El Gobierno se da una semana de plazo para cerrar el texto del acuerdo para el reparto de menores y asegurar el apoyo de Junts a la iniciativa
La ministra de Infancia y el presidente canario acuerdan los criterios para el reparto de menores migrantes
Pasan los meses y no llega el acuerdo para distribuir a menores migrantes desde Canarias. El presidente del Archipiélago, Fernando Clavijo, se ha reunido este lunes con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para abordar el plan de reparto y su financiación. Ambas administraciones siguen trabajando tanto en la modificación de la Ley de Extrantrajería como en el traslado puntual desde las islas de unos 4.000 chavales, pero sin los respaldos parlamentarios garantizados, sin una decisión de Junts al respecto, el encuentro no ha podido dar apenas resultados concretos. El Gobierno ha emplazado al líder canario a reunirse de nuevo la semana que viene, comprometiéndose a presentar entonces las “conclusiones”.
“Me ha transmitido que el Gobierno no ha parado de trabajar y que es una prioridad. Espera poder, en el plazo de una semana, darnos los datos favorables para que se pueda producir esa modificación legislativa”, ha declarado Clavijo a su salida del encuentro, en el que también ha participado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El presidente, reconociendo el mes de retraso que acumula el proceso, ha afirmado que espera cerrar el texto del reparto puntual de menores la semana que viene para, a finales de marzo, comenzar con la ronda de negociaciones con las distintas formaciones políticas.
Desde Política Territorial aseguran que en el siguiente encuentro se “trasladarán las conclusiones” en relación a algunas de las incógnitas que siguen sin resolver sobre el plan de distribución de menores. Una de estas cuestiones pendientes es el informe de la Abogacía del Estado sobre el encaje legal de un reparto puntual, así como los avances en las negociaciones para lograr los apoyos parlamentarios necesarios, ya sea para para sacar adelante el traslado de 4.000 menores o la reforma de la Ley de Extranjería que pretende una solución más estable. La principal incognita es si el Gobierno logrará el respaldo de Junts.
Ante la negativa del Partido Popular durante los anteriores intentos de negociación a respaldar un reparto obligatorio de menores, el Ejecutivo central trata de conseguir la luz verde de los independentistas para sacarlo adelante. No obstante, el pacto alcanzado la semana pasada con la formación catalana para la delegación de competencias en materia de migración no incluía ninguna mención sobre el reparto de menores migrantes.
“Seguimos trabajando por eso nos hemos dado el plazo de una semana para dar conclusione”, ha dicho el ministro de Política Territorial en relación a la posición de Junts. “Están en la labor de comprometerse”, ha apuntado el presidente canario.
El texto espera las conclusiones del informe solicitado por el Ejecutivo a la Abogacía del Estado para estudiar el encaje jurídico del reparto puntual de menores migrantes, es decir, si es preferible apostar por un real decreto o una proposición de ley. En un primer momento, el Ministerio de Política Territorial esperaba tener sus valoraciones a principios de febrero, sin embargo, más de un mes después, el Gobierno asegura estar esperando por dicho informe.
A inicios de febrero, el Ministerio de Infancia y el presidente canario pactaron los criterios que se tendrán en cuenta para calcular la cuota de menores migrantes que le correspondería acoger a cada comunidad autónoma, que serán similares a los acordados en 2022 por todas las comunidades autónomas, como la distribución de habitantes por territorio o el esfuerzo en la acogida realizado previamente por cada autonomía, por lo que previsiblemente a comunidades que más hayan acogido a un gran número de chavales en función de su población, les correspondería un menor número de traslados. Entre las comunidades que más adolescentes extranjeros alojan se encuentran Catalunya y el País Vasco.
Este acuerdo puntual de reparto de menores busca aliviar la situación actual de acogida de Canarias y Ceuta, como una vía alternativa mientras el Gobierno no logre una mayoría parlamentaria para sacar adelante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, considerada por el Ejecutivo central como una solución estable ante situaciones de emergencia humanitaria ante la llegada de menores migrantes sin la compañía de un adulto.
