El fiscal Luis Rodríguez Sol confirma en su informe final las peticiones de 15 y 9 años de cárcel para Luceño y Medina, respectivamente, al considerar acreditado que hubo una estafa agravada al Ayuntamiento de Madrid
Alberto Luceño y Luis Medina celebraron sus comisiones millonarias el día de las 211 muertes en Madrid: “Pa la saca”
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de 15 años de cárcel para Alberto Luceño y 9 para Luis Medina durante su informe final del juicio por el caso mascarillas. En el nudo principal de la causa, la acusación por estafa agravada, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha defendido que se dan las condiciones para que ambos sean condenados por este delito: el engaño bastante y el ánimo de lucro. “Es difícil encontrar una expresión que ejemplifique mejor el ánimo de lucro”, ha dicho sobre el correo en el que ambos acusados se reparten las comisiones y Luceño escribe: “Pa la saca”.
La testigo principal del caso ha sido Elena Collado, responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid. En su declaración como testigo, durante la segunda sesión del juicio, Collado aseguró que Medina y Luceño le repitieron “en varias ocasiones” que ellos solo querían ayudar y que no cobraban comisiones. Ellos han negado que dijeran nada sobre las comisiones (“tampoco lo preguntó”) y han añadido que haciendo su trabajo, y cobrando por ello, ya estaban ayudando.
Otro de los elementos que Anticorrupción ha utilizado para rebatir la defensa de los acusados es el audio que Medina le envía a Luceño, reproducido durante la vista, en el que el primero propone que repartan las cantidades en el informe que tenían que entregar a sus bancos porque de lo contrario iban a pensar que habían dado “un pelotazo”.
A ese ánimo de lucro contribuye, según Rodríguez Sol, que las comisiones por los tres productos llegaran a tener hasta un 426% de beneficio. A este respecto, el fiscal se ha referido a la declaración de un experto en comercio internacional que declaró como testigo y que situó el porcentaje habitual de las comisiones entre un 2 y un 5%, si bien ha reconocido que no hay límite legal para las mismas.
En cuanto al “engaño bastante” que se tiene que dar para que alguien sea condenado por estafa, el fiscal Anticorrupción se ha centrado en las comisiones, concretamente al hecho de ocultárselas al comprador, el Ayuntamiento de Madrid. Collado escribió un correo a sus superiores en el Ayuntamiento de Madrid, tales como la teniente de alcalde, Inmaculada Sanz, y la delegada de Economía, Engracia Hidalgo en la que les trasladaba que Luceño le había dicho que él y Medina no cobraban comisiones. “Habría que darles varias medallas”, añadió en ese mensaje.
Luceño había dicho en su declaración, también este miércoles, que habló por primera vez con Collado ese mismo día del correo, el 22 de marzo de 2020. “Es muy difícil escribir una cosa distinta [por Collado] de algo que se ha hablado ese mismo día”, ha alegado el fiscal.
Los dos comisionistas hicieron una donación de mascarillas al Hospital Puerta de Hierro, donde trabaja la mujer de Luceño. El fiscal se ha preguntado al respecto: “Si se llevan comisiones, qué sentido tiene hacer una donación”. Con ello ha querido respaldar su tesis de que Medina y Luceño sí que dijeron al Ayuntamiento que no cobrarían.
El otro elemento que probaría el engaño reside, para la Fiscalía, en la mala calidad de los materiales suministrados al Consistorio madrileño. De las mascarillas no se pudo hacer una pericial porque estaban ya caducadas y el resultado de la misma no sería fiable. Pero queda el comentario de Luceño a su socio cuando hablan del precio de las mismas y el empresario le pide a Medina que no compare las que van a vender a Madrid con las de la marca 3M porque las que suministrarán son “una copia barata china”.
Más grave es, en criterio del fiscal, el caso de los guantes. Si las mascarillas fueron las más caras compradas por un Ayuntamiento de más de 300.000 habitantes, con los guantes pasó algo similar. Solo otra ciudad pagó un precio mayor. Y eso si se toma como referencia los 0,20 euros por unidad una vez Collado reclamó a Luceño por haber enviado un modelo que solo cubría hasta la muñeca cuando debían ser de 40 centímetros y alcanzar el codo. El Ayuntamiento recibió 4 millones de devolución y se quedó con 900.000 euros en guantes que repartió entre funcionarios distintos de los sanitarios, como son los conductores de autobús. Luceño intentó hacer creer que había obtenido una devolución del dinero cuando lo que hizo fue renunciar a la comisión que le había ocultado a Medina.
Por último está el caso de los test de antígenos. De los 250.000 que se compraron solo entre 90 y 95.000 pudieron ser utilizados. Fueron los más caros comprados en España: 17 euros la unidad. Fueron “claramente defectuosos”, ha concluido el fiscal.
Los test fueron de calidad defectuosa .90-95.000 de los 250.000 que se compraron. Claramente defectuosos. Los más caros de toda España. Diez euros más por test que otros ayuntamientos (17 en Madrid).
El carnet falso del CNI
En cuanto a la falsedad de los carnets hallados en casa de Luceño, el fiscal se ha ceñido al del CNI porque está demostrado que lo elaboró el propio acusado, no como la placa de policía nacional que, al parecer, se puede adquirir en Internet. Un perito declaró en el juicio que el carnet del Centro Nacional de Inteligencia tenía muchas similitudes al verdadero y que podría pasar por uno de ellos.
Antes de cerrar su intervención, Luis Rodríguez solo ha querido contestar a la afirmación de Luceño que, en la misma jornada, ha dicho que él no sabía qué comisión iba a cobrar hasta que no se firmó el contrato con el Ayuntamiento y que esa comisión la decidió el empresario malasio y proveedor del material, San Chin Choon, quien no está acusado en la causa. “Nunca nadie ha actuado así en un negocio”, ha dicho el fiscal.
También ha rebatido que el documento con el que intentó engañar a Medina, un cuadro de reparto de comisiones, lo elaborara San Chin Choon y Luceño simplemente lo reenviara a su socio. En ese cuadro hay un reparto de comisiones y Luceño se lleva un millón, en lugar de los cinco que obtuvo. “Por eso nadie sabe quién es Lin Shin, porque se lo inventa él”, ha defendio Luis Rodríguez Sol.
Este jueves se celebrará la octaba y última sesión del juicio con los informes finales de las acusaciones populares de Más Madrid y PSOE y también de las defensas. Los acusados tendrán derecho a ejercer la última palabra.
