El informe sobre las elecciones locales que auparon a Orriols a la alcaldía de Ripoll observa incumplimientos legales y una infracción sancionable en su financiación
Análisis – El problema de Junts no es ERC, es Aliança Catalana
El Tribunal de Cuentas ha detectado incumplimientos legales e incluso una infracción sancionable en su primer examen a la formación de ultraderecha independentista Aliança Catalana, que lidera Sílvia Orriols como alcaldesa de Ripoll y también diputada en el Parlament.
En su informe de fiscalización de las elecciones locales de 2023, que permitieron a Orriols alcanzar la alcaldía de Ripoll, el Tribunal de Cuentas detecta que Aliança Catalana no acreditó la apertura de una cuenta bancaria específica para la campaña, algo que exige el artículo 124 de la LOREG, con lo que todos los cobros y pagos –importes de 3.524,85 euros y 3.270,63 euros, respectivamente–, se sido realizados en efectivo, incumpliendo la legalidad.
El Tribunal de Cuentas indica además que Aliança Catalana superó en 359,62 euros el límite máximo de gasto electoral que tenía establecido, que era de 3.516,15 euros. Lo que supone un exceso del 10,23%. Se trata de una “irregularidad sancionable” tipificada como muy grave en el artículo 17 de la Ley sobre financiación de los partidos políticos y que puede acarrear una multa del doble o el quíntuplo de ese exceso.
En la fiscalización, adelantada por Europa Press, la institución que preside Enriqueta Chicano ha descubierto además otros incumplimientos legales como una donación de 500 euros recibida sin DNI, aportaciones por un total de 3.024,85 euros sin cumplir los requisitos de acreditación que exige la ley, y un gasto de 1.070,14 euros que no ha sido justificado mediante la remisión de la correspondiente factura.
La formación ultraderechista declaró gastos de mailing por 605,14 euros, pero el Tribunal de Cuentas entiende que el partido de Orriols no cumple los requisitos para reclamar esa subvención, por lo que lo computa como gasto ordinario.
Así las cosas, este primer examen contable de los gastos electorales de la formación independentista se salda con un suspenso, ya que el Tribunal de Cuentas concluye proponiendo al Ministerio del Interior que reduzca la subvención electoral en unos 7.500 euros.
