La investigación conjunta con la Guardia Civil revela durante 2022 y 2023 una situación de «extracción masiva, sistémica, simultánea, persistente, fuera de control e ilegal» de aguas subterráneas
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha identificado 250 empresas y profesionales que realizaron extracciones ilegales de agua en los acuíferos del espacio natural de Doñana, por lo que insta la exigencia de responsabilidad medioambiental e impone medidas de prevención y reparación. La reclamación se la hace a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, al tiempo que aboga por la “suspensión temporal de actividades” de esas explotaciones si continúan con sus extracciones.
Según un documento facilitado este viernes por la Fiscalía, las actuaciones dirigidas por el fiscal Manuel Campoy Miñarro y llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa del Seprona de la Guardia Civil, han permitido concluir la existencia, durante el periodo temporal investigado de 2022 y 2023, de una situación de “extracción masiva, sistémica, simultánea, persistente, fuera de control e ilegal” de aguas subterráneas.
La extracción ilegal fue protagonizada por una “multiplicidad de operadores que desarrollan actividades económicas y profesionales”, que actuaron sin concesión administrativa y en caudales superiores a los permitidos, en las masas de agua subterránea que forman este conjunto de acuíferos.
En Huelva, Sevilla y Cádiz
En total, han sido identificados los titulares de 198 empresas y profesionales en Huelva, en los términos municipales de Almonte (15), Bonares (33), Chucena (16), Escacena del Campo (5), Hinojos (4), Lucena del Puerto (80), Manzanilla (20), Moguer (8), La Palma del Condado (1), Paterna del Campo (4), Rociana del Condado (4), Villalba del Alcor (3), Villarrasa (4) y Gibraleón (1).
A ellos hay que sumar 51 de Sevilla en Aznalcóllar (1), Carrión de los Céspedes (1), Dos Hermanas (7), Huévar del Aljarafe (5), La Puebla del Río (5), Pilas (20), Villamanrique de la Condesa (10), Aznalcázar (1) y Sanlúcar La Mayor (1), y uno más en Cádiz, en la localidad de Sanlúcar de Barrameda.
Conforme a la Ley de Responsabilidad Medioambiental y con carácter previo a la vía judicial, la Fiscalía ha instado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, para que, en cumplimiento de los principios de la UE de “prevención y quien contamina paga”, acuerde la imposición de medidas que impidan que continúe esta extracción y que los responsables reparen el daño medioambiental ocasionado.
Extracciones “abusivas e ilegales”
En su informe, recuerda que el deterioro de las tres masas de agua que alimentan el acuífero de Almonte-Marismas persiste actualmente, como lo atestigua un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), y continúa ocasionando daños a los ecosistemas terrestres que dependen directamente de dichas masas de agua con una “alteración constante de las zonas protegidas”.
Cita también un estudio del técnico especialista Juan José Pérez Santos de la Unidad Técnica Adscrita a la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, quien ha certificado que “el descenso del nivel de agua del acuífero es un hecho generalizado y no puede atribuirse a la descarga natural o a la irregularidad de las precipitaciones, ni tampoco a la combinación de ambos factores”. En este sentido, apunta a la existencia de “extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea en el entorno del espacio natural protegido de Doñana”.
Estas extracciones, añade, son la “causa significativa del deterioro medioambiental que dicho espacio viene sufriendo desde hace ya varias décadas”.
Restituir los recursos naturales
Por ello, el fiscal Campoy insta a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a que obligue a esas empresas detectadas a adoptar “medidas de reparación primaria” con la finalidad de “restituir o aproximar al máximo los recursos naturales o servicios de recursos naturales dañados a su estado básico”.
Además, considera que deben llevarse a cabo otras medidas complementarias en caso de que no se dé “la plena restitución de los recursos naturales”. Pretende así que se proporcione “un nivel de recursos naturales o servicios de recursos naturales –inclusive, si procede, en un lugar alternativo– similar al que se habría proporcionado si el lugar dañado se hubiera restituido a su estado básico”.
Además, de forma subsidiaria propone la ejecución forzosa de esas medidas si las empresas incumplen con lo que se les diga, y “con posibilidad e imposición de multas coercitivas”.
