La Intervención General de Madrid apunta al Gobierno de Ayuso en las obras a dedo de la FP

En 2023, el actual consejero de Educación de Madrid, Emilio Viciana, y muchos de sus cargos de confianza empezaron a recibir correos de quejas de un empresario al que el departamento le debía más de un millón de euros. Al principio no lo tomaron muy en serio. Pero cuando empezaron a recibir burofaxes, en septiembre de ese año, y avisos serios de demandas, se inició una investigación en el Gobierno de la Comunidad y se constató que la Consejería había construido en 2021 un hospital de prácticas de FP en el macrocomplejo educativo de Ciudad Escolar sin que hubiera ningún expediente al respecto en los archivos ni contrato válido.

Era una obra fantasma de 2,5 millones de euros que no se había sacado a concurso y no había pasado los más elementales procesos de fiscalización. Entonces, los responsables del departamento eran Enrique Ossorio –hoy presidente de la Asamblea de Madrid– y Rocío Albert –actual consejera de Hacienda y entonces viceconsejera y mujer fuerte de las políticas educativas de Ayuso–. Como desveló elDiario.es, la del hospital fantasma es una de las diez obras bajo sospecha construidas con contratos fraccionados, contraviniendo la ley y que han acabado en un juzgado de instrucción que investiga delitos de prevaricación. También se construyó sin concurso la Escuela de Arte Alcalá o el centro de referencia de FP a Distancia Ignacio Ellacuría. El ilícito que se investiga consiste en dividir una obra en contratos fingiendo que son menores de 50.000 euros e independientes entre sí (en un edificio se adjudican por una parte las ventanas, por otra el suelo, por otra la electricidad) y así se puede elegir al constructor, se acortan los plazos y se evita una mesa independiente de contratación y la fiscalización posterior. La fórmula también ahorra la concurrencia competitiva y es el atajo perfecto para elegir empresas a dedo.

El consejero Viciana, a la luz de la dimensión del problema, encargó una investigación interna, que dio como resultado que había indicios de responsabilidad penal, por lo que trasladó el caso a la Fiscalía en marzo de 2024, que pasó el asunto a Anticorrupción. Ahora ha recibido íntegra esa investigación el juzgado de instrucción 36 de Madrid, después de que Podemos pusiera una denuncia.

Desde el primer momento, la actual cúpula de la Consejería circunscribió los posibles delitos a los directores de instituto que pagaron las obras desde las cuentas de sus centros, como si ellos pudieran poner en marcha semejantes obras por su cuenta, sin que nadie estuviera al tanto en el Gobierno. Además, Educación les abrió expediente como funcionarios y se les tomó declaración. Junto a ellos, la Consejería señaló como ideólogo del sistema a Alfonso Mateos, subdirector de FP y lo cesó de manera fulminante. Mateos ha rechazado hablar con elDiario.es en varias ocasiones, aunque en una de las comunicaciones dijo sobre su responsabilidad que “no era así”, emplazando a un encuentro que nunca se ha producido.

Ahora, es un informe oficial del servicio de Intervención General de la Comunidad de Madrid la que sitúa la responsabilidad más arriba, en el propio Gobierno, tras analizar los procedimientos de los centros bajo sospecha. La auditoría pone de manifiesto que los directores, como confirman a este medio numerosas fuentes, no tienen capacidad para decidir cómo se pagan las obras ni pueden aprobarlas o financiarlas unilateralmente: es Educación la que tiene que dar el visto bueno a semejante gasto e ingresar el dinero, además de decidir las prioridades en las reformas.

La auditoría, hecha por el cuerpo de funcionarios de la Intervención General de la Comunidad de Madrid –dependiente precisamente de Rocío Albert, al ser consejera de Hacienda– destaca que en el caso del IES Tetuán de las Victorias, en el barrio de Tetuán de Madrid, hubo obras que se fraccionaron para que pasaran por contratos menores.

Educación “era conocedora”

Para las mejoras en sostenibilidad del edificio, financiadas además por fondos europeos FSE+ y que, por tanto, están sujetas a estrictos controles, se instalaron placas fotovoltaicas, leds o puntos de recargas eléctricos, entre otras infraestructuras. “Desde la Consejería se ingresan elevados importes –47.500 euros en 2022 y 61.000 euros en 2023– cuando los centros tienen competencia solo para realizar reposiciones, no inversiones nuevas, y gastos de cuantía limitada, siempre a través de contratos menores. No se ha tramitado por parte de la Consejería ningún expediente de contratación, pese a ser conocedora de dichas actuaciones”. Es decir, fue la propia Consejería de Educación, dirigida entonces por Ossorio, hoy presidente de la Asamblea, la que transfirió a ese IES una cantidad que era propia de una obra que necesita ser licitada sin haberla licitado. Ni investigó por qué no se había licitado, ni la licitó como es su obligación (no es competencia de los centros sino del departamento de Infraestructuras de la Consejería), ni redujo la cantidad de dinero a ingresar para que correspondiera verdaderamente a un contrato menor, por lo que se deduce que podría haber validado ese proceso irregular.

Varias fuentes conocedoras de los procesos apuntan en la misma dirección: es imposible que haya sido una idea o concierto entre directores de instituto de varios puntos de Madrid sin el conocimiento de la estructura, porque en todas las obras la dirección de los centros gestionan el dinero que les llega desde Educación, que es quien establece las prioridades en las obras y transfiere los fondos.

De esta manera, la auditoría revela también que para poder pagar se imputaban los gastos como “corrientes”, pese a que eran obras o mejoras que debían estar en el capítulo de “inversiones”. Algo similar a lo que sucedió en Ciudad Escolar o la escuela de Alcalá. En ese caso, dado que eran obras millonarias, Mateos tuvo que organizar que se pagara desde varios institutos. ¿Es Mateos el último responsable? Al menos en el caso de Alcalá, un director general estaba al tanto de las obras sin contrato, las supervisó y pidió mejoras, tal y como muestra un correo publicado por elDiario.es. Además, una de las obras conocidas afecta a un centro de formación de profesores, que nada tiene que ver con FP o las competencias del cesado Mateos.

En el informe de la Intervención General sobre Tetuán se insiste también en que “el centro carece de competencia para autorizar esos gastos, que correspondería a la Consejería”. Además, los ingresos que recibe un centro de secundaria vienen también mayoritariamente de Educación, “siendo la gestión de su libramiento” cosa de la Dirección de Área Territorial (DAT), es decir, una unidad con rango de dirección general dentro de la Consejería.

Cientos de millones para la FP

El motivo por el que se utilizó el método de fraccionar contratos no está todavía despejado, aunque los directores que prestaron declaración ante la Fiscalía aseguraron (como también queda reflejado en algunos mails a los que ha tenido acceso este medio) que siempre hicieron lo que se les mandó y que era Mateos quien ordenaba los pagos y el modo de hacerlos, concertando a veces gastos desde tres instituciones públicas distintas, como en el caso de Alcalá. Tampoco está claro qué ganaba el subdirector cesado con este sistema, que coincide con la llegada de cientos de millones de inversiones en Formación Profesional desde el Gobierno de España y de la Unión Europea en su apuesta global por desarrollar estos estudios: a Madrid llegaron por esta vía 552 millones entre 2020 y 2023, según datos del Ministerio de Educación.

En esa línea se pronuncia Mateos en un correo de 2021 al que ha tenido acceso elDiario.es. En él, responde a una directiva de Ciudad Escolar que le plantea una crítica por la construcción opaca y a toda prisa del hospital de prácticas de 2,5 millones hoy en investigación. Mateos le explica que la FP está creciendo a ritmo de “dos dígitos” y “hacen falta, necesariamente, espacios en los centros que imparten estas enseñanzas. Y, como sabes, no es fácil conseguir ese espacio”. El entonces subdirector cita Ciudad Escolar y el Hotel Escuela como ejemplo de centros que se han puesto “manos a la obra para incrementar sus aulas”, dejando ver que la construcción ágil de espacios –los concursos y licitaciones tardan meses– es una modalidad avalada. La Consejería de Educación no ha contestado a las preguntas de elDiario.es.

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