Anisa, desalojada de una casa que niega que esté en ruinas: «Es un abuso, pago una hipoteca de 700 euros»

Anisa Mohamed Ahmed sacó el móvil del bolsillo y pulsó el botón de grabar. Durante sesenta y nueve segundos recorrió los rincones de un bajo de dos habitaciones y unos ochenta metros cuadrados. Es su casa, de la que, paradójicamente, no puede disfrutar. Aunque paga todos los meses una hipoteca y nunca la ha alquilado, no puede entrar en ella. No es que la tenga okupada. A Anisa, junto a su marido, sus dos hijos (la pequeña, en ese momento, era menor de edad) y su perro, la desalojaron el 17 de diciembre de 2021. 

¿El motivo? El peligro de derrumbe de un bloque declarado en estado de ruina. El nombre del edificio acaparó portadas y encabezó informativos en radio y televisión, no sólo a nivel insular. En Eivissa, la historia de los Don Pepe entró en las tertulias de muchos ibicencos. Era complicado recordar un desalojo tan masivo como aquel. Cincuenta familias se habían quedado sin hogar. Saliendo del COVID, a las puertas de las fiestas navideñas y en un territorio finito donde los precios del alquiler se desbocaron hace más de una década.

Casi tres años más tarde, Anisa decidió entrar en la vivienda. Fue entonces cuando grabó aquel vídeo que comparte ahora por WhatsApp. Aquel día, 25 de octubre de 2024, la vecina desalojada no estaba sola. Había acudido con su “amiga Isi” (Isidora Martín, la vecina del quinto piso de su escalera). Las dos se saltaron el precinto. Sonaron las alarmas y acudió la Policía Local. Adrede, querían llamar la atención del alcalde que, según Anisa, apareció con algunos funcionarios municipales. Ella recuerda, con vehemencia, el momento: “Quería enseñarles, como se ve en el vídeo, que mi casa, por la que pagamos una hipoteca de 700 euros todos los meses, no estaba en ruinas”.

La historia de los Don Pepe

Para entender el origen del embrollo de los Don Pepe hay que retroceder hasta 1964. Un grupo de pilotos de Iberia solicita una licencia para construir un edificio junto al aeropuerto y a menos de cien metros de la costa. Concedida. Se levantan dos bloques, y en el que cuenta con un permiso de obra guardado en los archivos urbanísticos del Ayuntamiento, una planta más de lo permitido. 

Los Don Pepe serán un ejemplo de la –casi– nula planificación urbanística en la Eivissa del boom del turismo. Un ejemplo muy visible: las cinco alturas de los edificios rectangulares son lo primero (o lo último) que ven los viajeros que miran por la ventanilla cuando aterrizan o despegan de un aeropuerto por el que pasan nueve millones de pasajeros cada año. En 2001, la larga playa de cantos rodados junto a la que se encuentran, es Codolar, quedará incluida en el Parc Natural de ses Salines. La riqueza del ecosistema es innegable. Mar y estanques salineros. Un paraje casi virgen. Frágil.

Con todo ello, la vida siguió en los Don Pepe. Los habitantes originales –personal de la entonces aerolínea pública española– venderán sus pisos con el paso de los años. Entrarán a vivir nuevos propietarios, otros se alquilarán. Se firmarán hipotecas, y se pagarán impuestos y tasas municipales, se asfaltará el único camino que puede tomarse para entrar y salir de un vecindario donde se empadronarán familias, también en el bloque ilegal: su licencia de obra nunca ha aparecido. Por eso, los proyectos para reformar el edificio que presentaron los propietarios de los pisos –varias veces– nunca se tramitaron.

Al acabarse la dictadura y aprobarse por referéndum la Constitución, todos los residentes de los Don Pepe podrán votar en las diez elecciones municipales que se celebrarán (dos alcaldes del PP y uno del PSOE se pasarán la vara de mando durante esos años), hasta que el 30 de mayo de 2020, en pleno desconfinamiento, la caída de un fragmento de forjado encienda las alarmas. De urgencia se encarga un diagnóstico del edificio a un despacho de arquitectura. La conclusión de ese documento era contundente. Además de los desperfectos visibles –por ejemplo, en las fachadas exteriores–, había daños estructurales. El 4 de junio se realizan los primeros desalojos. Una escalera entera. Para curarse en salud, se apuntaló.

Ainsa e Isidora entraron en la casa declarada en ruinas.

Varios vecinos sacan sus enseres a la calle durante el desalojo forzoso de las familias que viven en los apartamentos Don Pepe.

Es en aquel momento cuando empieza a deshacerse una comunidad de vecinos que estrecha vínculos y construye proyectos vitales alrededor de unos pisos que, cuando Anisa y su marido, con el hijo mayor todavía durmiendo en cuna (tenía dieciocho meses), se hipotecaron era uno de los lugares de la isla más baratos para comprar una casa. A esta familia, su bajo les costó algo más de cien mil euros. Lo compraron en 2004.

–Estamos fuera porque, supuestamente, el riesgo que pasábamos al vivir allí era [de derrumbe] inminente. Hemos sufrido mucho, llevamos un trauma. Yo misma he sufrido por otras cosas. Viví el incendio del almacén donde trabajaba; ahora estoy en una empresa de limpieza. Pero siempre me digo que hay cosas por las que no puedo luchar, pero por mi casa, sí.

–¿Has cogido alguna baja laboral en estos años, Anisa?

–No puedo. Me cuesta algunas veces levantarme, pero he tenido buenos jefes. No va a ser todo el mundo malo, dentro de todo lo que me ha pasado, me he encontrado gente buena.

–¿Cómo recordáis el día del desalojo?

–Muy duro, muy duro, muy duro. Piensa que las tres escaleras que estuvimos viviendo allí durante más de un año entre el primer desalojo y el nuestro vivimos… la palabra es abuso de autoridad. La policía no tenía la culpa, los mandaban, pero los teníamos allí todo el tiempo. Tengo notificaciones repetidas. Fue un acoso brutal. Cuando escuchaba llegar al camión que apuntaló la primera escalera que se desalojó, iba al baño cinco o seis veces. De la ansiedad.

Desalojo forzoso de las familias que viven en los apartamentos Don Pepe.

Dos personas se asoman por la ventana durante el desalojo forzoso de las familias que viven en los apartamentos Don Pepe.

¿El edificio es ahora legal?

Entre el desalojo y aquel regreso fugaz de Anisa e Isidora cambió el color político en el Govern balear y en el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. De la centroizquierda (PSOE y Unides Podem) se pasó a la derecha (Partido Popular). Del “no es posible arreglar los daños estructurales del bloque desalojado porque carece de licencia de construcción” a un “trabajo impresionante de arqueología técnico-jurídica” que podría demostrar que el edificio se construyó hace sesenta años de forma legal. 

La cita arqueológica es de José Luis Mateo Hernández, conseller d’Habitatge del Govern. La dijo el 27 de febrero cuando, por primera vez en ocho meses, se convocó la comisión con la que el Ejecutivo balear y el Ayuntamiento ibicenco informan desde hace años a los desalojados del Don Pepe sobre la búsqueda de soluciones para un problema que afecta a su derecho más fundamental: el de la vivienda. 

Los documentos a los que aludió Mateo no se harán públicos, en principio, hasta el 3 de abril, cuando vuelva a reunirse la comisión. “Confirmamos y nos reafirmamos en la voluntad de que los vecinos vuelvan a ocupar sus hogares”, dijo el conseller. Le daba la razón de esta manera José Luis Mateo al alcalde Roig, que, cuando en octubre entró en las casas de Anisa e Isi, prometió que buscaría la fórmula para revisar la declaración de ruina del edificio.

Los políticos del PP daban carpetazo a la solución que ofreció, muy poco antes de las elecciones de 2023, la Administración de la socialista Francina Armengol: construir cien viviendas en una parcela a pocos quilómetros de los Don Pepe. La idea era realojar a los afectados tierra adentro. En octubre de 2023, ya con los socialistas en la oposición, la menorquina Marta Vidal Crespo, antecesora de Mateo en Habitatge, todavía hablaba de alzar un nuevo edificio para compensar a los afectados. Pero Vidal dimitió en verano “por motivos familiares”. Empezaron a cambiar los criterios. En ese momento, el Consell d’Eivissa solicitó al Govern que su Decreto de simplificación administrativa incluyera una amnistía urbanística que permitiera legalizar la situación del bloque declarado como ruina. 

Durante los meses en los que protestaron pidiendo una solución, los afectados imprimieron pegatinas reivindicativas.

Aspecto exterior de los edificios Don Pepe.

“Hay mucha letra pequeña”

La portavoz de los desalojados, Silvia Hernández Roig, resume así las idas y venidas de los responsables políticos: “Cuando los gobiernos socialistas nos presentaron la propuesta de cambiar nuestros pisos por otros nuevos, no me pareció mala solución porque, al fin, teníamos una alternativa. En firme. Desde que nos marchamos, cada familia ha tenido que buscarse la vida y, aunque conseguimos que nos dieran una ayuda para pagar el alquiler, no todo el mundo lo ha tenido fácil y hay mucha letra pequeña en cada caso. Hemos protestado mucho, en Sant Josep y en Palma, para que nos hicieran caso y nos ofreciera, por ejemplo, esa ayuda para alquilar. Muchas seguimos pagando nuestras hipotecas”. 

Así ve Hernández el futuro: “Ahora comprobaremos, si es cierto que podemos reformar el edificio, si será posible volver a nuestras casas. Nos gusta porque es la opción que siempre hemos preferido. ¿Por qué? Cuando compramos aquellos pisos elegimos vivir junto a esa playa. Juan Nadal, nuestro abogado, y los arquitectos que han elaborado un informe propio que demuestra que el estado del edificio no es ruinoso, han sido fundamentales para resistir. Tengo que decir que por, Vicent Roig Tur, el alcalde actual, nos sentimos acompañadas”.

Todavía quedan sábanas con mensajes de protesta enganchadas en las paredes del bloque.

Tras los primeros desalojos, en junio de 2020, el Ajuntament de Sant Josep apuntaló la escalera más afectada.

“Están dando falsas esperanzas”

En el último pleno de Sant Josep de sa Talaia, celebrado un día después de la comisión en la que el conseller Mateo se reuniera con los vecinos, Pilar Ribas Torres, la portavoz del Grupo Socialista, le preguntó al alcalde: 

–La ruina de este edificio fue declarada por técnicos independientes [el proceso comenzó en junio de 2020, cuando se produjo el desalojo de una escalera, proceso que se completó en diciembre de 2021, cuando se vació el resto del edificio], ¿quién será el responsable subsidiario si alguien sufre algún daño si se vuelve a ocupar el edificio?

Vicent Roig contestó con contundencia:

–Le he dicho, y las noticias también lo dicen, que se realizarán los informes pertinentes [para revertir el estado de ruina]. Es triste que usted monte esta pataleta cuando, realmente, lo único que se hace es darle una solución a quienes ustedes tiraron de su casa. 

A la consulta de elDiario.es, hace cinco días, para recoger las impresiones del Ajuntament de Sant Josep sobre el cambio de rumbo, el departamento de prensa se justificó explicando que la agenda del alcalde estaba llena por sus compromisos esta semana en la Internationale Tourismus-Börse Berlin, la feria internacional de turismo más grande del mundo.

Los socialistas de Sant Josep creen que los populares “sólo buscan ganar tiempo”. Mónica Fernández Campos, concejala de Unides Podem, piensa igual: “Había una solución encaminada desde la legislatura pasada. Pensamos que están dando falsas esperanzas a los afectados porque dudamos que sea viable la rehabilitación y revocación de la ruina (y habría que ver si los técnicos revocan sus propias decisiones). El edificio está en un lugar con un altísimo grado de protección que no creo que permita ni la rehabilitación ni el mantenimiento de ese tipo de edificaciones. Pedimos que dejen de marear a los afectados y que, si pueden volver, sea con todas las garantías. Si después de todo lo que ha pasado sucede alguna desgracia, sería absolutamente nefasto”.