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Carlos Mazón sabe que su carrera política está acabada. Que a medio plazo no seguirá. Que cuando deje la presidencia de la Generalitat Valenciana no tendrá una nueva oportunidad. Por mucho que en el PP públicamente lo respalden, incluso le aplaudan –cada vez con menos fervor–, Mazón sabe que no repetirá como candidato cuando lleguen las próximas elecciones. No tiene muchas opciones, salvo que el PP valenciano se quiera suicidar.
Carlos Mazón es un cadáver político. Pero hay algo que aún puede lograr: un buen sueldo garantizado hasta su jubilación.
La clave está en una ley que seguro que Mazón ha leído con atención: el Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana. En ella se regulan los derechos a los que se podrá acoger desde que deje su cargo actual; es algo que está reglado en varias autonomías, no solo en la Comunitat Valenciana. Aunque esta ley sí tiene algunas particularidades que explican parte de lo que ocurre hoy.
Como todos sus predecesores, Mazón tendrá el “tratamiento vitalicio de Molt Honorable Senyor”. El nivel no es muy alto, así que no chocará: siguen siendo “molt honorables” Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, ambos condenados por corrupción.
Mazón también podrá contar con un despacho con todo el equipo: dos asesores, un chofer y un coche oficial. Pero no todos los expresidentes de la Generalitat tienen los mismos derechos. Depende de un factor: los años que hayan estado en el cargo.
Aquellos que presiden la Generalitat durante al menos una legislatura completa de cuatro años tienen derecho a 15 años en el Consejo Jurídico Consultivo, un puesto por el que se cobra alrededor de 75.000 euros anuales.
¿Y los que no llegan a cuatro años? Pues ya es un premio menor. Solo pueden cobrar durante tanto tiempo como el que ejercieron la presidencia de la Generalitat Valenciana.
Traducido a la situación de Carlos Mazón: si aguanta hasta que termine la legislatura, tiene el resto de su vida resuelta. En 2027 tendrá 53 años. Con quince más de sueldo y de cotización, se planta en 68 años y ya puede enlazar con la jubilación. Pero si dimite ahora, en dos años no tendrá la garantía de otro sueldo público. Dependerá de la generosidad de su partido. Tras sus hazañas, no está claro que el PP lo vaya a proteger.
¿A que así se entiende mejor por qué Carlos Mazón se aferra al cargo con todas sus fuerzas, a pesar de saber que su carrera política ya terminó?
Mazón se afilió al PP con 18 años. Con 25, Eduardo Zaplana lo nombró director general del Instituto Valenciano de la Juventud. Y desde entonces hasta hoy –ha pasado un cuarto de siglo– toda su carrera profesional se la debe a su militancia en el PP. Entre otros puestos, fue el director general de Comercio y Consumo en los años en los que Zaplana cobró mordidas de las ITV; unas ITV que estaban bajo la supervisión de Mazón. Estuvo también una década como gerente de la Cámara de Comercio de Alicante –una institución semipública–. Y después pasó a la Diputación de Alicante: primero como vicepresidente y más tarde como presidente de la institución.
Si dimite ahora, Mazón solo podría estar en el Consejo Consultivo por dos años. En 2027 tendría que volver a la vida civil; reingresar en la Cámara de Comercio sería su mejor opción. Salvo su breve carrera como cantante melódico –no te pierdas este vídeo– no se le conoce otra experiencia profesional.
Hay una segunda razón por la que Mazón no dimite. Tampoco es bonita: el miedo a las consecuencias penales de su negligente gestión de la DANA como president de la Generalitat.
Si deja su escaño, dejaría de estar aforado. Y quedaría aún más expuesto ante esa valiente, Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. Una jueza de base que, con sus autos, ha desnudado las mentiras de Mazón.
En uno de sus escritos, en pocas líneas, la jueza desmonta la primera gran excusa de Mazón y del PP. Para ella –y para cualquiera que sepa leer– no hay ninguna duda de que la competencia en la gestión de las emergencias correspondía a la Generalitat. No a la AEMET. No a Teresa Ribera. No al Ejército, al que Mazón también trató de desacreditar. “El nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por parte de la Administración Central”, dice en uno de sus escritos. “El Estatuto de Autonomía establece como competencia exclusiva de la Generalitat la protección civil”. Fin de la cita.
En otro auto, por si hubiera alguna duda, la jueza también subraya cuál es el foco de su investigación: unos posibles “homicidios imprudentes” por la “palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse”.
Otro párrafo de uno de sus últimos autos lo explica más claro aún. Avisaron tarde y mal:
“Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constatación del aviso notablemente tardío, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue las 20:11, y errado en su contenido, muchas de las víctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la vía pública. En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí”.
¿Y a qué se debió ese “enorme retraso” en el envío de la alerta? La jueza Nuria Ruiz aún no ha llegado allí. Pero sin duda llegará. Todo el material que está requiriendo a la Generalitat apunta en esa dirección: en la negligente gestión de una emergencia donde el máximo responsable, Carlos Mazón, estuvo durante horas ilocalizable. Un tiempo en que la consejera Salomé Pradas fue incapaz de tomar decisiones.
Algún día, todo llegará, también sabremos qué hizo exactamente Carlos Mazón entre las 15:00 y las 19:30 de esa trágica tarde del 29 de octubre de 2024, hasta que por fin apareció en la reunión del comité de emergencias (que estaba convocado para las 17:00). Y cuántas de esas horas estuvo en ese famoso restaurante, El Ventorro.
Mazón no ha querido hacer pública la factura de ese restaurante. Para proteger ese dato, ha argumentado que pagó la comida en su condición de presidente del PP valenciano, no de la Generalitat. Como Milei, cuando dice que pone tuits a favor de criptoestafas como un ciudadano particular, y no como presidente de Argentina.
Hay mucha especulación sobre si en esa factura aparecerá algún gasto impropio para una comida de trabajo. Pero el dato relevante es otro y está en el resguardo de la tarjeta: la hora del pago, que en la práctica equivale a saber cuándo salió de El Ventorro.
Es probable que la investigación judicial aclare este y otros misterios. No sé si finalmente Carlos Mazón tendrá que asumir alguna responsabilidad penal, pero eso no es lo determinante. El umbral del delito no es el mínimo exigible a un presidente autonómico.
Que Mazón no debería seguir ni un día más en el puesto es algo que ya está sobradamente acreditado. Y no solo por su gestión de la DANA. También por las indecentes mentiras con las que ha intentado esquivar su responsabilidad.
Para tapar sus miserias, ha llegado a manipular el audio de una llamada telefónica con un meteorólogo de la AEMET omitiendo la parte clave: que “lo peor” de la DANA llegaría entre las 15 y las 18 horas. Y esta no es siquiera la primera ocasión en la que el equipo de Mazón recorta audios torticeramente para fabricar relatos falsos que le compra la prensa afín. Su máquina de mentiras echa humo con el que intenta desviar la atención.
Incluso en sectores tan partidarios de la derecha como la propia patronal, Mazón se está quedando solo. Como explica en este interesante análisis el director de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, Sergi Pitarch, el poder económico lo ha dejado de apoyar. Los grandes empresarios –como el presidente de Mercadona, Juan Roig– prefieren en el puesto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Solo hay un problema y no es pequeño: para nombrarla presidenta, el PP necesita los votos de Vox. Y la extrema derecha, por ahora, sigue apoyando al molt honorable mentiroso, Carlos Mazón.
