El Constitucional avala el decreto que limita los pisos turísticos en Catalunya al rechazar el recurso del PP

La sentencia no ve reparos en una normativa que permite a los ayuntamientos con el mercado de vivienda tensionado eliminar licencias de apartamentos de uso vacacional

Catalunya permitirá por primera vez a los ayuntamientos retirar licencias de pisos turísticos

El Tribunal Constitucional ha avalado este jueves el decreto ley de la Generalitat que limita los pisos turísticos en los municipios con el mercado de la vivienda tensionado. El pleno del tribunal ha desestimado “íntegramente” el recurso del grupo parlamentario del PP contra la norma aprobada por el Govern de Pere Aragonès. 

Tal como ha comunicado el Constitucional, la norma que sacó adelante la Generalitat en 2023 no contraviene la “protección constitucional” de la propiedad privada, la autonomía local o la seguridad jurídica. “La posibilidad de destinar la vivienda al uso turístico no es una de las facultades sin las cuales el derecho de propiedad sobre la vivienda deviene irreconocible”, concluyen.

El decreto ley buscaba poner coto a los pisos turísticos en Catalunya, que se han disparado en los últimos años hasta más de 100.000 y sin necesidad de cumplir con demasiados requisitos urbanísticos. Con la nueva normativa, la Generalitat da herramientas a los ayuntamientos para denegar licencias e incluso retirar las ya existentes. 

El decreto acaba con los permisos a perpetuidad y obliga a renovarlos cada cinco años. En los municipios con el mercado de vivienda tensionado, además de ello fija un umbral máximo de 10 apartamentos turísticos por cada 10 habitantes, una barrera que en su día superaban unos 47 municipios y que llevaría a eliminar hasta 28.000 de estos pisos.

Este decreto es al que se ha acogido de hecho el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para su anuncio de cerrar todos los pisos turísticos que hay en la ciudad, en torno a 10.000, en 2028. La fecha hace referencia a los cinco años que según el decreto deben transcurrir como mínimo (comenzando a contar desde 2023) para poder comenzar a denegar licencias.