Jéssica Rodríguez intenta desvincular al exministro ante el Supremo del piso de lujo que le pagó la trama durante dos años y medio
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El juez del Tribunal Supremo que investiga al exministro José Luis Ábalos por supuestamente favorecer contratos públicos a cambio de prebendas ha tomado declaración como testigo este jueves a su expareja Jéssica Rodríguez. Ante el juez Leopoldo Puente, la mujer ha confirmado que estuvo contratada como auxiliar administrativa en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec—, pero que no acudió nunca a ese puesto de trabajo. Ha alegado que nadie la requirió para ello, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.
La contratación de la mujer en un ente dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y otro de la SEPI es uno de los elementos sobre los que ha puesto el foco el juez. En una de sus últimas resoluciones, el magistrado reclamó la identificación de las personas que la contrataron en sendas empresas. Preguntada por ello, no obstante, Jéssica Rodríguez ha desvinculado a Ábalos de su contratación y ha afirmado que es una gestión que hizo a través de Joseba García, hermano del exasesor Koldo García.
Sin embargo, en uno de los informes de la UCO aportados al sumario figura una conversación en la que Jéssica Rodríguez avisa directamente a Ábalos de que su contrato como auxiliar administrativa en Ineco expira en unos días. El exministro le transmite a su asesor ese mensaje y éste le responde: “Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses”. “Díselo”, responde entonces Ábalos. Esa conversación ocurre el 23 de febrero de 2021. Una semana después, la mujer firma un nuevo contrato con la empresa pública Tragsatec, dependiente de la SEPI, por un período de seis meses.
Por otro lado, la expareja del exministro le ha desvinculado también del del piso ubicado en la Plaza de España de Madrid, donde vivió dos años. La UCO sostiene que el pago del alquiler de la vivienda de la mujer es otra de las “contraprestaciones” que habría recibido el exministro fruto de sus gestiones para la trama. Las pesquisas han acreditado que el supuesto cabecilla, Víctor Aldama, abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros. Lo hizo a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano, y de empresas de éste. Además, el hermano del exasesor Koldo García y su hija menor de edad figuran como pagadores de otros dos meses de alquiler. El inmueble es un apartamento de lujo situado en el edificio Torre de Madrid de la Plaza de España de la capital y por el que se pagaban 2.900 euros al mes.
Preguntado por este inmueble, el antiguo asesor de Ábalos dio una explicación ciertamente inverosímil en su declaración como investigado el pasado diciembre. Aseguró que contactó con Escolano para buscar un alojamiento para Jéssica Rodríguez porque él estaba viviendo en un piso de 35 metros cuadrados y sólo podía ofrecerle un sofá. Y que este le ofreció alquilar un inmueble para que ella residiera y que, a su vez, se pudieran celebrar allí reuniones empresariales. Según el relato de Koldo García, el empresario cedió el piso de forma gratuita, aunque conforme fueron pasando los meses tanto él como la mujer colaboraron abonando algunas mensualidades.
El juez también reclamó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que informara sobre los viajes oficiales en los que Jéssica Rodríguez hubiera podido acompañar a Ábalos entre noviembre de 2018 y diciembre de 2022, así como la identidad de la persona o el número de cuenta desde la que se abonaron sus gastos.