad alojativa, así como cesión sin ánimo de lucro a familiares y amigos)”. La inspección de Turismo preguntó al Ayuntamiento (en este caso Mogán) el uso asignado por el planeamiento municipal vigente a la parcela y este respondió que “el uso principal es establecimiento turístico de alojamiento, estando prohibidos los usos restantes” y agregó que el inmueble debe estar “destinado a prestar un servicio de alojamiento turístico por la empresa explotadora habilitada a tal efecto, no siendo, por tanto, susceptible de ser utilizado para un uso residencial”.
En la resolución se menciona la Ley de 2013 que promueve la especialización hacia el uso turístico en determinadas zonas, evitando la residencialización. La Ley del Suelo de 2017 incluyó que se podrían acreditar los usos residenciales consolidados antes de esa fecha aunque esta norma no valdría para herederos ni si otras personas que compren el apartamento. La sanción señala que no queda acreditado en el caso de Antonia el uso consolidado, pero ella asegura a este periódico que compró el inmueble en 2006 y que en ningún momento se le dijo que tendría que destinarlo a explotación turística.
“Mi apartamento no ha estado nunca en ninguna página de alquiler, no ha estado nunca en explotación, jamás. No ha estado a disposición de terceros. Y además lo compré para disfrutarlo”, insiste. “¿Cómo iba a comprar algo que no puedo disfrutar si mi intención era esa?” se cuestiona. Además, añade que sabe de personas que tienen sus apartamentos en explotación y reciben apenas 300 euros, ya que no pueden ni explotarlo por su cuenta.
La infracción cometida se encuentra tipificada “como muy grave”, siendo sancionable con multa entre 30.001 y 300.000 euros“. En este caso, se ha impuesto una sanción por cuantía total de 2.250,00 euros, por lo que ”se encuentra dentro del intervalo de la sanción de multa en las sanciones graves“, dice su resolución.
Antonia se ha integrado en la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que le insiste en que tienen que luchar por su propiedad. Señala que va a seguir luchando, pero que todo es dinero, “primero tienes que pagar la multa, segundo tienes que pagar por un abogado, y una serie de gastos que tú no prevés y que tú no tenías en ningún momento. ¿Y qué hago?”.
Maribe Doreste, por su parte, incide en que desde la plataforma (que no para de ganar socios) lo que se recomienda es, si a alguien le llega una multa o está notificado, tiene primero que contestar. “Están llegando multas a gente que no está contestando, no porque no quiera, sino porque no se ha enterado, porque han notificado en el boletín oficial”, asegura.
“¿Por qué no me advirtió, señor notario? ¿Por qué no me advirtió de que la seguridad jurídica no existe en Canarias? ¿Por qué no me advirtió de que una escritura que cuesta sacrificio pagarla no vale para nada? ¿Por qué no me advirtió que donde pone en la escritura apartamento o bungalow se podría cambiar por unidad alojativa?”, son las preguntas que se hace un afectado de la plataforma. “¿Por qué no me advirtió de que el verdadero titular del apartamento es el explotador y no el que lo paga? ¿Por qué no me advirtió de que yo solo puedo comprarlo pero no vivirlo porque me podrían multar?”, añade.
Turismo alega que las sanciones vienen si es “suelo turístico”
La Consejería de Turismo ha señalado a este periódico que “la normativa no expulsa a nadie de su vivienda, ni tampoco obliga a nadie a entregar las llaves a ningún explotador” y que “si ese expediente sancionador existe es porque hay constancia probatoria de que se trata de un establecimiento ubicado en suelo turístico”.
El área que dirige Jéssica de León añade que la normativa urbanística con carácter general “es igual en toda España y todo el mundo debe respetar los usos definidos por el planeamiento urbanístico (principio de especialización de usos)” y que los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán se comprometieron el pasado año a iniciar los procedimientos de modificación de especialización de los usos del suelo y ese inicio de expediente suspendería los procedimientos sancionadores que estuvieran en marcha.
“Forma parte del expediente sancionador un informe urbanístico del ayuntamiento correspondiente, que establece que el establecimiento está amparado en una licencia turística, en suelo turístico para uso turístico, sin ese informe el expediente sancionador no prosperaría”, apunta.
El Defensor del Pueblo rechazó que el uso residencial esté prohibido
Doreste apunta a una respuesta del Defensor del Pueblo que en 2019 recomendó al Gobierno de Canarias que respete el uso residencial de los afectados o que los indemnice. “No hay base jurídica suficiente para sostener, como sostiene la Administración de Canarias, que el uso residencial esté prohibido. No lo está. No puede estarlo, como se ha venido razonando, ni por la especialización del suelo ni por la naturaleza del establecimiento”, remarcaba esa carta.
El pasado año, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dio los pasos para aliviar estas multas a los propietarios. Lo que se aprobó fue la tramitación y aprobación de una ordenanza provisional municipal que permita compatibilizar el uso residencial y el turístico en el municipio. Maribe Doreste recordó entonces que “hasta 2013 vivíamos tranquilos” y añade que, hasta entonces, estos pisos no podían explotarse turísticamente si no lo aprobaba un 51% de la comunidad de propietarios.
En contra de la Ley del alquiler vacacional
La plataforma también ha protestado estos días contra el proyecto de ley de vivienda vacacional del Gobierno de Canarias y ha enviado numerosos correos electrónicos. “La ley del alquiler vacacional vuelve a insistir en lo mismo y recae otra vez en la majadería de que nosotros no tenemos una vivienda, que lo que tenemos es una unidad alojativa y por tanto no tenemos derecho al uso de lo que es nuestro”, destaca Maribe Doreste.
“Defendemos que la gente que quiera pueda hacer el alquiler vacacional y más en las áreas del litoral de todas las Islas Canarias”, sostiene. “A nosotros esta ley vuelve a ponernos en el disparadero, realmente es una ley tramposa, un caballo de troya, vienen a por nosotros, vienen en esta ley a por los residentes y a por los propietarios”.
