El Colexio Oficial de Traballo Social denuncia una docena de casos de los llamados pacientes sociales sólo en el área sanitaria de Pontevedra. La Xunta niega su existencia
Un informe asegura que cada día muere en Galicia una persona inscrita en la lista de espera de dependencia
La Ley de Dependencia establece un plazo de tres días, 72 horas desde que se presenta la solicitud, para conceder las prestaciones que necesiten a las personas que se encuentran en una situación de emergencia social. Sin embargo, en Galicia ese tiempo llega a multiplicarse por 20. Sólo en los hospitales del área sanitaria de Pontevedra-Salnés, el Colexio Oficial de Traballo Social (COTSG) contabiliza una docena de personas, algunas ingresadas desde hace más de dos meses, a las que no se da el alta porque tendrían que regresar a una situación de precariedad extrema. Ante la falta de plazas en residencias o servicios de ayuda en el hogar, los hospitales se convierten en albergues indefinidos. Los profesionales culpan de esta situación al “deterioro” del sistema. La Xunta, por su parte, niega en rotundo la situación.
En lo que va de año, en Pontevedra se recibieron casi medio centenar de solicitudes de dependencia por la vía de emergencia social. 41 solicitan una plaza en un centro residencial y siete, el servicio de ayuda en el hogar. De todas ellas, según los datos de los que dispone el COTS, sólo tres fueron estimadas; es decir, ya cuentan con un técnico que puede realizar su valoración. Eso no quiere decir que las otras 45 fuesen desestimadas. “Ninguna lo fue”, asegura el coordinador del Colexio, David Gontán, “así que están a la espera de que se les asigne personal técnico”.
Los tiempos de resolución de estos casos se mueven entre un mínimo de 25 días —más de ocho veces lo que marca la ley— y los máximos de 60. En 2024, la media alcanzó los 45 días después de que la Xunta decidiese centralizar todas las emergencias sociales en Santiago. “Hasta ese momento, cuando estaban descentralizadas por jefaturas territoriales, se resolvía con más agilidad”, señala Gontán.
La Xunta, por su parte, niega a la mayor. Política Social asegura que, en toda el área sanitaria de Pontevedra-Salnés, “sólo hay dos casos de posible emergencia social, que están en tramitación y que corresponden a los últimos días”. Por tanto “no se están registrando retrasos y mucho menos casos que excedan los 60 días”, respondió el departamento de Fabiola García a través de correo electrónico. Una consulta similar fue enviada a Sanidade, sin que llegase respuesta.
Cuando un alta puede acabar en tragedia
Esta situación no es nueva ni única en el Estado. En diciembre de 2022, Canarias Ahora informaba de que eran más de 300 los pacientes sociales, personas mayores con el alta médica que vivían en hospitales del archipiélago. Hablaba incluso de una orden conjunta de las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales apara facilitar la derivación de estos pacientes a centros “de tránsito” hasta que obtuviesen una plaza definitiva en el sistema.
Gontán ejemplifica con una anécdota el riesgo de dejar a estas personas en la calle. Sucedió en la primera semana de este 2025. Un hombre de 85 años, cuya identidad no desvela, ingresó con síntomas de malnutrición en un hospital del área sanitaria de Santiago-Barbanza, en la provincia de A Coruña. Diez días después, fue dado de alta, “a las 10 de la noche”, y tuvo que regresar a la infravivienda en la que habitaba. Al intentar encender fuego para combatir el frío nocturno de enero, desencadenó una explosión que le provocó heridas e incendió la chabola. Sólo tras este incidente, que pudo acabar en tragedia, accedió a una residencia.
La Xunta cerró 2024 con el anuncio de un plan de choque para acelerar las declaraciones de dependencia y discapacidad que permitiese a los usuarios acceder a los recursos en los seis meses que marca la ley. Hoy, la espera media supera el año. “No hay recursos públicos ni personal para valorar los expedientes. Anuncian en el plan de choque que se va a contratar personal, pero no sabemos ni cuándo, ni dónde ni cómo”.
Aunque los plazos se agilicen, con la situación actual, creen que sólo conseguirán que el tapón a la dependencia se desplace: ya no estará en la maraña burocrática sino en la espera por una plaza. La última residencia pública construida en Galicia fue la de Volta do Castro, en Santiago. La aprobó el gobierno de Manuel Fraga en el año 2000 pero no se inauguró hasta 2007, por parte del bipartito PSOE-BNG.
El presidente de la Deputación, la conselleira de Política Social, la presidenta de la Fundación Amancio Ortega y el presidente de la Xunta en la residencia impulsada en Pontevedra por la familia del fundador de Inditex
Residencias públicas: pocas y “psiquiatrizadas”
Precisamente, estos días, los trabajadores de Volta de Castro han iniciado un calendario de movilizaciones para reclamar unos protocolos y un incremento de personal para hacer frente a la “psiquiatrización” de las instalaciones, ya que se trata de uno de los centros en los que los mayores comparten espacio con pacientes con trastornos mentales.
“Desde Volta do Castro, no se creó ninguna más”. Las dos últimas, construidas por la Fundación Amancio Ortega y cedidas a la Xunta, fueron entregadas en concesión a la Fundación Fesán, próxima al Opus Dei, y con la que el gobierno gallego ha contratado desde la gestión de centros de día y escuelas infantiles hasta campañas de fomento del baile gallego o programas para emigrantes retornados. Fesán se impuso en el concurso por ofrecer la mejor oferta económica, con el menor coste por plaza. Una estrategia que puede volverse en su contra cuando salga a concurso la tercera de las siete residencias prometidas por los Ortega, la de Pontevedra. Esta vez, su gestión no estará abierta sólo a entidades privadas de iniciativa social, sino también a empresas, tal y como adelantó el digital Praza. El objetivo es que empiece a funcionar en este semestre.
Uno de los lugares a los que se enviaba a las personas dependientes era el psiquiátrico privado de La Robleda, investigado por el Defensor del Pueblo —y, a raíz del informe de sus técnicos, también por la Fiscalía— por vulnerar los derechos de los pacientes. El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recogía situaciones que el Movemento Galego pola Saúde Mental definió como “difíciles de digerir” en pleno 2025.
Entre ellas, se enumeraban la contención mecánica prolongada durante semanas, el aislamiento como castigo, la videovigilancia en las habitaciones o la inacción ante denuncias por agresión sexual. También el ingreso prolongado —en ocasiones, “durante años”— sin justificación médica. Desde que se conoció el informe, a través de El País, a principios de febrero, la Xunta ha dado instrucciones para que no se deriven allí nuevos casos.
La supresión del informe social, a la Valedora
El COTSG ha presentado una queja ante la Valedora do Pobo en la que la insta a intervenir ante la Xunta para que reconsidere la eliminación del informe social en el reconocimiento de la dependencia, una de las medidas estrella del plan del Gobierno gallego para reducir la burocracia. Sin embargo, para los profesionales, esa supresión “pone en riesgo la equidad y la justicia en el acceso a los servicios de atención” y perjudica “especialmente” a las personas más vulnerables.
La desaparición del informe social como requisito para la valoración representa, según el Colexio, “un retroceso en la garantía de un diagnóstico apropiado”. “Este documento es fundamental para evaluar no sólo la situación de salud de la persona solicitante, sino también su contexto social, familiar y económico, factores imprescindibles para ofrecer una resposta ajustada a sus necesidades”, aseguran.
Sin él, dicen, se impide una “visión integral” de la persona y su valoración se “reduce” a “criterios médicos y burocráticos” sin tener en cuenta “los condicionantes sociales que inciden directamente en su bienestar”.
