‘Para dar luz’ vuelve a la oscuridad de un cajón: los obispos deciden que su informe sobre abusos sexuales ya no será público

La Iglesia española solo usará «para trabajo interno» su polémico dosier sobre pederastia, cuyos datos no coinciden con los de la auditoría independiente ni con la investigación del Defensor del Pueblo, y del que hubo filtraciones sobre las víctimas que está investigando la Agencia Española de Protección de Datos

Así sonó en Madrid el clamor de las víctimas de la pederastia eclesial: “Hemos sido traicionados por la Iglesia”

El informe ‘Para dar luz’ surgió de un día para otro para hacer sombra a la auditoría sobre la pederastia clerical en España que los propios obispos encargaron al bufete Cremades&Calvo Sotelo, y por la que la Conferencia Episcopal pagó más de un millón de euros. Una especie de documento alternativo a esa malograda investigación independiente que los obispos decidieron no publicar porque no estaban de acuerdo con el resultado. Ahora han reconocido que su propio recuento sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia también permanecerá oculto. El portavoz de la CEE, César García Magán, admitió este jueves que, de ahora en adelante, quedará para “trabajo interno” de las diócesis y congregaciones religiosas.

En concreto, el secretario general de la CEE subrayó que la actualización del citado informe “ya se presentó en la Permanente de septiembre y en la Plenaria de noviembre, y allí se decidió que sirviera para el trabajo interno de las comisiones diocesanas y de vida consagrada”. Una decisión que se toma después de que varias víctimas denunciaran a los obispos ante la Agencia Española de Protección de Datos por una filtración de su privacidad, que provocó una ruptura entre las asociaciones de víctimas y la Conferencia Episcopal. A partir de ahora, por lo tanto, no habrá información pública de la Iglesia española sobre el número de denuncias de abusos.

Tampoco se sabe si lo habrá respecto al proceso de indemnización a los afectados, previsto en el cacareado plan PRIVA y del que, casi un año después de su aprobación, apenas se sabe nada. De hecho, varias víctimas han denunciado que la comisión de baremación creada a tal efecto no está respondiendo a las peticiones de reparación o que incluso han recibido como respuesta que el caso estaba cerrado. “El equipo de trabajo tiene autonomía de ejercicio, está funcionando, hay casos presentados y están instruyendo expedientes”, se limitó a decir el portavoz de la CEE, quien admitió “no saber” más del tema, achacándolo a la independencia del grupo.

“Ha sido la comisión la que ha establecido unos baremos que tenían como referencia los casos de indemnización producidos por sentencia judicial por parte de jueces civiles y teniendo en cuenta el derecho comparado en nuestro contexto europeo” resaltó García Magán, quien sorprendió al señalar que el diálogo con el Gobierno acerca de las indemnizaciones para aquellos casos prescritos o en los que el presunto abusador ha fallecido “siguen abiertas”.

Lo cierto es que, hasta la fecha, no ha habido ningún tipo de avances en el fondo común que deberían haberse generado, y del que la Iglesia renegó en su día, al considerar que el Gobierno no tenía nada que decir en una cuestión interna de la institución. Eso sí: “Queremos asumir una obligación moral”, resaltó el portavoz episcopal.

Respecto a las terapias de conversión, que han provocado una denuncia a siete diócesis, así como una inédita reunión entre la ministra de Igualdad y el presidente de la Conferencia Episcopal, García Magán reiteró que están en contra de las terapias de conversión“, aunque trató de explicar que ”tampoco nos parecen oportunas las terapias de afirmación en exclusiva“, refiriéndose a las prácticas psicológicas que no son ”bidireccionales“, una cuestión de la que no dio explicaciones inteligibles en la rueda de prensa. Sí aclaró que ”hay que diferenciar un acompañamiento espiritual de una terapia“.

Finalmente, sobre la propuesta de SUMAR de acabar progresivamente con la escuela concertada, el obispo auxiliar de Toledo sostuvo que “la Constitución española vigente señala como un derecho fundamental esa libertad de enseñanza, el derecho fundamental de los padres el tipo de orientación que quieren para sus hijos”. “Un Estado democrático tiene que fomentar y facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales que no son graciosas concesiones de papá Estado”, finalizó.

Toda la información en www.religiondigital.org