Las últimas elecciones en Venezuela bajo la lupa del Centro Carter

En Caracas, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, de impecable traje y corbata, exultante por estar arriba en las encuestas de cara a las inminentes elecciones presidenciales de diciembre de 1998. En Miami, el periodista y escritor peruano Jaime Bayly. El diálogo a distancia arranca con un intercambio de bromas y sonrisas.

El momento más revelador de dicha entrevista, difundida por la cadena estadounidense CBS, bien podría ser el que acá se transcribe:

Chávez: Yo soy de verdad un demócrata, soy un hombre formado con mentalidad democrática.

Bayly: Si eso es así, ¿cómo explicas el golpe que le quisiste dar a Carlos Andrés [Pérez]? Él había sido escogido por el pueblo, tú eras un militar en actividad. ¿Esa fue una decisión de un demócrata? ¿Cómo nos la explicas?, por favor.

Chávez– Para entender la decisión que tomamos un grupo de militares patriotas, demócratas, en Venezuela el 4 de febrero de 1992, hay que estudiar lo que había pasado en los años previos. Cuando uno se juramenta como soldado, uno jura defender su país y su gente. Resulta que Carlos Andrés Pérez, tres años antes de nuestra rebelión, mandó las tropas del ejército a la calle. Cuando ocurrió aquel Caracazo, “vayan a matar gente”, fue la orden de Pérez (…) y hubo miles de muertos. Tras aquella tragedia ocurrida el 27 de febrero del 89 (…) nosotros no podíamos seguir siendo utilizados como cancerberos contra nuestro propio pueblo (…). Nuestra rebelión fue apoyada por más del 90% de este pueblo y hoy nosotros estamos demostrando con esta decisión de ir a las elecciones que realmente lo que queremos es democracia.

Bayly– ¿Tú crees que Carlos Andrés fue un dictador?

Chávez– Tú sabes que la ciencia política lo señala. Hay democracias que degeneran en tiranía. Cuando un presidente se niega a oír a un pueblo y llega al extremo de enviar a las fuerzas armadas contra su pueblo y masacra a miles de personas, pues se convierte en un tirano.

Aquella promesa

Un cuarto de siglo después presenciamos cambios abismales: no solo Chávez ha fallecido (2013), sino que su sucesor, Nicolás Maduro, se apresta a superar la marca previa del Comandante relativa a los años de permanencia en el Palacio de Miraflores. ¿Fue traicionado el ideal primigenio de Chávez?, ¿dejó él sentadas las bases de una tiranía partidaria?, ¿es Venezuela hoy un país secuestrado por una cúpula de ambiciosos autócratas?

Ensayemos algo más simple. Usemos el informe de 47 páginas del Centro Carter sobre las últimas elecciones presidenciales venezolanas y saquemos las conclusiones que amerite. Ni más ni menos. Será el balance comparativo más expedito e inmediato que podamos hacer acerca del legado de Chávez en su país.

El reporte

El Centro Carter es la entidad más reconocida y valorada en el mundo cuando se trata de evaluar procesos electorales. Su impulsor, el ya fallecido y centenario expresidente de los Estados Unidos, consagró su vida después de la Casa Blanca a esa labor. Jennie K. Lincoln, una de sus principales ejecutivas, ha supervisado 23 elecciones en América Latina. Ambos, el Centro y Jennie nos sirven ahora de guías para recorrer desde adentro el sistema electoral venezolano, puesto en acción de manera dramática el pasado 28 de julio de 2024. Seguramente se trata de los comicios nacionales más estudiados del orbe, o, al menos, los que fueron precedidos y seguidos por la serie más extensa posible de actores internacionales.

Hasta la última lid de 2024, en Venezuela se habían organizado al menos 27 consultas electorales. Solo en dos de ellas, las de 2004 y 2015, la oposición salió vencedora. El primero de esos magros triunfos fue el famoso referéndum para modificar una Constitución, que había sido aprobada hacía solo un lustro. Esa noche de recuento adverso de votos, Chávez gritó desde el balcón de Miraflores que aquella había sido “una victoria de mierda”. Más de una década después, en 2015, la oposición unida consiguió dos terceras partes del Congreso unicameral, conocido como Asamblea Nacional. Desde allí se detonó el conflicto internacional que colocó al diputado Juan Guaidó en el centro de la controversia. Si se ignoran esas dos elecciones, la travesía de la oposición anti-chavista fue siempre una caminata en medio del desierto.

A diferencia de todas las anteriores, las elecciones de 2024 estuvieron precedidas de un gran acuerdo internacional firmado en Bridgetown, Barbados, el 17 de octubre de 2023. Convertido nuevamente en un asunto de la agenda mundial, la transición venezolana hacia un sistema pluralista de partidos con pesos y contrapesos congregó en el Caribe a autoridades noruegas, mexicanas, rusas, colombianas, estadounidenses y holandesas.

El reporte del Centro Carter (2025) hace énfasis en este punto de partida. En dicho acuerdo, firmado por Jorge Rodríguez a nombre del gobierno de Maduro y por Gerardo Blyde por parte de la oposición venezolana, se reconoce explícitamente, entre otros, al Centro Carter, como futuro observador del proceso electoral venidero. De hecho, en las elecciones parlamentarias de 2021 había sido la única entidad independiente de verificación en Venezuela.

Entre los pocos puntos de acuerdo de Barbados cumplidos por Maduro estuvo precisamente la invitación oficial para que el Centro Carter acudiera a los comicios. Ello ocurrió mediante oficio escrito el 7 de marzo de 2024. Similar cortesía le fue retirada a la Unión Europea, cuya presencia terminó siendo reemplazada por la de la Comunidad de países del Caribe (Caricom) y la de la Unión Africana.

El 9 de mayo, el gobierno de Venezuela firmó un memorándum de entendimiento con el Centro Carter. Según el reporte mencionado, dicho acuerdo fue incumplido por las autoridades venezolanas, porque los observadores no lograron información completa y oportuna sobre lo ocurrido en las elecciones.

La misión observadora del Centro Carter arribó a Venezuela el 29 de junio, es decir, casi un mes antes del día del sufragio. Sus 17 expertos se desplegaron en Caracas, la capital y Barinas, Maracaibo y Valencia. En total fueron visitados 68 recintos de votación en todo el territorio, sin embargo, hubo que abandonar el país con celeridad el 30 de julio bajo el temor de ser detenido o denunciado. Ya cuando los expertos estuvieron a buen recaudo, se sentaron a redactar su informe. Uno de ellos nos envió el documento.

Deterioro rápido

La tónica del documento del Centro Carter sorprende al más informado. En general, nada parecía despertar sospechas sobre un manejo irregular hasta que llegó la noche y la madrugada del día de la elección.

En efecto, lo que los acuerdos de Barbados no fueron capaces de anticipar es que el gobierno de Venezuela fuera capaz de secuestrar la mismísima evacuación oficial de los resultados, de reemplazar las cifras finales por números ficticios y de desatar una represión selectiva contra todos los que buscaran irradiar la verdad. Lo desolador es cómo un sistema electoral formalmente impecable y sofisticado sufrió, como señala el informe, “un rápido deterioro” al grado de que, en cuestión de horas, todo un entramado de consensos internacionales se vino debajo de una forma discreta o casi inaudible.

Dos eran las metas explícitas de las tres páginas firmadas en Barbados: 1) que la oposición aceptara competir y 2) que el gobierno creara las condiciones mínimas para ello.

Lo primero fue cumplido, lo segundo, no. Queda claro que, tras el secuestro informativo de la madrugada del 29 de julio, los incentivos para creer en un nuevo proceso electoral en Venezuela están por los suelos.

¿Por qué el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no publicó jamás ni una sola acta que respaldara el resultado final anunciado el día 29?

El reporte del Centro Carter recoge la excusa, que no llega a ser siquiera una buena coartada. El CNE denunció aquel día que su sistema informático había sido hackeado desde el exterior. El Centro Carter revela que semejante ataque era y es literalmente imposible. Y es que la cadena de registro, transmisión y conteo se encuentra aislada del internet, es decir, no hay manera de intervenirla desde afuera y menos desde el exterior. Esa fue una mentira disparada a bocajarro en la cara de la opinión pública mundial.

Cuando las autoridades del CNE se dieron cuenta de que lo que estaban contando solo podía ser falso, entonces cambiaron de versión. Señalaron que lo que habría sido hackeado fue, en realidad, su servidor, lo cual entonces habría impedido publicar los datos. Los autores del informe del Centro Carter retrucan también esa afirmación con un planteamiento simple: si lo que falló fue únicamente el medio de publicación, y no el mecanismo de cómputo, ¿por qué el CNE no entregó las actas y el recuento en una sencilla memoria USB o finalmente en un CD?

Venezuela puede llegar a ser el primer país en el mundo en el que la información completa de una elección se ha desvanecido en los aires.

Otro dato desconcertante es que el CNE canceló las tres auditorías planificadas para los días 29 de julio, 2 de agosto y 8 de agosto de 2024. Si éstas se hubiesen realizado como prescribe la norma, el supuesto hackeo habría podido ser detectado y probado.

Otra veta para desconfiar de la condición de víctima del CNE es que, en la madrugada del 29, el rector del organismo, Elvis Amoroso, informó que los datos a los que estaba dando lectura eran el resultado de una revisión del 80% de las actas. ¿Y el hackeo?, se habrán preguntado los que aún se mantenían despiertos.

Las actas verdaderas

Amoroso fue protagonista de dos anuncios. En las primeras horas del 29 de julio informó al mundo que Nicolás Maduro Moros había ganado las elecciones en Venezuela con el 51,2% de los votos, seguido por Edmundo González Urrutia con el 44,2%. Después, el 2 de agosto, el rector del CNE, según él con el 96,8% de las actas, confirmó la victoria del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) con el 51,9%, un leve incremento, frente a un 43,1% de la oposición. Los datos falsos configuraban la realidad. El mundo era testigo de un robo escandaloso.

Sin embargo, el Centro Carter asegura que el resultado electoral es otro totalmente opuesto. Dado que el CNE solo entregó dos hojas con cuatro o cinco renglones, a los observadores de todo el mundo no les quedó otra opción que revisar detalladamente todas las actas recolectadas por la oposición. La plataforma que respaldó a González Urrutia coincide en una sola cifra con el CNE: la de la participación ciudadana. Amoroso dijo que fue del 59%, mientras para la oposición fue del 60,07%. En todo lo demás hay un insólito contraste. De acuerdo a las actas publicadas por la oposición, González Urrutia ganó con el 67,1% de los votos. Maduro habría sumado el 30,4%. Y claro, el Centro Carter abunda en el análisis de esta cantera de información, porque es la única existente. Revisó con lupa 24,533 actas de un total de 30.026. Ello equivale al 81,7% del total escrutado. Por González votaron 7.156.462 personas, y por Maduro, 3.241.461. Los delegados de la oposición no pudieron contar con el 18,3% del material. Sin embargo, si todos esos sufragios, íntegros, hubiesen sido para el PSUV, su derrota estaría consumada de igual manera.

El plan de chavismo

Arribados ya a estas notables conclusiones, la pregunta entonces sería: ¿Por qué el régimen chavista dejó que la oposición fuera capaz de exhibir esa su derrota con semejante exactitud matemática? La respuesta está también en el informe del Centro Carter. Por todos los demás datos consignados, queda claro que Maduro estaba seguro de ganar, por lo cual el resultado final fue una verdadera emboscada del electorado.

La inflada confianza del chavismo estribaba no solo en la subestimación del adversario, sino sobre todo en la sobreestimación de su fuerza. El cálculo optimista venía por el hecho de que todas las condiciones estructurales que rodearon la elección, le beneficiaban en abundancia. Citemos las más relevantes.

Hubo un boicot a la inscripción de votantes, en especial, jóvenes. El Centro Carter calcula la exclusión de tres millones de personas que no pudieron acreditarse para votar. Este hecho fue más llamativo en el exterior. De los más de siete millones de venezolanos en el exterior, solo 69.000 pudieron ingresar al padrón. Las enormes restricciones puestas por las embajadas a fin de desalentar el voto de quienes, en general, habían huido de Venezuela, llevó a que solo hubiese 508 nuevos votantes en el exterior. En los hechos solo el 1% de los desplazados estuvo en condiciones de ejercer su derecho. Para seguir desnivelando la cancha, los puntos de inscripción de nuevos votantes para las elecciones de 2024 fueron solo la mitad con respecto a 2021. Cayeron de un millar a 500.

El número de centros de votación también sufrió una caída; de hecho, 105 de ellos fueron eliminados. Si antes el promedio de mesas por recinto era de casi dos, en 2024 cayó a la mitad.

Durante la campaña electoral, el gobierno ordenó 149 arrestos. De ese número de presos, todos políticos, 135 eran impulsores de la campaña opositora. En estos últimos 20 años, se dispuso la clausura de 405 medios de comunicación y 14 corresponsales internacionales tuvieron que salir del país.

Pero quizás el arma que más confianza le dio al PSUV en su presunción de que ganaría fue la inhabilitación de María Corina Machado por un lapso de 15 años, en los que no puede ejercer ningún cargo público. La supuesta “muerte civil” de la líder fue el mayor revés contra el régimen. En junio de 2023, Machado recibió dicha sanción draconiana. Ello no impidió que el 22 de octubre de ese año, 2,4 millones de venezolanos hicieran fila para votar en las elecciones primarias de la oposición, más del 90% lo hizo por ella. El chavismo creyó que, al haber quedado como ganadora una candidata que no podía competir en las elecciones, el asunto quedaba resuelto a favor del autócrata en funciones. Pero Machado logró tener entonces un plan B y un plan C. El primero fue Corina Yoris, historiadora, y el segundo, Edmundo González Urrutia, diplomático. El Centro Carter reconoce que, dado que la oposición pudo finalmente rearmarse y proponer un candidato, las elecciones fueron competitivas. Lo que nadie imaginaba es que, tras la competencia, el juez fingiría demencia y levantaría la mano del perdedor.

Aun sabiendo que la democracia venezolana se encuentra en estado de coma por el secuestro de la voluntad expresada en las urnas, el Centro Carter formula una serie de recomendaciones adicionales, que a estas alturas suenan a aspirinas administradas a un paciente terminal.

Los observadores le pidieron al gobierno de Maduro: 1) que muestre siempre las actas de votación, mesa por mesa, 2) que se eliminen tres leyes que vulneran las libertades civiles, 3) que se elijan autoridades electorales imparciales, 4) que las mesas de votación no sean organizadas por militantes de partidos, 5) que se abran más mesas de sufragio, 6) que se apruebe un calendario electoral con plazos razonables, 7) que se permita la inscripción de los votantes que están fuera del país, 8) que el Contralor no tenga atribuciones para inhabilitar candidatos, 9) que se fiscalice el dinero de las campañas, 10) que se facilite la observación electoral internacional, 11) que se cumpla con las auditorías al sistema electoral, 12) que se permita el pluralismo en los medios de comunicación y 13) que los partidos no dispongan de centros de control de los electores (“puntos rojos”) en las inmediaciones de las mesas de votación.