El Tribunal Constitucional, por mucha mayoría de respaldo que tenga este gobierno en él, no puede darle las bendiciones a esta norma. No puede y espero que no lo haga, que todo quede en un gesto. Espero incluso que la norma no llegue al TC
Al salir de ciertas bocas, la misma verdad tiene mal olor
La inmigración impacta en la sociedad europea, la cambia, la transforma. En pocos años se ha incrementado el fenómeno migratorio y por ello afecta ya a cuestiones culturales, sociales y económicas. La migración supone un desafío al cual hay que dar respuesta apostando por una migración regular, ordenada y segura. [Léase la inmigración es un problema en Europa y en nuestro país]
La sociedad que acoge esa inmigración recibe un impacto transversal en cuestiones como el sistema educativo, el sanitario, los servicios sociales, las infraestructuras y hasta en el uso de los espacios públicos, por lo que se incrementan las necesidades en todos esos ámbitos. La responsabilidad de los gobiernos está en evitar los posibles efectos que pueden representar un riesgo para la cohesión social y la convivencia. Lo pueden aprovechar los radicalismos que abarcan desde la xenofobia y el racismo hasta el integrismo religioso y el terrorismo, fenómenos ante los cuales la democracia debe reaccionar y actuar sin complejos.[Léase la inmigración trae problemas de seguridad y de convivencia]
Los migrantes adquieren unos derechos propios de nuestra sociedad pero también unos deberes claros. Para ello es necesario un nuevo contrato social para protegerles a ellos pero también a la sociedad de acogida, a su lengua y a su cultura. Es preciso proteger los valores ligados a la convivencia, el trabajo, el esfuerzo… “. [Léase hay que protegerse de la inmigración]
Todo lo anterior lo ha firmado el PSOE en la proposición de ley que ha presentado en el Congreso para la delegación de las competencias en inmigración y fronteras en la Generalitat. Patxi López ha puesto su firma en un conjunto de afirmaciones que, ciertamente van trufadas en la exposición de motivos por párrafos añadidos por los socialistas para hacerlo más digerible, pero que en esencia podrían haberlo muchos responsables políticos de partidos a los que dirigen invectivas todos los días. Por eso oyes a Elma Sáiz hablar de este proyecto de ley y te parece que se trata de otro diferente. Pudiera ser que como opinan muchos lo que antecede sea una realidad que de una vez por todas deben asumir los partidos progresistas y buscarle una solución pero, de ser así, deberían hacerlo para todos los lugares del territorio nacional y no solo para uno. Ese uno del que usted me habla. Ese uno del que dependen unos votos o una legislatura.
La exposición de motivos del proyecto de ley que delega las competencias a Catalunya considera que son necesarias porque en la proximidad se gestionan mejor todos estos problemas. ¿Se lo decimos a los canarios, a los ceutíes, a los melillenses o si me apuran hasta a los andaluces? Que creo que no va de eso, que no se aprecia que estos territorios que reciben avalanchas migratorias vayan a poder gestionar mejor tales llegadas si se les otorga una delegación de competencias, que son solo los catalanes los que podrán aprovechar tal oportunidad para que las cosas vayan mucho mejor que cuando las gestiona el propio Estado. ¡Bien queda el Gobierno firmando eso, la verdad!
Lean si tienen oportunidad la exposición de motivos de la nueva proposición de ley arrancada por Puigdemont y verán claramente dónde los socialistas se han dedicado a meter unas morcillas que hicieran más digerible lo que les he extractado aunque, en resumen, venga a decir que la inmigración es un problema que impacta en la sociedad con sobrecarga de las infraestructuras, con problemas en los colegios y hasta con riesgos para la seguridad. Por eso es preciso proteger a la sociedad catalana de tal invasión, aunque no se le ocurra decir lo mismo en cualquier otro territorio o le mandarán a la ultraderecha a la voz de ya.
No extraña que Podemos se haya plantado de salida a la aprobación de tal proyecto. Lo que extraña es que con el discurso que mantiene a diario Sánchez lo haya firmado el PSOE, pero cosas veredes, querido Sancho. Falta por saber qué dirá Sumar, aunque lo podemos imaginar. Pronto Euskadi pedirá el mismo trato y me extrañaría que el resto de comunidades no acudiera al constitucional por trato discriminatorio.
Esa es otra. La norma es abiertamente contraria a la letra de la Constitución. El artículo 150 se podría interpretar si no existiera un artículo 149 que enumera, una por una, las facultades que sólo puede ejercer el Estado central y que son muy lógicas. No hay un solo país europeo –ni la federal Alemania ni la confederal Suiza– que tengan delegadas a länder o cantones la gestión de la inmigración, las expulsiones, los permisos de residencia o el control de las fronteras. No lo hay porque obviamente son cuestiones que afectan al núcleo del estado y a la propia soberanía. Así que los problemas no va a ser únicamente constitucionales sino que van a afectar a la colisión con otras regulaciones nacionales – lo que se podría arreglar reformando esas leyes orgánicas- y a la regulación europea.
Las fronteras españolas que se encuentran en Catalunya son fronteras europeas y en el reglamento del espacio Schengen se recoge que sólo los estados pueden custodiarlas. Lo mismo sucede con los permisos de residencia, que permiten moverse por todo el espacio de seguridad unificada europeo. Así que es posible que la cuestión acabe también además de ante el Constitucional ante la Comisión Europea y creo que así lo habrán contemplado los socialistas porque, esta vez sí, le han dado a Puigdemont “competencias de estado” y eso es pasarse mucha frenada para cualquiera que lo mire, máxime si es progresista, internacionalista y poco partidario de los nacionalismos excluyentes, que también de forzar la adquisición de la lengua catalana va la cosa. Lo mismo que prever que el número de Mossos se incremente hasta el equivalente a cinco brigadas.
En resumen, que los planteamientos con los que Junts ha arrancado esta legislación no son los que los socialistas mantienen día a día; que llevan razón los que consideran que la norma es inconstitucional y que supone una pieza más del desmembramiento del estado que les fue confiado al llegar al poder. No todo vale ni el fin justifica los medios. La retirada de una PNL o unos presupuestos no compensan el desguace de la España constitucional tal y como la conocemos. Lo de la amnistía no es nada al lado de esto. Lo de la amnistía –si no llega a ser por cómo se hizo el fin y la necesidad no justifican los medios– no revestía la gravedad que le han otorgado, pero esto sí, esto la tiene.
El Tribunal Constitucional, por mucha mayoría de respaldo que tenga este gobierno en él, no puede darle las bendiciones a esta norma. No puede y espero que no lo haga, que todo quede en un gesto. Espero incluso que la norma no llegue al TC, que la tire Podemos antes.
Patxi ha firmado un nuevo “contrato social” sin poder hacerlo y eso no tiene cabida en la convivencia de un país que aspira a ser algo más que un puzzle y a tener su lugar y su peso en Europa.
