El Gobierno central, que publicará «en los próximos días» la relación de bienes a expropiar, pide «más voluntad política» a la Junta, que vuelve a advertir de que esta vía puede «eternizar» el problema
Expropiar El Algarrobico, alternativa a dos décadas de impotencia para restaurar la legalidad en los tribunales
La reunión de la comisión mixta de El Algarrobico, celebrada este lunes entre Gobierno de España y la Junta de Andalucía, debía ser de tipo técnico y servir para acercar posturas entre dos administraciones que, dicen, sólo quieren acabar con la mole situada a pie de playa en Carboneras (Almería) y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. Sin embargo, ha derivado en las últimas horas en un nuevo episodio de la bronca política que se inició hace apenas un mes, cuando María Jesús Montero, vicepresidenta y también futura candidata a presidir la Junta, anunció que el Gobierno expropiaría los terrenos, titularidad de la promotora Azata del Sol, S.L. para demolerlo.
Aquel anuncio, sorpresivo para casi todos, generó un hondo malestar en el Gobierno andaluz, cuyo presidente Juan Manuel Moreno lleva tiempo diciendo que derribar El Algarrobico es una de las prioridades de este mandato. Este miércoles, la portavoz Carolina España ha vuelto a apuntar al Gobierno central (y a su vicepresidenta, María Jesús Montero) por el anuncio sorpresivo de la expropiación, anticipando que la expropiación puede dar lugar a que todo “se eternice”.
Por ahora, la Junta mantiene que lo más rápido para lograr el derribo del mamotreto es mantener la presión para que el ayuntamiento de Carboneras revise la licencia que concedió a la promotora en 2003. Una vía que, pese a contar con sentencia judicial firme desde hace años, sigue estancada por la resistencia más o menos explícita del consistorio en dar pasos efectivos en dirección a la demolición. Recientemente, el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos), que dice no tener recursos humanos para ser más ágil (hasta diciembre decía que le faltaba secretario, ahora arquitecto municipal), ha estimado que tardaría cinco años en completar el proceso.
Por eso, José Ignacio Domínguez, que en representación de las entidades ecologistas lleva cuatro años intentando en vano ejecutar la sentencia que obliga a Carboneras a reclasificar el suelo, cree que la vía más rápida sería una revisión de la licencia, pero no por el ayuntamiento, sino por el propio tribunal. Y si no, es partidario de impulsar la vía de la expropiación. Cree que insistir en que el consistorio revise la licencia, como pretende el Gobierno andaluz, es una forma “de dar largas”, un “callejón sin salida” que en realidad mostraría la nula voluntad de derribar el hotel. “Porque si tras la revisión se anula, Azata recurrirá; y si no se anula, recurriremos nosotros”, anticipa.
Dudas de la Junta de Andalucía
Este martes, la comisión Junta-Gobierno, constituida en 2011 pero de escasa actividad hasta 2016, volvió a reunirse a petición del Ejecutivo de Moreno, que la preside precisamente hasta mañana. Los comunicados emitidos al final del encuentro, telemático y técnico, sirvieron para constatar que las dos administraciones no van de la mano.
El Ministerio para la Transición Ecológica dijo seguir “firme” en su propósito de expropiar la parte del hotel situada sobre la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre (en torno al 40% de la edificación), lo que “hará posible la demolición”. El siguiente paso es publicar la relación de bienes de “necesaria ocupación”, algo que se anunció para “los próximos días”, y abrir un trámite de 15 días para que cualquiera alegue.
La Junta de Andalucía discrepa de esta vía, y así lo hizo saber. Según su comunicado, pidió aclaraciones sobre cuestiones técnicas y jurídicas, y el Ministerio no dio respuesta. “Sin que se le remita la información necesaria sobre la expropiación proyectada por el Estado, [la Junta] no puede decidir sobre la tramitación por su parte de un procedimiento expropiatorio con las debidas garantías”, señaló, en referencia al 60% que el Ministerio le ha pedido que expropie.
Entre las cuestiones sin respuesta que habría planteado el Gobierno de Moreno están el recurso o no a la vía de urgencia, los criterios para fijar el justiprecio (que determinarán la indemnización a la promotora) y el “procedimiento específico” para llevarlo todo a cabo.
Gobierno central: falta “voluntad política”
Ambas administraciones persistieron el miércoles en subrayar sus posiciones, a pesar de que hace tiempo que están claras. Abrió fuego Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno acusó al Ejecutivo central de “cambiar de opinión” para abrazar ahora una vía, la de la expropiación, que fue explorada en vano cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente.
En San Telmo creen que la iniciativa de expropiar puede dar lugar a nuevos recursos judiciales que enmarañen, aún más, un asunto que ya da para tratado de derecho administrativo. “Se puede eternizar”, ha advertido España sobre un tema que ya va para veinte años.
Desde el Ministerio deslizan que a la Junta le falta “voluntad política” para desbloquear la situación, que no busca “nuevas soluciones más allá de la inacción” y le piden más colaboración. El Ministerio cree que la vía de revisar y eventualmente anular la licencia “se ha venido demostrando fallida año tras año” por la falta de colaboración municipal, sin la cual todo cae en saco roto.
En el gobierno de Carboneras se han sucedido en los últimos años alcaldes del PSOE (Cristóbal Fernández [1999-2011], que impulsó el hotel, y José Luis Amérigo [2019-2023], del PP (Felipe Cayuela [2023-2024]) y del Grupo Independiente y ahora Ciudadanos (Salvador Hernández [2011-2018 y 2024 hasta la actualidad]. Ninguno ha desbloqueado la situación, y más de uno ha puesto palos en las ruedas. Por ejemplo, Amérigo (sobrino de Fernández) fue apercibido de multa por su resistencia a cumplir en sus términos la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que desde 2016 obliga a reclasificar el suelo como no urbanizable, que sigue sin estar plenamente ejecutada. Y el último, Hernández, se ha mostrado abiertamente favorable a negociar con la promotora y estudiar el posible uso del mamotreto como “hotel o residencia”.
Sin voluntad de usar el derecho de retracto
El Gobierno de Moreno está sorprendido por la nueva apuesta del Gobierno central, que no había dicho nada de la expropiación hasta que Montero la anunció por sorpresa a los pies de El Algarrobico el 10 de febrero. Tampoco el año pasado en la comisión mixta.
La Junta sigue sin estar dispuesta a usar la baza de la tercera vía: el ejercicio de un derecho de retracto, que suponía adquirir a la fuerza el terreno por una cantidad fija, 2,3 millones. La Junta ganó este derecho en los tribunales, pero no lo ha ejecutado porque cuando intentó hacerlo se encontró con el rechazo del Registrador de la Propiedad. Esto suponía brindar a la promotora una nueva oportunidad para torpedear el proceso abriendo otro frente judicial en vía civil. Así que en 2016 el Gobierno socialista de la Junta, tras anunciar incluso que consignaba el dinero, acabó desistiendo. Y el de Moreno no se ha movido y asegura ahora que la sentencia que le concede el retracto es “inejecutable”.
La reunión de la comisión bilateral, un teórico órgano de cooperación, ha servido para constatar que ambas administraciones siguen firmes en sus posiciones, cada una de las cuales abre un camino distinto, y quizá con distintos obstáculos, en teoría hasta el mismo fin: demoler El Algarrobico.
