Tras una sentencia de nueve años de cárcel, cargó contra la consejera Tapia y recurrió dos veces sin éxito su salida de la sociedad pública Hazi, donde llevaba con un sueldo público más de una década a pesar de los graves delitos que se le imputaban
Un empresario del PNV admite en un juicio que Hondarribia burló la ley para adjudicarle contratos públicos ‘a dedo’
Alfredo de Miguel, ex ‘número dos’ del PNV de Álava conocido como Txitxo, cargó contra el Gobierno de Iñigo Urkullu y recurrió por dos veces su despido de la sociedad pública autonómica Hazi consumado al fin en marzo de 2023 después de que el Tribunal Supremo confirmara para él una pena de nueve años de cárcel como líder de una trama de corrupción dedicada al cobro de comisiones ilegales y manipulación de contratos públicos descubierta varios lustros atrás. El expolítico, que nunca ha admitido los hechos públicamente, quiso que su salida de la Administración fuese considerada “improcedente” —lo que da derecho o a la readmisión o a una indemnización económica, lo que es más habitual—y llevó sin éxito sus reclamaciones primero a un juzgado de lo social de Bilbao y finalmente, ya desde la cárcel, al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
Se cumplen ahora justamente quince años de la detención por parte de la Ertzaintza de De Miguel, que en aquel momento ejercía como diputado foral alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo). Unos meses antes, a finales de 2009, la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi había denunciado ante la Fiscalía que el influyente Txitxo le había reclamado 100.000 euros por un contrato que le facilitó a su consultora en el parque tecnológico de Miñano. De ahí se descubrió una empresa pantalla llamada Kataia Consulting creada por De Miguel con otros dos dirigentes del PNV alavés de la época, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Estaba a nombre de las esposas de los tres.
La investigación, completada en 2015, acreditó la existencia de otras comisiones más allá de Miñano y de una compleja madeja empresarial. En 2018 se celebró un macrojuicio, el mayor de corrupción conocido en Euskadi y en el que algunos otros imputados confesaron. En 2019 llegó la sentencia de la Audiencia de Álava y, en enero de 2023, el Supremo la ratificó salvo por unos matices. La lista de delitos cometidos por De Miguel como cabecilla de una “asociación ilícita” era larguísima —de catorce puntos— y se estipuló en nueve años su estancia en prisión, además de las elevadas responsabilidades económicas.
Al poco de ser detenido en 2010, De Miguel salió de sus cargos públicos. Pero disponía de dos excedencias en sociedades autonómicas para seguir teniendo garantizado un salario público. Ambas plazas las logró al poco de entrar a la dirección del PNV alavés en 2000, con apenas 28 años. Liquidó una de ellas, en la red de Industrialdeak de Sprilur, previo cobro de una indemnización económica. Ingresó 22.000 euros de una tacada. Y empezó a trabajar en lo que ahora se conoce como Hazi, una fundación que cuelga del Gobierno vasco. Su plaza estaba en IKT, una de las partes constituyentes de la nueva entidad.
Como ha venido publicando este periódico, la investigación no solamente no afectó a Txitxo en su recorrido laboral, sino que fue ascendiendo y teniendo subidas salariales. Incluso después de la que sentencia de primera instancia acreditara lo que ya se barruntaba desde el inicio del sumario, continuó en Hazi. Llegó a tener funciones de representación en algunos foros y ejercía labores de “coordinación”. Su salario final era de 57.407,45 euros, incluido un “complemento de responsabilidad”, cuando por su categoría en el convenio se aludía a 35.000. Estando ya condenado como cabecilla de una trama de corrupción tuvo una mejora retributiva de 5.000 euros anuales, alrededor del 10%.
Alfredo de Miguel, como ponente en un congreso interterritorial sobre pesca celebrado en Cartagena (Murcia)
Hazi permitía expresamente un despido sin necesidad de que la sentencia fuera firme. El convenio lo recoge para los condenados por “malversación”, por ejemplo, siempre que la pena sea superior a seis años, extremo que se superaba claramente. En otras reglamentaciones se puntualiza que la condena ha de ser definitiva, pero es algo que no ocurría en esta sociedad pública. Sin embargo, sus servicios jurídicos hicieron siempre una lectura muy garantista de esa disposición y mantuvieron a De Miguel los tres años largos que pasaron desde el fallo de primera instancia hasta la condena en firme del Supremo.
Con todo, De Miguel interpretó que había sido maltratado por el Gobierno de Urkullu. En su demanda, el expolítico se quejaba de que la consejera responsable de Hazi, que era Arantxa Tapia, también del PNV, había hecho declaraciones públicas dando por hecho el despido. Su deseo era lograr una declaración de “improcedencia” en su despido disciplinario, petición a la que no han accedido los jueces ni en primera ni en segunda instancia. Al inicio del caso, Urkullu no era aún lehendakari pero sí presidente del PNV. También entonces De Miguel y otros imputados se resistieron a entregar sus carnés de afiliados.
¿Qué hubiese implicado la “improcedencia” del despido? Expertos laboralistas indican que la empresa podría optar por la readmisión o por abonar una indemnización. “Pero nadie va a por el puesto de trabajo. Se va a por el dinero”, indican estas fuentes. Esa cuantía sería de 33 días por año trabajado. En el caso de De Miguel, una hipotética indemnización habría rondado los 70.000 euros.
Catorce delitos de corrupción
El fallo del Supremo se firmó el 9 de enero de 2023 y se dio a conocer al día siguiente. El 13 de enero Hazi incoó un expediente disciplinario a su empleado tras la confirmación de que De Miguel era responsable de catorce delitos: “un delito de blanqueo de capitales, un delito de asociación ilícita, un delito de cohecho pasivo impropio, un delito de prevaricación como cooperador necesario, un delito de malversación de fondos públicos como cooperador necesario, dos delitos de coche pasivo, tres delitos de tráfico de influencias y cuatro delitos de falsedad en documento mercantil”. A los cinco días, De Miguel presentó alegaciones quejándose de las “filtraciones” de la sentencia. En estos años, una de sus obsesiones era hacer ver que había una persecución con mentiras hacia él.
Sin embargo, cuestiones formales hicieron que se demorara un par de meses la declaración de “firmeza” del fallo, aunque los hechos y los delitos estuvieran muy claros. Ese trámite lo realizó la Audiencia de Álava, el tribunal de instancia, el 15 de marzo. El 16 de marzo Hazi acordó su despido disciplinario definitivo. Txitxo se quejaba, eso sí, de que hasta el 17 no hubo una notificación del acuerdo de “firmeza” y cree que Hazi se precipitó al despedirle. Se da la circunstancia de que para entonces ya estaba de baja por “ansiedad”. Cuando estalló el caso y después de asegurarse el retorno a ese puesto también pasó muchos meses de baja y llegó a ser investigada su situación por la Seguridad Social.
El Superior, en una sentencia emitida en abril de 2024, recalca que no cabe interpretar mala fe del Gobierno vasco y de la consejera Tapia en este asunto. Asegura que sus “manifestaciones públicas” explicando su salida de Hazi “sencillamente quedan en el ámbito de la libertad de expresión y del normal ejercicio de las funciones políticas”. No se puede pretender hacer ver que su despido fue una decisión “personal” de Tapia “al margen de la fundación [Hazi] y de los hechos por los que se produjeron las condenas penales”. Le recuerda el alto tribunal vasco a De Miguel que el suyo es un “acontecimiento grave” y de “notoriedad pública” y que era lógico que hubiera noticias y comentarios sobre ello, más si cabe porque “desempañaba puestos de confianza política” en Hazi. No se aprecia vulneración alguna de los derechos laborales del expolítico ni desde luego base para decretar su readmisión —probablemente imposible ya que su pena implica también inhabilitación “absoluta” para empleos públicos— o una compensación económica.
En prisión atenuada
Parte de este procedimiento laboral tuvo lugar cuando De Miguel ya había ingresado en prisión. Lo hizo en julio de 2023 después de intentar postergarlo al máximo con recursos procesales e incluso con una solicitud de indulto que no consta que haya sido resuelta por el Gobierno de España, que es el competente, según indican fuentes cercanas al caso.
Cumplió los primeros meses en Zaballa, el penal a las afueras de Vitoria, pero luego solicitó un traslado a Basauri, en Bizkaia, su lugar de residencia desde que fue detenido y abandonó Álava para instalarse en la residencia de Gorliz que un empresario cercano a su partido, Prudencio Hierro, le había reforzado a cambio de favores. En paralelo, accedió tras cumplir uno de los nueve años de condena a un régimen atenuado (el del artículo 100.2 del reglamento penitenciario) que le permite salidas regulares entre semana para trabajar. Ha completado un curso de reinserción para delincuentes económicos, el mismo que superó Iñaki Urdangarin. Se da la circunstancia de que Txitxo logró este régimen abierto gracias a un recurso ante el juzgado de vigilancia penitenciaria ya que el criterio de la junta de tratamiento de Prisiones era negativo.
Con él entraron en prisión también Ochandiano y Tellería, al igual que el exdirector de Juventud con el PNV Xabier Sánchez Robles, que procuró contratos ‘a dedo’ a la trama y que en el juicio presentó pruebas falsificadas para tratar de justificarlos. Todos ellos también han accedido ya al 100.2. Hubo otros condenados que eludieron la cárcel en el denominado ‘caso De Miguel’ por tener penas menores o por recibir otro tipo de condenas como la inhabilitación.
