El ultrarrico gurú de Milei tiene un letrero ilegal de España SA en la Gran Vía de Madrid

La inmobiliaria del ultrarrico y excéntrico profesor universitario Jesús Huerta de Soto, gurú del presidente argentino, Javier Milei, tiene un luminoso ilegal de su aseguradora, España SA, en un edificio en la Gran Vía de Madrid sobre el que pesa una orden de desmontaje del Ayuntamiento desde el 16 de diciembre de 2010. Al menos seis sentencias han rechazado los recursos de la empresa para intentar anular las órdenes del Consistorio, que no lo retira.

Hombre polifacético, Huerta de Soto es multimillonario por herencia, anarcocapitalista, ultracatólico, funcionario público y partidario de desmantelar el Estado. Lleva años impartiendo sus extremistas teorías desde una universidad pública, la Rey Juan Carlos, de la que es catedrático, y sus vídeos corren como la pólvora por Youtube.

Como empresario, no se le conocen muchas iniciativas más allá de administrar las empresas que heredó de su padre: España SA, la aseguradora que fundó su abuelo, especializada en seguros de vida; e Inmobiliaria Hispana, con un importante patrimonio de pisos en alquiler en Madrid, alguna que otra subvención pública, conexiones con el Franquismo y beneficios récord en 2023 pese a la “incertidumbre legislativa”.

En septiembre de 2010, poco antes de que el Ayuntamiento le ordenara desmontar ese cartel, el magnate afirmaba en una entrevista que la Seguridad Social “está en una situación sin salida”, que “el Pacto de Toledo es un pacto de silencio, que oculta la verdad a los ciudadanos”; y que “es más difícil despedir a un trabajador que divorciarse”. Y abogaba por privatizar las calles, “como si fueran urbanizaciones privadas”. “Serían así más seguras y menos ruidosas”.

Jesús Huerta de Soto, en una conferencia en la Fundación Rafael del Pino.

En la bulliciosa Gran Vía, muy cerca de una pequeña oficina que hace años albergó la redacción de elDiario.es, se encuentra el letrero de la discordia. En concreto en el número 64, en un edificio protegido, el primero que adquirió el abuelo del magnate en 1931, tres años después de fundar España SA. El luminoso lleva colocado ahí desde 1973. Entonces, en Inmobiliaria Hispana era consejero el yernísimo del dictador Francisco Franco, Cristóbal Martínez-Bordiú.

Que el letrero es ilegal lo acreditan varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Por ejemplo, la que en septiembre de 2022 rechazó el enésimo recurso de España SA e Inmobiliaria Hispana SA contra una decisión del Consistorio madrileño señaló: “El cartel en cuestión carece de licencia dado que la concedida en el año 1973 lo era condicional y sometida a revisión en el plazo de dos años lo que no se produjo sin que se haya procedido a su legalización”. Esa sentencia la confirmó el Tribunal Supremo a principios de 2023.

En agosto de 2022 otra sentencia del TSJM negó que el cartel en cuestión pueda ser considerado parte del patrimonio histórico de Madrid “por su valor histórico y cultural, conforme el paisaje urbano de la ciudad”: “Solo consta una licencia del año 1973, ilegal desde dos años después al no constar la renovación de la misma. Fuera de ese dato no existe un estudio histórico y cultural que haga ver que el rótulo, configurado por el nombre comercial de la aseguradora en letras sueltas, reúna dichas características ya que el mero hecho del transcurso del tiempo no da ese valor”.

“Son los hechos singulares, el significado especial que pueda tener el rótulo para la gente u otro tipo de consideraciones que acrediten ese especial valor especial que merece la protección perseguida”, dijo el TSJM, que confirmó una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso 28 de Madrid que desestimó los “argumentos patrioteros, desprovistos de toda base jurídica” utilizados por la empresa de Huerta de Soto.

Ya en 2014, hace más de diez años, el TSJM declaró firme la resolución del Ayuntamiento de 2010 que obligaba a retirar el letrero, por el que elDiario.es preguntó sin obtener respuesta del equipo del popular José Luis Martínez-Almeida. Un portavoz no identificado de España SA reconoció el miércoles que ese letrero es ilegal, como “miles” similares en Madrid.

Para José Luis Nieto, concejal de Más Madrid, es “muy grave que Almeida se niegue a ejecutar el cumplimiento de la sentencia y que, para colmo, la haya metido en un cajón desde hace casi siete años”. Explica que cuando su formación llegó al gobierno municipal, “lo primero que hicimos con este caso fue desempolvarlo y poner en marcha todos los trámites para hacer cumplir la sentencia de desmontar un rótulo que contraviene la normativa de publicidad exterior” y que “encima, está en plena Gran Vía, donde la mayor parte de los edificios están protegidos”.

Con el caso empantanado en los tribunales, en 2022, ya fuera de la alcaldía, Más Madrid se interesó por el letrero. Como recoge la respuesta del entonces concejal presidente del Distrito Centro y hoy responsable de Políticas Sociales del Ayuntamiento, José Fernández, el 21 de abril de 2010, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, “se envió una orden de legalización” del luminoso a la empresa, que alegó la “prescripción” de los hechos en un recurso que el Ayuntamiento desestimó “al calificarse como infracción urbanística de carácter continuado que no ha prescrito”. 

“Con fecha 16/12/2010 se ordena el desmontaje de la instalación publicitaria”. La empresa presenta recurso contencioso-administrativo desestimado en primera instancia en febrero de 2012, en segunda instancia en marzo de 2013 por el Juzgado 11 de Madrid, y en diciembre de 2014 por el TSJM. “La resolución es firme, por lo que contra ella no cabe recurso alguno”, dice el escrito del concejal Fernández.

Tras esa sentencia de 2014, el Ayuntamiento, con Ana Botella como alcaldesa, requirió a la inmobiliaria de Huerta de Soto que “de forma inmediata proceda a ejecutar el desmontaje ordenado” bajo amenaza de multas y “la posible incoación del correspondiente procedimiento sancionador”. El 25 de enero de 2017, ya con Manuela Carmena en la alcaldía, Inmobiliaria Hispana pide “la derogación de la orden de desmontaje por prescripción de la instalación”. En el Ayuntamiento “se le contesta con fecha 31/03/2017 que frente a esta resolución no procede la interposición de recurso alguno toda vez que se dicta en cumplimiento de una sentencia”. 

Multas de 6.000 euros

En una visita de técnicos municipales en mayo de 2017 “se comprueba que el cartel sigue instalado” y se impone a Inmobiliaria Hispana una multa “coercitiva” de 1.000 euros, y otra de 2.000 euros en septiembre de 2018. Ese año, el Juzgado Contencioso 4 desestima un recurso de la empresa solicitando que se anule el expediente. Pero otro juzgado, el 28, estima en parte en mayo de 2018 otro recurso contra la resolución de 8 de noviembre de 2015 de la Gerente de la Agencia de Actividades que denegó la licencia urbanística para la instalación del rótulo por silencio administrativo, y ordena retrotraer las actuaciones al momento de solicitud del informe previo y preceptivo a la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CIPHAM).

El escrito del Ayuntamiento remitido a Más Madrid indicaba que “con fecha 12 de agosto de 2022, se ha solicitado nuevo informe técnico para comprobar el cumplimiento de la retirada de la muestra. En caso de nuevo incumplimiento se procederá a continuar con el procedimiento de ejecución forzosa mediante una nueva multa coercitiva”. En enero de 2023 se impuso a Inmobiliaria Hispana otra sanción de 3.000 euros. En total, 6.000 euros en multas en seis años para una empresa que en 2023 facturó cerca de 9 millones, un 8,26% más, y tuvo beneficios de 3,46 millones. Y ahí sigue el letrero.

El concejal Nieto lamenta que Almeida no ha hecho “absolutamente nada para hacer cumplir a la empresa los distintos requerimientos judiciales”. “Solo a iniciativa nuestra, de Más Madrid, se reabrió el expediente para imponer a Inmobiliaria Hispana SA otra multa”. “Tras solicitar vista y copia del expediente a finales de 2024, hemos comprobado que, desde el 24 de enero de 2023, hace más de dos años, la Junta Municipal de Centro no ha vuelto a realizar un solo trámite para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales”. 

“Ante esta inacción de Almeida” reclama “que el Ayuntamiento ejecute por acción sustitutoria la sentencia a costa del propietario y proceda al desmontaje de la instalación publicitaria”.

“No es un anuncio”

En uno de los últimos pleitos ante el TSJM, España SA e Inmobiliaria Hispania intentaron en vano convencer a los jueces de que el cartel de España SA “no es un anuncio, ya que no cumple con las notas características de publicidad”, y “que debería tenerse en cuenta la identificación existente entre la propietaria de la finca y la propietaria del rótulo, su vinculación histórica y el significado que tiene este inmueble, que fue la primera inversión inmobiliaria de la Compañía Aseguradora, y sede comercial de la misma antes de la Guerra Civil Española”.

Intentaron compararlo con los archiconocidos rótulos de Schweppes y Tío Pepe, no muy lejos de allí, pero no coló, ni en el Ayuntamiento ni con los jueces. En marzo de 2021, los técnicos de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural del municipio de Madrid (CPPHAN) rechazaron esa petición por entender que “el rótulo supone un impacto negativo en la fachada dado que no contribuye a la defensa de los valores que permitieron la catalogación del edificio” y no tiene reconocido el carácter de histórico, “a diferencia de los rótulos mencionados en su propuesta”. 

Esta sentencia del TSJM es firme. España SA e Inmobiliaria Hispana SA intentaron recurrirla, pero en noviembre de 2022 el TSJM acordó “no tener por preparado el recurso de casación anunciado”, decisión que confirmó el Supremo en enero de 2023. El escrito de las empresas de Huerta de Soto, entre otras cosas, “no dice una sola palabra sobre el interés casacional del recurso, con palmario incumplimiento” de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, determinó el Alto Tribunal.

Más de dos años después, en una de las calles más conocidas de Madrid sigue luciendo ese letrero ilegal de España SA, muy similar al que también tiene en una de las calles más transitadas de Lisboa (la Rúa Garrett, en el Chiado) la aseguradora, cuyo dueño quiere privatizar hasta las calles.