El ministro de Justicia afirma que Álvaro García Ortiz es un «servidor público íntegro, honesto, que se ha dedicado a perseguir al delito y a decir la verdad» y añade que, en la actualidad, la acusación popular es «un nido de ultras para filtrar»
El juez Hurtado señala el banquillo al fiscal general tras rechazar su línea de defensa en el caso de la pareja de Ayuso
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha salido en defensa del fiscal general del Estado este jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso: “Es un servidor público íntegro, honesto, que se ha dedicado a perseguir el delito y a decir la verdad”, ha dicho pocas horas después del auto que deja a Álvaro García Ortiz al borde del banquillo. Una comparecencia en la que se ha referido a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y acusado de fraude fiscal, como “ciudadano ejemplar”. El empresario pide casi medio millón de euros a varios políticos, entre ellos el propio Bolaños, por haberse referido a él como “defraudador confeso”.
Varios representantes de los partidos de la oposición y Junts se han referido a la situación procesal de García Ortiz, imputado en el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía haber defraudado 350.000 euros. Tras mostrar su “respeto a la causa”, Bolaños ha defendido que el fiscal general se dedicó a desmentir “una información que era falsa de toda falsedad, era media verdad y cambiaba lo que había sucedido. Parecía que era la Fiscalía la que buscaba un acuerdo con este señor, el ciudadano ejemplar, y sin embargo la realidad era lo contrario, el ciudadano ejemplar estaba buscando un acuerdo para no ingresar en prisión”.
“Lo que hizo la Fiscalía fue aclarar esa información”, ha dicho el ministro sobre el origen de la causa en la que García Ortiz permanece imputado: un comunicado emitido por el Ministerio Público en la mañana del 14 de marzo para desmentir una serie de bulos del caso, en buena parte difundidos por el entorno de Ayuso y su jefe de gabinete. La realidad era que González Amador se ofrecía a aceptar ocho meses de cárcel a cambio de reconocer sus delitos, pactar sus deudas y no pisar de forma efectiva la prisión.
El titular de la cartera de Justicia pasa a referirse al empresario como “ciudadano ejemplar” después de que su equipo de abogados haya interpuesto más de una decena de pleitos contra políticos, partidos y periodistas que se han referido a él como “defraudador confeso” tras conocerse que su representación legal buscó un pacto reconociendo su fraude fiscal. Unos pleitos que suman reclamaciones económicas que rozan el medio millón de euros, incluyendo al propio Bolaños, y que en el caso del Presidente del Gobierno se tramita por la vía penal. “Es que desfalcó, lo ha reconocido por escrito su abogado”, ha explicado.
El ministro, que ha celebrado las recientes medidas del juez Ángel Hurtado para evitar publicaciones de datos en la causa contra el fiscal general, ha denunciado que en esas diligencias “hay partes personadas ultras que están ahí para filtrar”. Parte de su intervención ha servido para defender la reforma impulsada por el PSOE para limitar la presencia de grupos o asociaciones ultras en causas judiciales a través de la acusación popular.
“Lo que quiero es que no sea una auténtica feria de ultras. Hoy solo sirve para perseguir a personas progresistas. No nos hagamos trampas al solitario, es un nido de ultras para filtrar documentos, videos, perseguir a humoristas, a politicos, a familiares, a periodistas… y por tanto claro que hay que regularla”, ha explicado, defendiendo que el propio Tribunal Supremo ha instado una limitación de la presencia de partidos políticos en los procesos judiciales.
Varios portavoces de partidos de la oposición han mostrado su rechazo a esta futura reforma, pero también Enrique Santiago, portavoz de Sumar y letrado de la acusación popular en varias causas de corrupción en la última década. “Los casos de corrupción del PP no se habrían podido perseguir sin la acusación popular. No impidamos que la ciudadanía pueda ejercer esa acusación popular”, ha reclamado.
Preguntado por el portavoz de Junts sobre cómo compagina sus críticas a la acusación popular con que el PSOE haya solicitado su personación en el juzgado que investiga las más de 200 muertes que dejó el temporal en la Comunidad Valenciana, Bolaños ha contestado: “Yo considero, como el Supremo y el Constitucional, que los partidos no deberían poder ejercer la acusación popular, pero mientras esté en la ley,que alguien ejerza un derecho no debería sorprender a nadie”.
A lo largo de su comparecencia, el ministro de Justicia ha defendido que el Gobierno acomete “la mayor transformación de la Justicia en décadas”, ensalzando medidas como las becas para opositores o la incorporación de los jueces sustitutos. “Hay 913 en nuestro país en una situación de precariedad absoluta”, ha explicado antes de negar que vayan a ser designados de alguna manera por el Gobierno por afinidad: “Los eligen y seleccionan los tribunales superiores y los nombra el Consejo del Poder Judicial. La intervención del Ministerio de Justicia es cero”, ha afirmado.
