La defensa de Alberto González Amador pide paralizar la causa principal por defraudar impuestos al entender que sus cobros del gigante sanitario, en caso de ser irregulares como investiga la jueza, no tributarían y dejarían sus irregularidades fiscales por debajo del límite legal del delito
La justicia investigará si la pareja de Ayuso sobornó a un directivo de Quirón
Los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso han movido ficha después de que la Justicia haya avalado una segunda investigación contra él: por sus cobros del gigante sanitario Quirón durante la pandemia. La defensa de Alberto González Amador entiende que esta nueva ramificación del caso es incompatible con su imputación por fraude fiscal: si los cientos de miles de euros que obtuvo de esa empresa responden a algo ilegal, explica el empresario, no son cantidades por las que deba pagar impuestos y, por tanto, sus deudas fiscales quedarían por debajo del umbral del delito.
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado esta semana el recurso con el que González Amador pretendía frenar la nueva pieza separada abierta contra él en el juzgado. Una investigación por la compra de una empresa a la esposa del presidente de Quirón Prevención, medio millón de euros a cambio de una empresa “que carece de valor”, sin empleados ni apenas activos. Lo que las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid y la Fiscalía definen como un posible “soborno” o, incluso, una “comisión”.
La causa principal por el fraude fiscal de más de 350.000 euros ha estado paralizada durante meses a petición del propio González Amador a la espera de esta resolución sobre la pieza separada. Una vez recibida luz verde del tribunal, la respuesta del empresario ha sido pedir de nuevo la paralización de la causa principal, pero en esta ocasión usando un nuevo argumento: si el dinero que cobró de Quirón en esos años viene de un delito ya no puede ser investigado por defraudar impuestos.
“Los ingresos con origen delictivo objeto del proceso penal no deben dar lugar a su tributación”, explican los abogados de González Amador en un escrito citando una sentencia del Tribunal Supremo de 2001. La del conocido como ‘caso Urralburru‘, una de las causas judiciales en torno al exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Un caso en el que el socialista Gabriel Uralburru fue encarcelado por cobrar comisiones millonarias a cambio de conceder obras públicas cuando era presidente de la comunidad foral.
La defensa de González Amador explica que en 2020 cobró 275.000 euros de Quirón Prevención y otros 722.000 euros más el año siguiente. Si fuera algún tipo de cobro ilegal, añade, las cuotas del Impuesto de Sociedades por esas cantidades tendrían que ser descontadas del fraude fiscal que se le atribuye en la causa principal. El resultado, según sus cuentas, es que ni en 2020 ni en 2021 superaría el límite de 120.000 euros que marca el Código Penal para hablar de un delito contra la Hacienda Pública.
El empresario ha pedido a la magistrada poder declarar por esta segunda causa “tan pronto como lo permita la agenda del juzgado” para “clarificar cualquier extremo relacionado” con esas diligencias. Mientras tanto, explica, la causa por el fraude fiscal debe suspenderse “al resultar incompatible la existencia de delito fiscal alguno con que el origen de los ingresos de Quirón Prevención S.L. sean fruto de una actividad delictiva”.
González Amador compareció hace unas semanas en el juzgado para acogerse a su derecho a no declarar en la causa que investiga si usó un entramado de facturas falsas y defraudar, entre 2020 y 2021, más de 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades. La magistrada ha decidido impulsar el caso después de cuatro intentos fallidos para tomarle declaración y próximamente comparecerán los peritos de Hacienda que constataron las ilegalidades fiscales que el propio abogado del empresario reconoció por escrito ofreciendo un pacto a la Fiscalía incluso antes de ser denunciado.
