Colectivos LGTBI+ se preguntan por qué Ayuso y su Gobierno les ha «declarado la guerra en Madrid» reformando leyes ya aprobadas y suprimiendo organismos como la Subdirección de Igualdad LGTBI, mientras Vox aprieta para derogarlo todo
Ayuso elimina la Subdirección General de Igualdad LGTBI del organigrama de su Gobierno
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez da pasos para proteger a los colectivos LGTBI, con la entrada en vigor de un protocolo de actuación que evite la discriminación de las personas trans en el ámbito laboral, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rema hacia atrás y en estos dos años de mandato ha acometido una ofensiva en toda la regla contra estos grupos, con recortes legales, eliminación de ayudas y desmantelamiento de organismos que amparaban sus derechos.
El partido de Santiago Abascal, sin embargo, quiere más y ha exigido al PP en varios parlamentos autonómicos –incluida la Asamblea de Madrid– que apoye la derogación de las normas regionales que protegen a estos colectivos.
Aunque los conservadores han rechazado llegar a tanto, en Madrid, el PP de Ayuso votaba el pasado 13 de febrero en contra de una iniciativa impulsada por Más Madrid que pretendía que las terapias de conversión para personas del colectivo LGTBIQ+ sean delito. Ayuso se unía así a Vox en el pleno de la Asamblea de Madrid para rechazar la Proposición no de Ley (PNL) argumentando que con esta medida los partidos progresistas pretenden atacar a la Iglesia, después de que la Asociación Española contra las Terapias de Conversión denunciase que siete diócesis siguen acogiendo estas prácticas.
Ahora, cuando se está a punto de cumplir dos años de la victoria por mayoría absoluta del PP tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, la asociación para la equiparación social y legal de personas LGTBI+ migrantes y refugiadas, Arcópoli, ha querido recordar todos los recortes que ha ejecutado el Gobierno regional madrileño que preside Ayuso, a la que en un comunicado que han hecho público estos días le preguntan: “¿Por qué quiere arrebatarnos nuestros derechos?”; “¿Por qué ha decidido colocar al colectivo LGTBI+ en el punto de mira?”, y “¿Qué hemos hecho nosotros para merecer tanto desprecio?”.
Según relatan, “en los últimos años, la Comunidad de Madrid ha sido testigo de una serie de acciones políticas e institucionales que han generado una creciente preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos LGTBI+”. “Estas medidas, lideradas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y la diputada y portavoz de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín, parecen apuntar a una sistemática erosión de los derechos y protecciones del colectivo LGTBI+, con un énfasis particular en la comunidad trans”, lamentaban después. “¿Por qué estas tres mujeres nos odian tanto?, ”¿por qué tanto ensañamiento?“, se preguntan.
Lo cierto es que a lo largo de estos dos años la presidenta regional madrileña se ha dedicado a modificar leyes y a eliminar organismo que protegían y amparaban los derechos de los colectivos trans y LGTBI. El primer paso que dio la dirigente del PP fue la modificación de las Leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, aprobadas en 2016 por el Gobierno de su antecesora, Cristina Cifuentes. Lo advirtió antes de las elecciones de aquel año ya que el primer intento para derogarla, planteado por Vox, no fructificó al decaer la iniciativa. “Tendrá que ser el PP en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata”, advirtió entonces Ayuso. Dicho y hecho. En noviembre de 2023 su grupo presentó en la Asamblea de Madrid dos proposiciones de ley para reformar ambas normas.
La reforma se aprobó en diciembre. Según el preámbulo del nuevo texto la nueva normativa buscaba corregir aspectos que, a juicio del gobierno de Ayuso, “podían conculcar derechos como la libertad de expresión y de prensa, así como la presunción de inocencia”. En la ley trans, se eliminó el concepto “identidad de género”, se marcó que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicitó que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serán muestra de discriminación. En educación se eliminaron los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.
El Gobierno de Ayuso aprovechó para eliminar también otros artículos como el que conminaba a las instituciones a visibilizar al colectivo LGTBI+ con campañas, pero también la celebración del 17 de mayo (Día internacional contra la LGTBIfobia) y la obligación de instalar la bandera arcoíris en las sedes de la Asamblea y de la Comunidad ese día. Tampoco se pusieron nunca en marcha la creación del Centro de Documentación y de Memoria Histórica LGTBI ni el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid. El colectivo se vio igualmente privado de adecuar en Madrid su documentación autonómica (tarjeta sanitaria, carné de la biblioteca, tarjeta de transporte etc.…) a su identidad de género teniéndose que acoger a la ley estatal. La proposición de ley mantuvo la prohibición de las terapias de conversión excepto en el caso de las personas trans.
En Vox aseguraron que era “un gran día” a pesar de que su partido quería ir más lejos aún. La histórica activista LGTBI y diputada de Más Madrid, Carla Antonelli, fue muy dura con la bancada del PP a los que acusó de “vivir en la indigencia moral de cualquier empatía”. Antonelli aseguró que Ayuso “consuma un acto de cobardes, miserables y malas personas por la puerta de atrás”. “A escondidas se lleva adelante la aberración de la señora Ayuso”, sentenció. El Gobierno central llevó ante el Constitucional varios artículos derogados alegando que invadían “competencias estatales” y recogían normas “claramente regresivas, que limitan derechos de los ciudadanos” y la ley quedó en suspensión cautelar. El tribunal también admitió a trámite un recurso similar pero presentado por el Defensor del Pueblo.
Pero Ayuso maquilló el texto para sortear el veto del alto tribunal y volvió a llevar los recortes al Pleno de la Cámara regional que le dio el visto bueno en octubre de 2024 tras pedir su tramitación en lectura única por la vía de urgencia. Tanto la COGAM como Arcópoli consideraron que estas modificaciones representaban un “grave retroceso en materia de derechos humanos y una grave discriminación legal hacia las personas LGBTI+, y ”un giro propio de la ultraderecha más reaccionaria, un eco de aquellos que niegan la diversidad y pretenden imponer un modelo único y excluyente de sociedad“.
Otra de las decisiones del Gobierno de Ayuso que ha denunciado Arcópoli es la eliminación de subvenciones específicas para el colectivo LGTBI+. “En 2024, el gobierno de la Comunidad de Madrid decidió suprimir las convocatorias de subvenciones destinadas específicamente a organizaciones LGTBI+”, recuerdan. Esta medida fue justificada por el gobierno regional argumentando “una reestructuración y racionalización de los recursos públicos”. Sin embargo, lamentan los colectivos, “esta decisión ha generado un recorte financiero en proyectos tan necesarios como el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia afectando directamente a la comunidad LGTBI+ en la región”.
A todo eso hay que sumar la supresión de la Subdirección General de Igualdad LGTBI del organigrama de su Gobierno. Ayuso aprovechó la reestructuración en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales realizada en diciembre de 2024, para llevarse por delante ese departamento que velaba por la protección de personas LGTBIQ+. La maniobra normativa del Ejecutivo autonómico de Ayuso pasó por sustituir la Dirección General de Igualdad por la nueva Dirección General de la Mujer, mientras las competencias de Subdirección pasaban a la Subdirección General de Integración Social.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, afirmó entonces que “no se había dejado de asumir ninguna competencia” tras esta eliminación. No obstante, entidades como Arcópoli y COGAM manifestaron su preocupación, considerando esa acción como un “alarmante retroceso” en la protección y promoción de los derechos LGTBI+ en la comunidad.
Desde estos colectivos consideraron que “la existencia de instituciones que aborden las desigualdades y garanticen el respeto a los derechos humanos” eran “fundamentales”. Por ese motivo instaron al gobierno regional a que reconsiderara la medida, “reafirmando su compromiso con la igualdad y la diversidad”.
En el comunicado que hizo público Arcópoli la semana pasada reflexionan sobre “las motivaciones” que puede haber detrás de estas acciones del gobierno regional madrileño. “Algunos analistas sugieren que podrían estar influenciadas por corrientes ideológicas ultraconservadoras que buscan revertir avances en derechos sociales obtenidos en décadas recientes. Otros apuntan a posibles estrategias políticas para satisfacer a sectores específicos del electorado que se oponen a las políticas de igualdad y diversidad”, apuntan.
La asociación vuelve a hacer un llamamiento a las autoridades regionales “para que reconsideren estas decisiones y trabajen en pro de una sociedad inclusiva, donde los derechos de todas las personas sean respetados y protegidos, sin importar su orientación sexual o identidad de género”. “No pedimos privilegios, solo igualdad. No exigimos favores, solo respeto”, zanjan en su comunicado.
