Tras culminar el grueso de la construcción a principios de 2023, el consistorio nijareño asegura ahora que aún debe elaborar un «reglamento de uso» para la gestión de las viviendas, mientras las ONG exprimen sus recursos para ofrecer techo a las personas más vulnerables
El desalojo de un poblado de migrantes en los invernaderos de Níjar deja sin casa a 60 personas, nueve de ellas niños
El desalojo forzoso y sin alternativas de unas sesenta personas (entre ellas nueve menores de edad) de las naves en desuso y chabolas de palés y plástico que venían ocupando en el Cortijo El Uno ha vuelto a poner sobre la mesa la insuficiente respuesta pública al fenómeno del chabolismo en Níjar, donde se desperdigan una treintena de asentamientos sin agua, luz ni condiciones mínimas de salubridad, pero que al menos proporcionan un techo a unas 3.500 personas, la mayoría trabajadores de los invernaderos.
Los 60 de El Uno, muchos empadronados en el municipio, fueron desalojados el martes de las infraviviendas que habían sido su hogar, mientras el ayuntamiento insistía en que no podía hacer nada porque se trataba de una cuestión privada con el propietario del terreno. No se les dio alternativa de realojo, más allá de lo que pudieron ofrecer las ONG que ayudan a los migrantes. Mientras, apenas a un kilómetro de El Uno, en el extremo occidental de la barriada Los Grillos de San Isidro, 62 casas de titularidad municipal con capacidad para alojar a 300 personas esperan desde hace meses que alguien les dé uso. El Servicio Jesuita a Migrantes se ofreció a gestionarlas provisional y gratuitamente, pero el Ayuntamiento no accedió.
Las edificaciones están prácticamente terminadas desde 2023, como este medio pudo comprobar entonces. En aquel momento, los módulos tenían hasta los enchufes, y solo faltaba pavimentar las vías interiores. De hecho, el paso del tiempo desde que fueron terminadas ya empieza a ser visible en las barandas, que empiezan a mostrar los primeros síntomas de oxidación. Las viviendas, distribuidas en varias hileras de módulos de hormigón ubicados en un polígono industrial, se sufragaron gracias a una subvención de 1,5 millones de euros correspondientes a la tercera convocatoria del Programa de Fomento del Alquiler de la Junta de Andalucía correspondiente al año 2021.
Obras para «unidades de alojamiento transitorio» en Los Grillos, en una imagen tomada enero 2023 | N.C.
Desde hace años, se dice que su destino es servir de alojamiento temporal a trabajadores de los invernaderos, pero ese destino no termina de llegar. “Se estima que estén construidos a lo largo del verano [de 2022]”, dijo la entonces consejera de Fomento Marifrán Carazo, en febrero de 2022. En enero de 2023, y tras el desalojo de El Walili, la entonces alcaldesa Esperanza Pérez (PSOE) calculó que podrían empezar a ocuparse a finales de febrero o principios de marzo de 2023. En octubre de 2023, ya con Francisco Garrido (PP) como regidor, aseguró que faltaban las cocinas y estarían en apenas unas semanas. En marzo de 2024 apuntó al mes de abril. El último de esta ristra de anuncios ocurrió el pasado el 13 de diciembre, cuando el regidor y cuatro concejales visitaron el lugar y prometieron que lo que quedaba (el acerado de las calles interiores y el vallado) estaría terminado antes de fin de año.
Fuentes municipales explican ahora que todo está listo, pero que ahora hay que aprobar una especie de “reglamento de uso” que afine cómo se gestiona la limpieza, la seguridad. No explican por qué no se ha hecho mientras se acometía y se pulía la obra, a pesar de que el alcalde anunció hace un año y cuatro meses que el sistema de gestión de los alojamientos también estaría listo en cuestión de “semanas”, según una nota de Europa Press publicada el 10 de octubre de 2023.
El consistorio asegura que su plan para erradicar el chabolismo está en marcha para pequeños asentamientos, a cuyos moradores se ofrece un alojamiento temporal. “Hay mucho trabajo detrás que no se ve”, insisten.
Una nueva fundación para gestionar los alojamientos
El Ayuntamiento lleva todo este tiempo dando vueltas a dos cuestiones, según fuentes conocedoras de la situación. De un lado, cómo perfilar quién puede solicitar las viviendas, que se adjudicarían en régimen de alquiler mediante un sistema de derivación desde servicios sociales. La idea es limitar el acceso a trabajadores “temporales” (un concepto que no encaja demasiado bien en la agricultura de los invernaderos) y evitar la mezcla con familias.
Además, el consistorio, que no va a asumir la gestión de los alojamientos, debe decidir quién lo hace. Y aquí varias fuentes apuntan a una nueva fundación, creada supuestamente por miembros de la comunidad migrante de Níjar, vinculada a quienes se ocuparon de la seguridad del alojamiento temporal habilitado tras el desalojo de El Walili. Los Presupuestos de 2025 recogen una polémica subvención de 91.000 euros a esta fundación, de la que hasta ahora no se conoce actividad. El equipo de gobierno explicó en Pleno que la subvención está destinada a la “apertura de soluciones habitacionales” en Níjar.
De momento, los alojamientos de Los Grillos no han servido para reubicar a quienes habitaban El Uno, igual que tampoco llegaron a tiempo para los de El Walili. Ahora, igual que entonces, estas personas han tenido que buscarse un nuevo techo, que en muchos casos vuelve a ser precario. Pocos pueden permitirse una vivienda propia en alquiler cobrando cinco euros por hora trabajada, el salario habitual según múltiples testimonios recabados por este medio.
La mayoría encuentra acomodo en algún otro asentamiento. Otros se marchan rumbo a otros lugares que demandan mano de obra agrícola barata, como Huelva o Murcia. Y los más afortunados logran un realojo en alguna de las casas que gestionan Almería Acoge o el Servicio Jesuita a Migrantes, que ofrecen también un acompañamiento a los migrantes para facilitar su aprendizaje del idioma, los trámites médicos o el empadronamiento.
La alternativa de las ONG: viviendas realquiladas a bajo coste
Desde el pasado verano, el SJM cuenta con 80 plazas residenciales en el término municipal de Níjar, distribuidas en una “casa de hospitalidad” en Puebloblanco y doce viviendas en San Isidro. El SJM no es el dueño de estas viviendas, sino arrendatarios. Las casas son de TuTechô, una SOCIMI que adquiere inmuebles para, a través de entidades sociales, alquilarlos a personas sin hogar a un precio rebajado, tal y como ha contado elDiario.es esta misma semana. Su cartera inmobiliaria está compuesta hoy por 360 inmuebles en doce provincias españolas (Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Sevilla) que acogen a casi 1.800 personas.
Gracias a este nuevo recurso, el SJM pudo ofrecer un techo a los desalojados de El Cañaveral el pasado verano. Para Daniel Izuzquiza, responsable del SJM en Almería, este desalojo el ejemplo de que se pueden hacer bien las cosas: “Poniendo en el centro a las personas, con un plan, dialogando y gestionando los tiempos”. En aquel caso, la entidad tuvo meses para celebrar asambleas con los vecinos de El Cañaveral, ofrecerles techo alternativo y acompañarles en el proceso. “Sólo cuando se fueron, el Ayuntamiento metió la piqueta”.
La secuencia es la contraria a la que se vivió en El Uno. El Ayuntamiento esgrime que el caso de esta semana es un conflicto de naturaleza privada en el que no puede entrar. En efecto, el desalojo trae causa de una sentencia dictada por un juzgado de primera instancia que ha estado hibernando durante un año sin que se sepa por qué, hasta que el propietario reactivó el proceso hace unas semanas. Sin embargo, afecta a personas empadronadas en Níjar, entre ellas nueve menores, que se han quedado en la calle sin amparo de las administraciones. De ahí, que tanto las entidades como el propio Defensor del Pueblo pidieran hasta el último momento una intervención municipal.
“En Los Grillos está el albergue que se usó para El Walili y ahora está vacío. Y los módulos prefabricados, de los que no sabemos cuántas plazas están ocupadas o libres. Para una situación transitoria podrían usarse”, recuerda Izuzquiza. Almería Acoge Su entidad y otras presentes en el terreno pidieron una reunión urgente el 14 de febrero, y aún no han recibido respuesta.
Níjar cuenta con su Plan Local de Erradicación de Asentamientos Chabolistas, aprobado el pasado verano, pero fuentes municipales admiten que no pueden avanzar mientras no dispongan de alojamientos habilitados.
De momento, ni siquiera el censo no está actualizado, y las cifras que se manejan (una treintena de asentamientos con unos 3.500 moradores, según el último informe de Almería Acoge) salen de las estimaciones de las ONG. El Ayuntamiento prevé actualizar el censo a finales del primer trimestre, coincidiendo con el inicio del programa de asentamientos de la Junta de Andalucía. Será entonces cuando se reincorporen al consistorio la trabajadora social y la educadora social que trabajaban con los asentamientos hasta el pasado diciembre.
