La presidenta de Madrid rechaza la instancia de negociación que le había propuesto el Ejecutivo para pactar cómo señalar el pasado del edificio sede del Gobierno de Madrid como centro de detención y torturas durante la dictadura franquista
El Gobierno rebate el intento de Ayuso de ‘borrar’ que la sede de su Ejecutivo fue centro de tortura policial de Franco
El choque entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid a cuenta del edificio que alberga la sede de la Presidencia autonómica acabará en el Tribunal Supremo. Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la instancia de negociación que había propuesto e Ejecutivo para pactar la colocación de una placa recordatoria en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
El plazo para aceptar esa Comisión de Cooperación Bilateral se cumplió este jueves, que es cuando llegó la comunicación oficial de Madrid que habla de “invasión de competencias”.
“A la vista de la invitación cursada para iniciar negociaciones sobre la legalidad del artículo 4 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, declina participar en la Comisión de Cooperación Bilateral”, comienza la respuesta del Gobierno de Ayuso, que vuelve a argumentar que la propuesta de colocar esa placa recordatoria vulnera “las competencias que esta Comunidad ostenta en materia de regulación de sus propios bienes, así como de protección de su Patrimonio Histórico.
Esta Administración “no alberga dudas sobre la adecuación del referido artículo 4 de la Ley 8/2024 al marco constitucional, particularmente por cuanto que se trata de un régimen legal que se inserta en las competencias que esta Comunidad ostenta en materia de regulación de sus propios bienes, así como de protección de su Patrimonio Histórico”, insiste el Gobierno de la Comunidad.
El Consejo de Ministros había aprobado una contestación a las alegaciones presentadas por Isabel Díaz Ayuso contra la decisión de declarar Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol y que fue el principal centro de detención y tortura policial durante el franquismo. Los populares madrileños están intentando blindar el edificio “usando todos los resortes legales” para evitar la colocación de una placa.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha remitido una contestación escrita a Isabel Díaz Ayuso en la que le aclara que “la actividad propia de la sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid no es incompatible con la señalización conmemorativa”.
En la misiva, el ministro recuerda que la ley de Memoria Democrática “compele a las instituciones a adoptar las medidas necesarias para el reconocmiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia entre las que se encuentras –y estoy seguro de que coincides conmigo– las víctimas detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos que se produjeron en dicho inmueble cuando era sede de la Dirección General de Seguridad del gobierno franquista”, en referencia al edificio en el que, actualmente, se encuentra el despacho de Isabel Díaz Ayuso. “Ahora representa los valores democráticos”, remata Torres.
La contestación del Gobierno a la presidenta de la Comunidad de Madrid se despide abrochando que “es fundamental que la juventud conozca la verdadera realidad histórica de nuestro país. Durante cuatro décadas sufrimos un sistema totalitario carente de libertades y represor”.
