Las demandas de los aliados de izquierda chocan con las exigencias de los de Carles Puigdemont, cuyos siete diputados son imprescindibles para sacar adelante el texto
Junts insiste a Sánchez en trocear el decreto ómnibus y dejar fuera la moratoria contra los desahucios
“¿Cuál es la razón de trocearlo? ¿Qué medidas no les gustan? ¿Las ayudas a la DANA, el ingreso mínimo vital, los desahucios…?”. Yolanda Díaz lanzó este lunes esa pregunta al PP aunque su contenido podría ir dirigido perfectamente a Junts. El partido de Carles Puigdemont ha pedido desarmar el decreto ómnibus que tumbó al Gobierno la semana pasada para facilitar su aprobación y separar la moratoria contra los desahucios a familias vulnerables. Enfrente tiene a los socios de izquierda de la investidura, que piden que se apruebe este mismo martes en el Consejo de Ministros. Y que se mantenga en su integridad.
Prácticamente todos los socios del Gobierno han pedido ya movimientos en este sentido. También Sumar. La vicepresidenta segunda urgió este lunes a Pedro Sánchez a que lo apruebe “si puede ser mañana mismo”, en referencia a este martes. “El mismo decreto tal y como está”, dijo en un desayuno informativo de Europa Press. “En la espera y la desesperanza solo avanzan las fuerzas reaccionarias y la extrema derecha. Por ese motivo, desde Sumar vamos a plantear que los decretos vuelvan al Congreso cuanto antes. No podemos perder un minuto”, trasladaron fuentes de Sumar el pasado viernes.
Buena parte de los socios parlamentarios del Gobierno ya se pronunciaron en el mismo sentido la semana pasada. Podemos, EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) exigieron a Sánchez recuperar “cuanto antes” el escudo social justo después de las declaraciones de varios ministros socialistas que se centraban en criticar al PP por haber tumbado al decreto antes que a dar pistas sobre los próximos pasos a seguir.
PP y Junts tumbaron la semana pasada un paquete con unas 80 medidas de diferentes tipos, la mayoría dentro del escudo social que el Gobierno puso en marcha en 2022 fruto de los efectos económicos derivados de la guerra en Ucrania, como la crisis de inflación que se desataba en aquel momento, y que ha ido prorrogando vía decreto desde entonces. Una extensión de las ayudas al transporte público, del bono social eléctrico para familias vulnerables o un incremento del ingreso mínimo vital. Y también, el grueso del decreto, la medida más sensible, la revalorización de las pensiones, así como ayudas para los afectados por la DANA.
El partido de Alberto Núñez Feijóo intentó esconder su voto en contra detrás del registro de una proposición de ley que contuviera únicamente el incremento de las pensiones e instó al Gobierno a llevar únicamente un decreto con esa medida para darle su apoyo. Junts invocó un argumento similar. “Con nosotros el chantaje y la presión no tiene efecto. La subida de las pensiones y los descuentos al transporte están garantizados. Hagan una medida con esos dos puntos y votaremos a favor porque no tienen mayoría”, dijo la portavoz de la formación independentista en el Congreso, Míriam Nogueras.
Y es lo que han repetido este mismo lunes en una rueda de prensa. Josep Rius, vicepresidente y portavoz de Junts, ha asegurado que ya han trasladado sus exigencias al PSOE, que pasan por que el Gobierno apruebe un decreto exclusivo con las medidas sociales, que resumen en cuatro: la revalorización de las pensiones, la del ingreso mínimo vital, la bonificación de los abonos del transporte público y las ayudas a los afectados por la DANA.
Fuera quedaría un elemento esencial para el bloque de izquierdas: la moratoria contra los desahucios para familias vulnerables que, según cálculos del Observatori DESCA, ha evitado 58.000 expulsiones desde su entrada en vigor. La vivienda es un asunto que incomoda a Junts por su cercanía ideológica con la patronal inmobiliaria. Votaron en contra de la ley que regulaba el precio de los alquileres la legislatura pasada y hace unos meses también rechazaron una ley que buscaba regular el alquiler de temporada (poco después votaron finalmente a favor de una iniciativa similar tras una negociación con los grupos que la impulsaron).
Este lunes tanto Podemos como ERC, además de Sumar, han pedido al Gobierno que lleve el decreto sin perder tiempo. “Le exhortamos a que no demore más su aprobación y lo apruebe mañana mismo. El PSOE no puede tomar como rehenes a la gente que más necesita esas medidas”, señaló el secretario de Organización, Pablo Fernández, en una rueda de prensa.
La prórroga de esta moratoria antidesahucios fue precisamente uno de los compromisos que Podemos pactó con el Gobierno para dar su apoyo al escudo social. En el partido temen que si Sánchez sigue demorando la aprobación del nuevo escudo social los propietarios puedan aprovechar ese lapso de tiempo sin protección para ejecutar los desahucios que tenían pendientes. Y advierten al PSOE de la tentación de trocear el decreto. “Si lo hacen ya sabemos lo que pasará”, lamentan fuentes de la formación, que avisan que, en ese caso, tendrán que recurrir a la derecha para que le apruebe esos decretos.
ERC también exhortó este lunes al PSOE a que apruebe cuanto antes el decreto ómnibus. La secretaria general de la formación, Elisenda Alemany, instó al Gobierno a que “se ponga las pilas”, abandone el “tacticismo” y recupere las medidas. No obstante, no puso demasiados reparos tras ser preguntada sobre si su partido está favor de trocear el decreto. “Que lo hagan como quieran, pero que se pongan las pilas, que se espabilen los unos y los otros, que se dejen de mirar de reojo entre partidos políticos y que miren a la cara al pueblo de Catalunya”, dijo.
El PSOE, mientras tanto, ajeno a las presiones de sus socios para llevar la medida este mismo martes al Consejo de Ministros, está enfocado en volver a negociar con Junts el decreto para que salga adelante, aunque eso suponga demorar unos días más su aprobación y, en consecuencia, dejar que en febrero bajen las pensiones para los jubilados. Pedro Sánchez, como contó este diario, no cierra la puerta a incluir en ese texto alguna demanda concreta de los independentistas catalanes que pueda servir para arrancar su apoyo parlamentario, pero rechaza excluir el contenido del denominado escudo social.
Aunque Junts ha explicitado exigencias concretas para votar a favor de ese paquete de medidas, buena parte de la derrota que sufrió la semana pasada el Gobierno se explica por la ruptura de la confianza entre el partido de Carles Puigdemont y el PSOE ante el incumplimiento, denuncian, de los acuerdos de investidura, con la amnistía aprobada, pero bloqueada por los recursos del Tribunal Supremo o los problemas que el Ejecutivo está experimentando para impulsar las lenguas oficiales en el Parlamento Europeo, así como otros asuntos que negocian ambas partes como la transferencia de las competencias de inmigración a Catalunya.
Todo ello es lo que forzó hace unas semanas que Junts registrase en el Congreso una proposición no de ley para forzar una cuestión de confianza a Sánchez que ha disparado la tensión con el Gobierno.
