El Gobierno apacigua a Junts con la gestión compartida de la inmigración en Catalunya

El control de fronteras no pasará a ser competencia exclusiva de los Mossos d’Esquadra y la Generalitat no podrá imponer requisitos ni para emitir permisos de residencia o trabajo ni para devolver a personas inmigrantes a sus países de origen, pero Junts da por bueno el acuerdo alcanzado con el PSOE que desbloquea en buena medida el colapso de la legislatura. La negociación de la cesión de competencias migratorias, que se ha prolongado durante más de un año, ha dado como fruto un proyecto de ley orgánica registrado este martes en el Congreso mediante el cual la administración catalana asume buena parte de la gestión y burocracia que hasta ahora ejercían diferentes organismos del Estado, aunque siempre bajo los parámetros de la política migratoria recogida en la legislación nacional.

“La delegación de competencias se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución. Por tanto, este acuerdo nace de la Constitución y se aplica con ella en la mano”, defendió la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. A preguntas de la prensa sobre las líneas rojas que el propio Gobierno había establecido públicamente durante la negociación, Saiz rechazó que en la cesión a Junts, que exigió hace un año esta contrapartida a cambio del apoyo a un decreto económico, se traspasen en ningún caso los límites que marcan ni la Carta Magna ni la legislación comunitaria. “No se cede el control de fronteras. Los Mossos estarán y actuarán en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y que los Mossos y la Policía y la Guardia Civil se coordinen es muestra de que el Estado funciona”, defendió la ministra.

A pesar del contexto político en el que ha estado envuelta la negociación, con Junts en plena competencia electoral con la xenófoba Aliança Catalana por el discurso antiinmigración, desde el Gobierno aseguran sentirse “absolutamente cómodos” con la redacción de la propuesta registrada. “La exposición de motivos recoge el espíritu de la política migratoria de este Gobierno: el respeto a los derechos humanos, un discurso positivo en cuanto a la riqueza y la diversidad y el reconocimiento a que somos un país con memoria”, reivindicó Saiz en referencia a las generaciones de emigrantes españoles.

El Gobierno admite ahora que tras alcanzar la fumata blanca en las competencias migratorias espera más de la colaboración política reactivada con Junts. “Estamos trabajando de manera intensa para que pronto vea la luz la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería”, dijo la titular de Migración respecto al reparto de menores migrantes que Junts ya tumbó en el Congreso y que ahora, tras el acuerdo, parece dispuesto a apoyar. Otra cosa serán los Presupuestos, que en Moncloa insisten en que “se siguen trabajando”, aunque admiten que, en todo caso, se trata “de una carpeta distinta”.

Para Junts, mientras, este martes era por fin el día de enseñar sus trofeos. “Catalunya gestionará competencias que normalmente pertenecen a los estados”, afirmó en tono triunfalista Carles Puigdemont después de unas semanas en las que solo había podido exhibir enfado, votos en contra de políticas que en teoría acepta y recogidas de cable como la retirada de la petición de una cuestión de confianza a Pedro Sánchez.

El pacto firmado ahora culmina la aspiración de los independentistas de obtener una conquista visible y de relumbrón tras más de media legislatura de acuerdos con el Gobierno. Puigdemont concede que, aunque no se rehace definitivamente la confianza con Sánchez, “se da un paso importante en esta dirección”. Además, el hecho de culminar con éxito esta negociación, que ha sido larga y compleja, abre la puerta a nuevos acuerdos en otras materias, según afirman en Junts.

Los independentistas catalanes se felicitan por un acuerdo que, aseguran, colma sus exigencias en materia migratoria. Creen que la gestión catalana de esta materia es suficiente para garantizar una “solución catalana a un problema catalán”, es decir, que haya unas políticas de migración propias y adecuadas con el grado y tipología de personas que llegan a Catalunya y, también, que haya políticas de integración en lengua catalana. Algo que, sin embargo, no aparece en el texto acordado.

“Una persona que llegue a Catalunya tendrá la Generalitat como referente único para sus trámites”, afirmó este martes el secretario general de Junts, Jordi Turull, que defendió la importancia de que los migrantes sepan que en Catalunya hay una lengua y una cultura propia. “Cuando lleguen a la frontera encontrarán un ‘bon día’ y cuatro barras en el escudo de un mosso”, dijo en tono más afectado Míriam Nogueras.

Junts recuerda, además, que no serán ellos quienes, al menos de entrada, deban gestionar estas competencias, ya que lo hará el Govern, actualmente en manos de Salvador Illa y el PSC. “Les damos una oportunidad perfecta”, aseguró Puigdemont, que trató desde el primer momento de marcar el paso a Illa, por ejemplo respecto a que el conocimiento del catalán se tenga más en cuenta que hasta ahora para probar el arraigo social de la inmigración.

En el Ejecutivo catalán, por su parte, celebran con discreción un pacto que aumenta el perímetro del autogobierno. A la vez, se preparan para el reto que supone desplegar estas nuevas obligaciones, con dos focos principales. El primero son los Mossos, un cuerpo acostumbrado y preparado para tomar el control de nuevos ámbitos, pero que está experimentando un crecimiento acelerado en los últimos años. El segundo, la burocracia y los servicios sociales, que deberán multiplicarse para poder gestionar eficazmente sus nuevas tareas.

Uno de los iconos del choque en las políticas migratorias entre el Estado y la Generalitat ha sido, históricamente, el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, que ahora recaerá en la administración catalana. Los movimientos antirracistas han puesto su objetivo en este lugar y partidos de todo el arco parlamentario, incluyendo Junts y el PSC, se han mostrado partidarios de cerrarlo.

Este martes era Puigdemont quien tachaba de “inhumano” ese CIE y consideraba que debería “replantearse”. Pero como ocurre en otros ámbitos, las palabras de Junts chocan con lo que realmente está escrito en la ley, ya que la Generalitat solo podrá gestionar el CIE de acuerdo con la normativa estatal. Lo cual no quiere decir que no pueda mejorar las condiciones de las personas internas.

El camino a los Presupuestos

Pese a que este acuerdo era una de las grandes líneas rojas que el partido reclamaba al Gobierno antes de seguir negociando más cosas, los de Carles Puigdemont no dan ni mucho menos por sentado que vayan a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, con los que Pedro Sánchez tendría asegurada la estabilidad de la legislatura. Fuentes de Junts aseguran que la cuestión de las cuentas públicas no está “ni bloqueada ni desbloqueada”, simplemente no está sobre la mesa. Por un lado, porque el Gobierno, dicen, todavía no ha emprendido conversaciones sobre el asunto. Y por otro, porque creen que aún hay otras carpetas que para ellos tienen más urgencia. 

Una de ellas es la de la aplicación de la amnistía, en la que el Gobierno tiene poco margen de actuación, aunque la principal, aseguran, es la aprobación de la oficialidad del catalán en la Unión Europea, uno de los compromisos que adquirió Sánchez con Junts en el verano de 2023 para allanar su investidura. El Gobierno hizo los últimos movimientos en este sentido a finales del año pasado, aunque se trata de un asunto complicado, puesto que conseguir la oficialidad de una lengua requiere la unanimidad de los 27 países de la UE. 

En Junts confían en que la tramitación parlamentaria de esta ley irá tan rápido como lo permitan los plazos parlamentarios. Fuentes del partido creen que el Partido Socialista también tiene la voluntad de que la ley fluya con rapidez en su camino en el Congreso aunque se resisten a vaticinar plazos. 

Uno de los principales escollos que podría encontrarse la tramitación parlamentaria está en Podemos, que ya ha advertido de que no dará sus votos para una reforma como esta. “Lo que es urgente en nuestro país es que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular de regularización que lleva un año esperando. El PSOE ha pactado con Junts, un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana, darles las competencias de migración. No se hará con los votos de Podemos”, dijo su secretaria general, Ione Belarra, en un tuit este mismo martes, tras conocer el pacto. 

No obstante, en unas declaraciones algo más tarde en Canal Red precisó que si Junts demuestra “que no es un partido racista” estarían dispuestos a sentarse a negociar. “Cuando haya garantías de que estas competencias no se van a usar para hacer políticas cada vez más racistas, Podemos se sentará a hablar. Hasta entonces, nosotras con la ILP, que es lo más urgente” sostuvo la líder de la formación, cuyos cuatro diputados son indispensables para sacar adelante esta proposición de ley, que al ser orgánica precisa de mayoría absoluta en el Congreso. 

Fuentes de Junts, sin embargo, restan importancia a esos avisos y aseguran que hablarán con Podemos para tratar de explicarles el sentido de la iniciativa. “No habrá problema en poder explicar que de lo que trata esta ley es de dotar de más autogobierno a Catalunya”, explican esas mismas voces.