El magistrado Ángel Hurtado obliga a acusaciones y defensas a consultar presencialmente los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa y acusa a Álvaro García Ortiz de «hacer desaparecer pruebas» de forma «evidente» en su teléfono
El Poder Judicial investiga la filtración de datos personales del fiscal general en la causa del Supremo
El juez del Supremo que investiga al fiscal general ha decidido limitar las filtraciones de la causa y ha anunciado que, a partir de ahora, defensas y acusaciones tendrán que acudir físicamente al tribunal para consultar los anexos de los informes de la Guardia Civil. Los documentos hasta ahora remitidos a todas las partes y que incluían, según las denuncias del propio fiscal general, datos como su dirección en Galicia o los teléfonos y direcciones de personas no relacionadas con el caso. Un auto en el que el juez Ángel Hurtado afirma que “es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles” en referencia a Álvaro García Ortiz.
El fiscal general ha denunciado ante el propio magistrado y ante el Consejo General del Poder Judicial que los últimos informes de la Guardia Civil aportados a la causa incluían anexos con miles de datos sobre sus llamadas y conexiones a la red que han sido puestos a disposición de las partes y, posteriormente, filtrados a la prensa. Datos como su dirección postal en Galicia pero también teléfonos y direcciones de personas como la exfiscal general Dolores Delgado, una vocal del CPJ, un policía de su cuerpo de escoltas o un integrante de la cúpula de la Fiscalía.
El órgano de gobierno de los jueces ha abierto una investigación a través de su departamento de protección de datos y el juez ha tomado sus propias medidas, explicando a las partes que para consultar esos anexos, a partir de ahora, tendrán que acudir presencialmente al Supremo y ya no los recibirán a través del sistema habitual de notificaciones. En su auto, Hurtado reconoce que es la única medida a su alcance ya que el Supremo “no cuenta con medios tecnológicos adecuados para que se proceda al tratamiento de datos personales de mejor manera, porque no han sido puestos a su disposición” por la Administración, denuncia.
En su auto el juez también apunta a García Ortiz y el borrado de sus mensajes del teléfono móvil el mismo día en que se abrió la causa contra él. Es un borrado que “carece de relevancia penal”, recuerda, pero afirma que tampoco se puede pretender que “no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal”.
Para el juez es “una evidencia” que García Ortiz “ha hecho desaparecer pruebas” de sus teléfonos, y si hubiera querido tener “algún grado de colaboración” lo podría haber “comunicado” antes de eliminar los mensajes el mismo día en que el Supremo abre una causa contra él. Ha sido ese borrado, añade el juez, lo que ha obligado al Supremo a encargar todas estas diligencias e investigaciones a la Guardia Civil: “Ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva”, justifica el instructor.
