El magistrado declara improcedente el despido y obliga a la entidad a indemnizar con 60.000 euros a la empleada por daños morales
El Consell Esportiu de L’Hospitalet despide a la trabajadora que denunció corrupción de sus jefes
El Consell Esportiu de L’Hospitalet echó a la trabajadora M. como “represalia” a su denuncia de irregularidades en la gestión de la entidad. Así lo ha sentenciado un juez de lo social de Barcelona, que ha declarado improcedente el despido y ha obligado a la entidad a indemnizar con 60.000 euros a la mujer por daños morales. La sentencia es recurrible.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado Xavier González de Rivera da la razón a la empleada, representada por el letrado Enrique Leiva, y constata una “clara relación temporal” entre el paso de le empleada por el juzgado para testificar en la causa que investiga irregularidades en el Consell y su despido.
El Consell despidió a la trabajadora después de que testificara contra los cargos socialistas locales imputados en la causa abierta por irregularidades en la entidad. “Es una certeza qye va más allá de un simple indicio y que se podría contrarrestar por el Consell con una prueba que justificara su conducta, pero hay una falta absoluta de prueba”, resuelve el magistrado.
La sentencia desbarata la tesis del Consell, que alegó que el despido de M. nada tenía que ver con su testimonio en la causa penal y lo vinculó a razones organizativas “que no se han acreditado”, constata el magistrado.
“No hay duda”, ahonda el juez de lo Social, de que el Consell echó a la empleada de forma “reactiva” a su testimonio en la causa penal que afecta a varios cargos socialistas, tal y como ha constatado la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), que mantiene protegida a la empleada como alertadora de corrupción.
En suma, el despido supone para el juez una vulneración de la la indemnidad de la empleada, esto es, su derecho a no sufrir represalias por parte del empresario a la hora de ejercer sus derechos fundamentales.
El caso Consell Esportiu arrancó en la primavera de 2020 con la denuncia de un concejal socialista que luego se pasó a ERC. M. fue citada a declarar primero ante la Policía Nacional y luego ante la jueza, donde ratificó su revelaciones que comprometieron a varios dirigentes del PSC de L’Hospitalet.
Tres años después, la pieza principal del caso sigue parada a la espera de un informe de la Intervención General del Estado sobre la licitud de las subvenciones que recibía el Consell. La jueza ha descartado la participación en la trama de la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, si bien dos de sus antiguos subordinados en el consistorio y exdirigentes locales del PSC han admitido que simularon el despido del Consell de uno de ellos.
Según expuso M. en su demanda contra su despido, en noviembre de 2020 la entonces presidenta del Consell, María Teresa Revilla –también miembro del PSC–, la citó en su despacho y le instó a demostrar que ella no había denunciado el caso sino tan solo respondido a una citación para que uno de los cargos imputados no le reclamara “daños y perjuicios”.
En marzo de 2023 se le terminó la baja, y el Consell la envió de vacaciones remuneradas. Durante todo este tiempo, M. ha sufrido de estrés y ansiedad, tal y como consta en un informe de riesgos psicosociales que ha podido consultar esta redacción.
Los médicos recomendaron que M. realizara teletrabajo “el mayor tiempo posible mientras persistiera la situación clínica y laboral”. Pero lo que se encontró M. fue una denegación del teletrabajo primero y una carta de despido, que ahora ha sido declarado improcedente.
