El empresario Claudio Rivas, al que Pano sitúa detrás de eso pagos, niega haber abonado comisiones a cambio de una licencia para su empresa del sector de los hidrocarburos
El juez acota los indicios contra Ábalos: tres inmuebles a cambio de contratos para Aldama
La empresaria Carmen Pano, imputada por el fraude millonario en los hidrocarburos, ha afirmado este martes ante el juez que investiga el ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, que entregó 90.000 euros en efectivo al PSOE siguiendo instrucciones del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. La empresaria, que ha comparecido como testigo, ha confirmado en sede judicial las afirmaciones que ha ido lanzando en los últimos meses en medios de comunicación.
Según Pano, Aldama habría hecho de intermediario con un empresario del sector de los hidrocarburos para que este consiguiera una licencia para su empresa. Ese empresario, llamado Claudio Rivas, habría pagado a cambio a Aldama 600.000 euros. Y, de ese montante, Aldama habría desviado al PSOE la citada cantidad, siempre según su testimonio. Pano ha citado dos entregas en la sede socialista y ha mantenido que en una de las ocasiones fue en taxi y que en la otra fue a bordo de un vehículo que conducía un amigo de Rivas, Álvaro Gallego.
Rivas, que pasó dos meses en prisión por el fraude de los hidrocarburos, también estaba citado este martes como testigo ante el juez que investiga al exministro José Luis Ábalos por supuestamente favorecer a determinadas empresas a cambio de mordidas. Ante el juez, el empresario ha negado haber pagado comisiones a Aldama y, en consecuencia, que su amigo hiciera de chófer para Pano. Según la UCO, Rivas, Pano y Gallego mantuvieron en enero de 2021 una reunión con el director de gabinete del Ministerio de Industria relacionada con la pretensión de obtener la condición de operadora de productos petrolíferos al por mayor.
El pasado octubre, el digital The Objective publicó que “un empresario” anónimo habría hecho ese pago a cambio de que Rivas consiguiera la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos para una de sus empresas: Villafuel. Días después salió a la luz que ese “empresario” era, en realidad, Carmen Pano.
El Partido Popular se basó en esa información para presentar una querella por financiación irregular contra el PSOE. El escrito no aportaba más pruebas que testimonios anónimos que afirmaban haber entregado bolsas con dinero en la sede de los socialistas en Ferraz. Tampoco identificaba a quienes hacen esas acusaciones y no añadía ninguna prueba, testimonio o documento más.
La Audiencia Nacional rechazó esa querella al entender que en la causa sobre el fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos en el marco de la cual el partido de Alberto Núñez Feijóo pidió investigar al PSOE “no aparece vinculación alguna con lo denunciado”. El auto del juez Santiago Pedraz, instructor de la causa del fraude en los hidrocarburos, advirtió también de las “contradicciones de los denunciantes anónimos” en los que se basó la querella.
El chalé de Cádiz
Hasta ahora, la investigación del ‘caso Koldo’ ha vinculado a Pano y Rivas con una de las prebendas que el exministro recibió presuntamente de Aldama a cambio de millonarios contratos: el uso y disfrute de un chalé de lujo situado en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz).
Según la UCO, Aldama trató primero de materializar la compra de ese inmueble a través de unos ciudadanos venezolanos, pero la operación no salió adelante. Finalmente, el inmueble fue adquirido por la empresa Have Got Time, una comercializadora de hidrocarburos al por mayor administrada por Carmen Pano y su hija Leonor, que fue pareja del comisionista. No obstante, la UCO considera que la compañía era “controlada de manera real” por Claudio Rivas. A cambio, pretendía recibir una licencia para la venta de combustible. Este último ha negado ante el juez estar detrás de esta compañía.
El 10 de julio de 2021, un mes después de la firma de la compraventa de la casa, Ábalos fue destituido. Medio año más tarde, en diciembre, el Ministerio de Industria denegó la licencia a Villafuel. Esa decisión enfadó a Rivas, que advirtió a su socio de que el nuevo escenario iba a “traer problemas” y “muy serios”, según los mensajes incautados.
Entonces, Ábalos ya había recibido un burofax en el que se le reclamaba el pago de varias mensualidades del chalet. Ese escrito también soliviantó a Koldo, que se quejó a Aldama y éste le hizo ver que el objetivo de ese burofax era “dar apariencia de legalidad” y “cubrirse”, pero que no debía darle importancia. “Acuérdate que te dije que eso llegaría se tiene que cubrir pero es solo por eso nada más tranquilo y lo hablamos en persona”, le escribió el comisionista.
Ante el juez, Aldama dio una versión diferente. Aseguró que la empresa de la que su expareja era administradora estaba “funcionando muy bien” y que le interesaba hacer inversiones, por lo que él le propuso que adquiriera la casa y se la alquilara al entonces ministro con opción a compra. Según la versión de Aldama, a Leonor González Pano le pareció oportuna la propuesta y le dijo que “qué mejor que inquilino que tener a un ministro”.
