Estos exámenes, que se hacen de manera generalizada, habían sido denunciados por discriminatorios y racistas por organismos como el relator de la ONU
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Cuando Keira Alexandra Kronvold, una mujer de ascendencia groenlandesa, dio a luz a su bebe en el hospital de Thisted, en el norte de Dinamarca, los servicios sociales tardaron dos horas en quitarle la custodia después del nacimiento. El caso, ocurrido en noviembre del 2024, generó una oleada de indignación y manifestaciones tanto en Copenhague como en Nuuk, la capital de Groenlandia, que acusaban a las autoridades danesas de tener una actitud racista y discriminatoria con Kronvold.
Los servicios sociales hicieron a esta madre un test de competencia parental, conocido en danés como forældrekompetenceundersøgelse (FKU), una práctica que durante décadas se ha llevado a cabo en Dinamarca con los padres de familias groenlandesas que nacen en el país nórdico. Estas pruebas consisten en un test psicológico por parte de trabajadores sociales y se hacen de manera generalizada a los habitantes de Dinamarca, pero son más difíciles de superar para los inuits, los nativos de la isla ártica, debido a las diferencias culturales.
El caso de Kronvold no es ni mucho menos un incidente aislado, según datos del ministerio de asuntos sociales de Dinamarca, actualmente hay más de 400 niños groenlandeses a los que se les ha separado de sus familias y están en casas de acogida o con familias danesas, pero las ONG que trabajan en estos casos denuncian que la cifra, en realidad, podría ser más alta. En Dinamarca, que actualmente mantiene la soberanía de Groenlandia, viven alrededor de 17.000 groenlandeses, pero a pesar de esto, el pueblo inuit no es oficialmente reconocido como una minoría étnica en el país nórdico.
Tras las reiteradas críticas por parte de organizaciones e instituciones denunciando que los exámenes de competencia parental no son culturalmente apropiados para las familias groenlandesas, el Gobierno de Dinamarca ha decidido abandonar el uso de los controvertidos exámenes. El acuerdo se ha firmado de manera conjunta con el Gobierno autonómico de Nuuk, alegando que “se han planteado dudas sobre si una prueba psicológica estandarizada tiene suficientemente en cuenta la cultura y la lengua groenlandesas”, afirmó una nota del Ejecutivo danés. “Por ello, el Gobierno (danés) y el Gobierno groenlandés han acordado abolir el uso de pruebas psicológicas estandarizadas en los casos de niños con familias de origen groenlandés a la hora de evaluar la competencia parental”.
Este cambio se produce en un momento especialmente delicado en las relaciones entre los gobiernos de Copenhague y Nuuk tras las ambiciones expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse la isla ártica. En este contexto, el Ejecutivo danés lleva semanas haciendo gestos para acercarse al Gobierno de Groenlandia y mostrar una imagen de unidad.
Sin tener en cuenta las diferencias culturales
Las organizaciones por los derechos de los inuits en Dinamarca claman que el caso de Keira Alexandra Kronvold, que ha sido cubierto por medios internacionales como The Guardian, pone de manifiesto el problema de que las investigaciones de competencia parental elaboradas por los servicios sociales daneses a menudo conducen a la adopción forzada de niños de familias groenlandesas. Además, los activistas y las organizaciones especializadas en derechos humanos también han criticado que durante años las autoridades danesas no cumplieran con las recomendaciones de las Naciones Unidas para proteger suficientemente los derechos de las familias inuits.
Un informe del Instituto Danés por los Derechos Humanos (DIHR) elaborado en 2022 concluyó que las pruebas parentales, que en el país nórdico se hacen de forma generalizada como parte del plan de protección a la infancia, no se habían adaptado para tener en cuenta las diferencias culturales. En este sentido, según el DIHR, los padres groenlandeses tienen “el riesgo de obtener puntuaciones bajas en las pruebas, de modo que se podía concluir, por ejemplo, que tienen capacidades cognitivas reducidas, sin que existan pruebas reales de ello”. “Estos posibles errores de juicio pueden tener consecuencias de gran alcance tanto para los niños como para los padres, ya que, en casos extremos, pueden contribuir a la separación forzada de un niño de su hogar”, decía el informe.
Esta conclusión también la corrobora los datos del Centro Nacional de Investigaciones y Análisis del Bienestar (VIVE) que muestran que los niños groenlandeses están sobrerrepresentados 1,4 veces más en comparación a los niños daneses en los casos de ser separados de sus familias por los servicios sociales. “Si no has nacido y crecido en Dinamarca con la lengua y la cultura danesas es más probable que tengas más dificultades para resolver muchas de las preguntas y las pruebas de los servicios sociales”, explica Rune Nielsen, experto en neuropsicología intercultural en el Rigshospitalet. “Los problemas también pueden surgir cuando se intentan medir algunos constructos psicológicos, como la inteligencia o la empatía, a partir de lo que se supone que es normal entre la población danesa, y eso transferirlo a una población cultural diferente”.
En 2023, el relator de la ONU para la defensa de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, ya calificó que los groenlandeses están expuestos a un grado alto de racismo y discriminación por las autoridades danesas, mencionando, entre otros temas, los exámenes parentales FKU. Desde entonces, algunas instituciones, como el Ayuntamiento de Copenhague, habían dejado de hacer estas pruebas por las dudas que sembraban.
En respuesta al anuncio por la eliminación de las pruebas de paternidad, Aqqaluaq B Egede, ministro de Infancia, Juventud, Educación, Cultura, Deportes e Iglesia de Groenlandia, ha afirmado: “Estoy muy contento de que el Gobierno danés esté de acuerdo con Naalakkersuisut (el Gobierno de Groenlandia) para satisfacer un deseo sincero de la población groenlandesa. Ha sido un proceso a largo plazo para lograr nuestro objetivo de detener el uso de estas pruebas”.
Pero para activistas como Karen Banke Petersen, fundadora de la asociación Mentor Immanuel que trabaja para proteger los derechos de las familias inuits en Dinamarca, el camino de la igualdad entre las familias danesas y groenlandesas aún no está del todo recorrido: “Trump Jr llegó a Groenlandia el 9 de enero y de repente el Gobierno danés cambia de opinión y dice que ya no usará más los exámenes psicológicos. Esta decisión nos ha sorprendido a todos, pero no es suficiente”.
Según esta activista que asesora jurídicamente y emocionalmente a familias que se han quedado sin la custodia de sus hijos, “durante años” el Gobierno danés “ha demostrado que los inuits no le importan nada”. Finalmente, Petersen sugiere que “los servicios sociales tendrían que formarse mucho antes de que puedan hablar con las familias inuits”. En este sentido, el Ejecutivo danés junto con el Gobierno de Nuuk está preparando una propuesta para adaptar el trabajo de los servicios sociales, y se prevé que la ley se presente en el Parlamento durante la primavera.
