El magistrado descarta que las profesionales injuriaran al partido y destaca que cumplieron con su deber después de que una diputada de Junts pidiera activar el protocolo antiacoso
Las expertas denunciadas por Junts acusan al partido de “coartarlas” ante un segundo informe sobre machismo
Carpetazo a la querella de Junts contra la abogada, la psicóloga y el experto en igualdad que vieron machismo en su grupo parlamentario. El juez ha archivado la querella que el partido había interpuesto contra los profesionales designados por el Parlament para realizar un informe tras la denuncia de machismo de la exparlamentaria de Junts Cristina Casol contra su jefe de filas Albert Batet. El magistrado constata que las expertas se limitaron a hacer su trabajo sin injuriar a Junts.
“Reflejar en un informe la hipótesis general de que un grupo parlamentario pueda reproducir esquemas de patriarcado o de conductas machistas no es más que hacerse eco de la denuncia recibida, ponerla en contexto, trabajar en la idea y tratar de llegar a conclusiones rigurosas que puedan servir para avanzar en la superación de situaciones indeseables”, reza el auto de archivo del juez Santiago García, al que ha tenido acceso elDiario.es.
La abogada, al igual que los otros investigados, negó en su declaración ante el juez que su informe buscara injuriar al partido, como mantenía Junts, y defendió que su trabajo se ajustó al protocolo antiacoso del Parlament, suscrito por todas las formaciones. El juez respalda esta versión y añade que, en cualquier caso, la actuación de las expertas está amparada porque realizaron el informe en el ejercicio de su deber profesional. En consecuencia, su trabajo queda fuera del Código Penal.
El dictamen que terminó en el juzgado sobre la denuncia interna de Cassol de la pasada legislatura fue el primero realizado a instancias de la Cámara desde la aprobación del protocolo. La segunda investigación tras la denuncia de otra exparlamentaria de Junts, Aurora Madaula, no sé llegó a poner en marcha debido a la causa penal abierta contra las profesionales encargadas de los informes.
Las trabajadoras y el trabajador denunciados son expertos independientes designados por la Oficina de Igualdad de la Cámara catalana y trabajan para una fundación a la que el Parlament externaliza las investigaciones sobre machismo. El protocolo del legislativo catalán les obliga a realizar un informe cada vez que un empleado o diputado denuncia una situación de acoso machista.
En su informe, las profesionales concluyeron que la denuncia de machismo de la exdiputada de Junts Cristina Casol –expulsada de la formación tras la denuncia– no debía prosperar ya que no cumplía con todos los requisitos que marca el protocolo antimachista del Parlament, si bien detectaron una “situación sistémica” de machismo en el grupo parlamentario así como un “reparto de tareas asociado a los roles patriarcales tradicionales” y un “menosprecio hacia las acciones de sensibilización y formación en materia de género”.
Estas observaciones fueron consideradas un delito de injurias por parte de Junts, que se querelló contra las expertas. Los partidos de izquierdas del Parlament apoyaron a las profesionales cuando tuvieron que ir a declarar y criticaron por desproporcionado que Junts activara la vía penal por estar en desacuerdo con las conclusiones del informe sobre machismo. El Colegio de la Abogacía de Barcelona también dio amparo a la letrada denunciada por Junts.
