La reforma de la normativa de la Cámara fue anunciada hace casi un año y es la que condiciona que sea la única, junto a la de Euskadi, que no haga público el patrimonio de los parlamentarios
Antecedentes – El Parlamento de Cantabria inicia una reforma de su reglamento que permitirá publicar el patrimonio de sus diputados
El Parlamento de Cantabria lleva un año sin acometer la reforma del reglamento de la Cámara con la que se harían públicas las declaraciones de bienes de los 35 diputados que lo forman. A diferencia de otras instituciones como el Gobierno de Cantabria o el Ayuntamiento de Santander, las declaraciones de bienes de sus señorías, que se ponen a recaudo de la Cámara antes de la toma de posesión, siguen ocultas en un cajón sin que la ciudadanía conozca estos datos.
Y es que una vez celebrados unos comicios, los diputados electos pasan por un proceso previo a la toma de posesión en el que hacen constar las actividades previas y que compatibilizarán con sus cargos, en el caso del que lo desee, lo que está en relación directa con el régimen de dedicaciones y, por lo tanto, con los emolumentos que reciben cada uno. Dicha información se entrega y queda aprobado el régimen de dedicación.
En marzo de 2024, el Parlamento de Cantabria se planteaba ya hacer público el patrimonio de sus diputados. Hasta ese momento, este hemiciclo y el de Euskadi eran los únicos que no daban a conocer las declaraciones de bienes de sus representantes, pero en el caso cántabro los partidos con representación parlamentaria acordaron por unanimidad impulsar una modificación del reglamento de la Cámara autonómica que contemplaría, entre otras cosas, una mayor transparencia en esta información económica.
En concreto, esta modificación buscaba “hacer operativa reglamentariamente la aplicación de la Ley de Transparencia”, tal y como informaba esta institución en nota de prensa hace casi un año. A preguntas de elDiario.es sobre el estado del proceso, fuentes de la Cámara han informado escuetamente de que no hay novedad.
Jurídicamente, los letrados del Parlamento de Cantabria justifican esta opacidad en el actual reglamento, el que se pretende reformar. En su artículo 19, queda regulada la obligación de los parlamentarios de efectuar declaración de bienes patrimoniales y de intereses y actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos.
Una declaración que puede leerse en la web del Parlamento indica que los bienes patrimoniales no tienen carácter público: “Las declaraciones de bienes patrimoniales y de intereses y actividades se inscriben en el Registro de Intereses que, bajo la dependencia del Presidente, estará custodiado por el Letrado Secretario General. El contenido del Registro tendrá carácter público a excepción de lo que se refiere a los bienes patrimoniales”.
Se da el caso de que algunas declaraciones de algunos de los diputados ya son públicas, pero no en el Parlamento de Cantabria. Al ser alcaldes en sus municipios, sus webs municipales recogen esta información. Es el caso de las regidoras de Santander (PP), Polanco (PRC), Entrambasaguas (PP), Comillas (PRC) o Los Tojos (PP), y de los regidores de Torrelavega (PRC), Piélagos (PP) y Selaya (PP), además de la propia presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), como miembro del Consejo de Gobierno.
