La oposición acusa a los populares de «salvar la silla de un fascista conocido y reconocido», en alusión a Gabriel Le Senne, quien se encuentra a las puertas del banquillo por un delito de odio por romper, el 18 de junio del año pasado, una fotografía de tres víctimas del franquismo
La oposición exige al PP que eche al presidente del Parlament balear, de Vox, tras ser enviado a juicio
El president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha presidido su primer pleno desde que el juez abriese juicio contra él por un presunto delito de odio por romper, el 18 de junio del año pasado, una fotografía de tres víctimas del franquismo mientras se debatía la derogación de la Ley balear de memoria democrática. Pese a las peticiones de dimisión y suspensión de funciones formuladas por la oposición, el dirigente de extrema derecha continúa aferrado al cargo, asegurando no ver “motivos” para abandonarlo.
Durante la sesión plenaria celebrada este martes, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, ha aseverado que bastaría una “orden directa” de la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, para forzar la salida de Le Senne. Sin embargo, la máxima responsable autonómica, al igual que el resto de su partido, insisten en señalar que son los de Abascal quienes tienen que decidir “cómo quieren resolver” el futuro del presidente de la Cámara. Vox, por su parte, amenaza con una “ruptura total y absoluta” con los conservadores -quienes gobiernan en solitario, pero con acuerdos puntuales con la extrema derecha- si estos echan a Le Senne antes de que haya una condena contra él.
No solo eso. Tanto PP como Vox, a pesar de las numerosas divergencias surgidas entre ambos desde inicios de legislatura y de que los de Bambú hicieran el año pasado saltar por los aires los acuerdos autonómicos de gobernabilidad con los populares, continúan estos días alcanzando acuerdos que, a juicio de la oposición, no buscan más que “salvar” a Le Senne y que el PP pueda sacar adelante sus iniciativas sin nececesidad de dialogar con la izquierda. Los últimos pactos entre ambos se han materializado en la retirada a última hora de la enmienda a la totalidad que Vox había presentado a la Ley de Conciliación impulsada por el Ejecutivo de Prohens, así como en la propuesta conjunta de que Josep Codony sea el nuevo director general de la radiotelevisión autonómica IB3.
No en vano, durante el pleno de este martes, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha acusado a PP y Vox de “mercadear” con la ley de conciliación y la presidencia del Parlament: “Enhorabuena, señor Le Senne. Es usted el primer y único beneficiario de la ley de conciliación”, ha subrayado la diputada ecosoberanista, quien, en esta línea, ha recriminado a los populares que “salven la silla de un fascista conocido y reconocido”, animándolos a renombrar la ley de conciliación como la “de reconciliación entre PP y Vox”.
Por su parte, Pons ha acusado a Prohens de perder legitimidad “incluso frente a quienes fueron sus socios de investidura” y ha insistido en que el Govern está permitiendo una “corrupción de baja intensidad” en relación no solo a Le Senne, sino también a la consellera portavoz del equipo de gobierno en el Consell de Mallorca, Núria Riera (PP), quien solapa su cargo con el de funcionaria, y con el conseller de Agricultura, Joan Simonet, quien participa en un 30% en una consultora, Eima, que, a su vez, asesora en proyectos de cuya tramitación se ocupa posteriormente el Govern al que pertenece, tal como desveló elDiario.es.
Le Senne se niega a dimitir alegando que la Audiencia Provincial de Balears aún tiene pendiente por resolver un último recurso en el que solicita su sobreseimiento. Sin embargo, a diferencia del dirigente de Vox, los otros dos presidentes que en su día fueron investigados en distintas causas dejaron el cargo sin tan siquiera haber sido enviados al banquillo: Maria Antònia Munar, histórica dirigente de la extinta y ahora resucitada Unió Mallorquina (UM), quien anunció su dimisión como segunda autoridad de las islas y el abandono de la vida política en plena fase de instrucción de uno de los casos en los que fue imputada, y Pere Rotger (PP), que dimitió tras ser imputado en el caso Over Marketing (no llegó a sentarse en el banquillo dado que el juez archivó finalmente su encausamiento).
Tras conocer la resolución por la que, la semana pasada, el juez decretó la apertura de juicio oral, Le Senne utilizó los canales oficiales del Parlament para remitir, vía Presidencia, un comunicado oficial en el que señala que “sigue amparado por la presunción de inocencia” y manifiesta su “voluntad de colaborar con la Justicia en el acto del juicio para despejar toda duda” de que “no cometió ningún delito”. “Aquel 18 de junio actuó únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie”, asevera la nota, a pesar de que los propios letrados de la Cámara censuraron su comportamiento.
Cabe recordar que, el pasado 3 de septiembre, el PP salvó a Le Senne de la destitución, instada por los grupos de la oposición (PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos), un debate que tuvo lugar más de dos meses después de que el presidente del Parlament desgarrara la fotografía. Con su abstención, los conservadores, quienes en 2023 auparon al dirigente ultra a la presidencia de la Cámara a cambio de que los populares pudieran gobernar Balears en solitario -eso sí, con el apoyo externo de Vox-, facilitaron la continuidad de Le Senne.
