Esta es la semana en que Pedro Sánchez se verá obligado a contar algo concreto a los grupos parlamentarios, ahora que ha renunciado a la ficción de que España esperará a 2029 para llegar al 2% de gasto militar sobre el PIB
Imagina cómo se quedarían los dirigentes de la derecha alemana si alguien del PP les dijera que el principal problema de seguridad nacional que tiene España no es Vladímir Putin, sino Carles Puigdemont. Se frotarían los ojos y los oídos hasta hacerse sangrar. Mientras otros conservadores discuten el peligro de las tropas rusas en Europa del Este, es posible que tengan que presenciar en el Parlamento Europeo a Dolors Montserrat hablándoles de los Mossos d’Esquadra en el aeropuerto de El Prat.
La política española no se toma muy en serio los asuntos de defensa y política exterior gracias en buena parte a la posición geográfica de España. De cara a la inmigración procedente de África, España paga las consecuencias de estar en la frontera sur de la UE y no puede ocultar que está muy lejos de las convulsiones que han sacudido a la Europa Central y del Este en las últimas décadas. Quien piense que la izquierda en el poder es la principal razón de que España sea el último país en el ranking del gasto militar de la OTAN en relación a su PIB debería echar la vista atrás. En 2004, después de ocho años de Gobierno de Aznar, ese porcentaje era el 1,43% del PIB, un poco por encima del actual (1,29%).
Si un votante español se preguntara cuál es la posición de su partido sobre el debate que está teniendo lugar en estos momentos en Europa, lo tendría difícil. Encontraría en los discursos parlamentarios muchas generalidades y pocas propuestas concretas. En el caso del aumento del gasto militar, aspiraría a escuchar cuáles son las necesidades más claras de las Fuerzas Armadas, algo que supondrá que los militares tendrán muy presente. Es poco probable que saque algo en claro.
Yolanda Díaz parecía molesta con las preguntas que le hicieron los periodistas el lunes en Bruselas. Creía que estaba siendo lo bastante clara, una presunción que los corresponsales no compartían. “No arreglamos nada por subir el presupuesto militar. No se arregla nada. Lo que necesitamos saber es qué política de defensa vamos a practicar en el siglo XXI”, dijo. ¿Cuál es la política de defensa que apoya Sumar y qué recursos económicos cree que hay que dedicarle? Eso ya es más complicado.
Horas después, el ministro y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, afirmó que es necesario “empezar a dibujar una defensa europea propiamente autónoma, e ir sustituyendo progresivamente el paraguas militar de la OTAN por un paraguas autónomo, independiente, propiamente europeo”. Un paraguas europeo que no dependa de EEUU exigirá más fondos dedicados a defensa, pero esa no es la posición de Sumar. Cree que el gasto militar de 27 países es “ineficiente” por haber 27 ejércitos “mal coordinados entre sí”. Quizá sea cierto, pero suena a coartada para no comprometerse a gastar más.
Izquierda Unida está en una línea similar: “La paz no se gestiona ni se alcanza con una espiral belicista de gasto militar”, dijo el lunes Antonio Maíllo.
Podemos no necesita hacer cálculos, porque reclama sin más la salida de la OTAN. Nunca hizo pública tal exigencia cuando formaba parte del Gobierno en la anterior legislatura. Es probable que ese sea el factor diferencial de su posición.
Yolanda Díaz y Pedro Sánchez en los Premios Cepyme el 5 de marzo.
El que busque un cierto nivel de concreción en los discursos de Pedro Sánchez y Margarita Robles quedará un tanto decepcionado. Como anteriores ministros de Defensa, Robles no se prodiga mucho en las declaraciones públicas. Hasta hace unos días, el Gobierno sostenía que su objetivo seguía siendo mantener el calendario para que España termine gastando un 2% del PIB antes de 2029. Era un punto de vista totalmente alejado de la realidad de los debates que están teniendo lugar en la UE y en los que participa Sánchez para hacer frente a la amenaza rusa ahora que Donald Trump ha dejado claro que Europa está sola.
Hace unos días, el presidente admitió que habrá que pisar el acelerador: “Es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado”. En las reuniones que tendrá esta semana con los portavoces parlamentarios, incluido Alberto Núñez Feijóo, les tendrá que concretar algo más y comunicarles cuáles son los nuevos plazos y si su Gobierno aceptará la exigencia de otros países de volver a subir el umbral mínimo de gasto y llevarlo al 3% o 3,5%.
Sánchez juega con la ventaja de que es muy dudoso que países como Italia y Francia puedan encontrar los recursos financieros suficientes para aumentos significativos del gasto militar. Eso es lo que explica la indefinición. No hay prisa en dar malas noticias.
De momento, la portavoz del PSOE, Esther Peña, se limitó a optar por el eslogan: “Creemos con firmeza que invertir en defensa es invertir en democracia”. Será necesario que Sánchez afile un poco los argumentos si pretende convencer a alguno de sus socios. Su reunión con Díaz el martes tendría que servir para ello. Lo que no se puede permitir el Gobierno es que cale la idea de que el incremento del gasto militar tendrá como requisito la reducción del gasto social. Eso es lo que ha pedido de forma explícita el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
La primera reacción del Partido Popular a la invitación de Sánchez al líder de la oposición ha sido mostrar su escasa disposición al acuerdo. Feijóo se ha quejado con frecuencia de que Sánchez ni le llama ni le escribe para tratar “asuntos de Estado”. Ahora que llega la oportunidad, no le parece suficiente. Cuca Gamarra calificó la cita, la primera entre ambos en quince meses, de “paripé de cara a la galería”. Afirmó que el PP no expedirá “cheques en blanco” sobre el gasto militar, pero no se molestó en comentar cuáles son sus ideas sobre el presupuesto de defensa. Prefiere esperar a ver qué tiene que decir Sánchez.
Lo que es legítimo es que cualquier fuerza política pregunte en qué se utilizarán esos fondos extra. Si la Comisión Europea pretende un aumento total de 800.000 millones de euros en varios años, alguien debería preguntarle en qué se gastarán, qué nuevas capacidades militares podrán conseguirse o cuáles serán los lugares que merecerán una protección especial en forma de bases permanentes.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, defiende la posición más belicista de la UE frente a Rusia y ya se ha ocupado de dar ejemplos. Ha exigido una presencia mayor de las tropas europeas en Finlandia, en los tres estados bálticos y en Polonia, en la frontera con Rusia y Bielorrusia.
Ninguna de esas opciones tendrá un gran apoyo en la opinión pública a menos que haya partidos de amplia representación que defiendan esos despliegues como una obligación de España hacia sus aliados. Deberá hacerse en público y sin los secretismos que caracterizan a la política de defensa. Es un escenario nuevo para España para quien estar en la OTAN ha dejado de ser un hecho de escasa influencia en la vida de los ciudadanos para convertirse en fuente de obligaciones no especialmente agradables. Sobre todo, ahora que es la Unión Europea la que ha decidido que también quiere marcar el camino de la política de defensa de Europa.
