Bajo el eufeimismo de la ‘simplificación’, la Comisión Europea cuela en la presentación del Pacto Industrial Limpio una severa reducción de las empresas que tendrán que rendir cuentas respecto a la sostenibilidad y relaja las normas de la diligencia, que básicamente es el cumplimiento de estándares medioambientales y de derechos humanos
Las ONG se revuelven contra el plan de la UE para competir contra EEUU y China por “debilitar” las normas de sostenibilidad
En plena encrucijada comercial y con una competencia cada vez más feroz de EEUU y China, la Comisión Europea ha presentado este miércoles el Pacto Industrial Limpio con el que pretende dar un espaldarazo a la industria ‘verde’, con inversiones, incentivos fiscales y ayudas públicas masivas. Bruselas movilizará 100.000 millones de euros para promocionar la industria ‘made in Europe’. La ‘cara B’ de ese esfuerzo es el paquete ómnibus con el que, bajo el eufemismo de la simplificación, Bruselas recorta las exigencias medioambientales de las empresas, retrasa la entrada en vigor de algunas normas, rebaja las sanciones por el incumplimiento y reduce sustancialmente el número de empresas que están sometidas a la rendición de cuentas por la sostenibilidad.
Todo eso viene recogido en el denominado ‘paquete ómnibus’ que la Comisión Europea ha aprobado este miércoles camuflado en el Pacto Industrial Limpio. “Presentamos nuestra primera propuesta de simplificación de gran alcance. Las empresas de la UE se beneficiarán de normas simplificadas sobre información financiera sostenible, diligencia debida en materia de sostenibilidad y taxonomía”, ha presumido la presidenta, Ursula von der Leyen, de lo que supone descafeinar sustancialmente las exigencias de normas sostenibles. El modelo servirá de guía, además, para los planes relacionados con la industria, como la de la automoción, que se están preparando en Bruselas, según reconoce en un comunicado.
El 80% de las compañías que estaban obligadas a informar anualmente sobre sus impactos sociales y medioambientales y los riesgos asociados con sus actividades bajo la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) dejarán de estarlo. Y, más allá del ámbito de actuación, la entrada en vigor se pospone dos años.
La otra gran damnificada es la directiva de diligencia debida con la que la UE pretendía garantizar mínimos estándares medioambientales y el cumplimiento de los derechos humanos en la explotación de terceros países. Aquella normativa ya estuvo discutida por la extrema derecha y por parte del PPE (los de Alberto Núñez Feijóo votaron en contra). Hasta ahora se preveía una multa mínima del 5% de su facturación por el incumplimiento de esas reglas, pero la propuesta ha eliminado el umbral, por lo que en la práctica se podrán reducir las sanciones. También se rebaja la ambición al quitar la obligación de romper un contrato con un proveedor que incumpla esas reglas y se limita a suspenderlo.
Preguntada por su comodidad con ese paquete legislativo, en contra del que han advertido los socialdemócratas y el Gobierno de España, la vicepresidenta Teresa Ribera lo ha defendido. “Me siento produnfamente satisfecha”, ha respondido la responsable de Competencia y Transición Limpia, que ha asegurado que “no deshace” la agenda verde.
Ribera se ha encargado de presentar previamente el Pacto Industrial Limpio, que será la hoja de ruta para impulsar la competitividad. Uno de los principales objetivos del plan es reducir los precios de la energía que lastran la competitividad de las fábricas europeas al haberse duplicado respecto a antes de la pandemia y superar en cuatro o cinco veces los de EEUU. Para ello la Comisión plantea a los estados miembros, que son los que tienen la competencia en materia fiscal, que reduzcan los impuestos de la factura de la luz. En concreto, les reclama que bajen el IVA “al mínimo”, es decir, al 5%, que fue una de las medidas que se pusieron en marcha durante la crisis energética.
Como parte del Plan de Acción para la Energía Asequible, se lanzará un proyecto piloto junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para avalar por un importe de 500 millones de euros contratos a largo plazo de suministro de energía renovable a precio fijo, conocidos como PPAs. Esa era una vieja demanda del Gobierno español. Igualmente, recoge la posibilidad de implementar la denominada ‘excepción ibérica’ para desacoplar el precio del gas del de la electricidad a nivel europeo.
Financiar la industria verde es el gran reto que tiene la UE por delante. Fuentes comunitarias reconocen que la inversión hasta ahora “no es suficiente” para hacer frente a la descarbonización y la electrificación necesarias y calculan que se necesitan 480.000 millones al año. La vicepresidenta primera, Teresa Ribera, enviará en los próximos días a los estados miembros su propuesta para flexibilizar las ayudas de estado, que es una de las herramientas de las que se disponen para incrementar la inversión pública y que esta, a su vez, impulse el capital privado.
“La industria de la UE necesita acceso inmediato al capital”, reconoce el documento presentado por Ribera y el vicepresidente para la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné. Por eso otra de las herramientas que ha diseñado la Comisión Europea es una herramienta para financiar el ‘made in Europe’ que cifra en 100.000 millones de euros. Además, la intención es reforzar el existente Fondo de Innovación y proponer un Banco de Descarbonización Industrial, con el objetivo de alcanzar una financiación de otros 100.000 millones de euros.
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