Un informe de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias reconoce que el tiempo de respuesta del teléfono 112 se disparó hasta los casi seis minutos el pasado 29 de octubre
Mapa interactivo – Lo que revelan las llamadas al 112 sobre lo que pasó el día de la DANA: anatomía del desastre, minuto a minuto
La Generalitat Valenciana ha adjudicado un contrato de emergencias, por un importe de 424.782,73 euros, a la empresa Ilunion, adjudicataria de la gestión del 112, para compensar el aluvión de llamadas del pasado 29 de octubre, día de la DANA y de los siguientes días, incluyendo los avisos al teléfono habilitado para los familiares de desaparecidos, según indica el contrato firmado el pasado 18 de febrero por la secretaria autonómica Irene Rodríguez.
La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) mantiene un contrato con Ilunion Emergencias SA para la gestión del 112 entre 2023 y 2027, por un valor total de 30,8 millones de euros. Sin embargo, tal como recuerda un informe del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y de la jefa de servicio, Inmaculada Piles, los pliegos del contrato establecen un método de cálculo que prevé un incremento del 20% en caso de modificación por “contingencias sobrevenidas”.
Tal fue el caso del pasado 29 de octubre, jornada de la catastrófica DANA que ha dejado 227 fallecidos (tres de ellos, aún desaparecidos), con un “doble impacto” en la carga de trabajo del 112. El volumen de trabajo suplementario incluye, por un lado, la atención y gestión de las llamadas relacionadas con la emergencia y las de la fase posterior de “recuperación y vuelta a la normalidad”.
También incluye la atención del teléfono habilitado para los familiares de personas desaparecidas, activado al día siguiente de la DANA con refuerzo de personal técnico y que llegó a recibir los primeros días hasta 2.500 llamadas, tal como informó elDiario.es. El informe firmado por Jorge Suárez e Inmaculada Piles elevan a un total de 15.203 las llamadas al teléfono de desaparecidos entre el 29 de octubre y el 15 de noviembre.
Además, la avalancha de llamadas se solapó con la operación ordinaria del 112 de situaciones de emergencias que no estaban relacionadas con la barrancada. La sala de atención de llamadas del 112 registró 2.073 incidentes el 29 de octubre y 3.040 al día siguiente. El 31 de octubre, la cifra bajó a 1.985 incidentes.
La Conselleria de Emergencias e Interior, dirigida por Juan Carlos Valderrama, aportó el pasado 4 de marzo a la jueza instructora de la causa de la DANA la lista detallada con las llamadas recibidas por el 112, además de las localidades de procedencia, durante toda la jornada de la barrancada. La documentación desvela que el departamento autonómico de Emergencias recibió numerosos avisos del desbordamiento del barranco del Poyo desde las 16.40, más de tres horas antes del envío de la alerta masiva a los móviles.
Antes de que se enviara el Es-Alert —a las 20.11— en el 112 se recibieron decenas y decenas de avisos sobre niños, bebés y mujeres embarazadas atrapados por la riada. Unas llamadas de las que la entonces consellera Salomé Pradas, con el mando único en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), se ha desentendido alegando que no formaban parte de sus “funciones institucionales”.
Durante la interrupción de la reunión del Cecopi ordenada por Pradas, entre las 18.00 y las 19.00, el 112 recibió la cantidad exacta de 1.439 llamadas, según el informe de la Generalitat remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.
Casi seis minutos de tiempo de respuesta el día de la DANA
El Gobierno valenciano alegó que en la DANA de 2019 en la comarca de la Vega Baja se recibió una cifra de llamadas similar (14.374 entre las 00.00 y las 19.00 del 13 de septiembre de aquel año). Sin embargo, en aquella DANA, en la que murieron tres personas, el Cecopi estaba reunido con 48 horas antes de las inundaciones y el Puesto de Mando Avanzado desplegado sobre el terreno con antelación.
Los responsables de la AVSRE reseñan en su informe el “impacto” de la carga de trabajo en el tiempo de respuesta del 112, que el pasado 29 de octubre se disparó hasta los casi seis minutos.
Entre el día de la barrancada y el 13 de noviembre, la empresa activó recursos extraordinarios que supusieron 2.613,75 horas extraordinarias de trabajo. Además, los pliegos del contrato imponían a Ilunion Emergencias SA una “evaluación continua” y un “plan de mitigación” de los “riesgos psicosociales a los que están expuestos los trabajadores por el desempeño de sus funciones”.
Así, la empresa puso a disposición de los trabajadores del 112 “sesiones grupales con personal especializado” en intervención psicológica. La AVSRE estimaba que se necesitaba una veintena de sesiones grupales.
Más seguridad para “las más altas autoridades del Estado”
Por otro lado, la AVSRE también adjudicó el pasado 14 de febrero otro contrato de emergencia a la firma Med Seguridad SA para el refuerzo del servicio de vigilancia del recinto del Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana con motivo de la gestión de la DANA.
En el informe justificativo, Jorge Suárez explica que, tras la constitución del Cecopi en las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias (CEE), el “despliegue” de “responsables políticos y técnicos” de todas las administraciones “desbordó” los dispositivos habituales de seguridad y de control de accesos a las instalaciones. Se trata, según apostilla Suárez, de una catástrofe que “supera cualquiera otra situación vivida desde la creación” del CEE.
Los reyes, en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana el pasado 3 de noviembre.
Así, para “complementar” las medidas de seguridad que “conlleva la presencia de las más altas autoridades del Estado y de la Comunitat Valenciana”, en referencia a la presencia de los reyes, del presidente Pedro Sánchez y de varios de sus ministros y del jefe del Consell, Carlos Mazón, y algunos de sus consellers en los días posteriores a la DANA, se requirió a la empresa adjudicataria que aumentara el dispositivo con un vigilante no armado los días laborables y con otro armado los festivos y los fines de semana.
El precio del contrato de refuerzo de la seguridad, con un plazo comprendido entre el 1 y el 24 de noviembre, asciende a 6.070 euros.
