El documental ‘7291’ visto con la hija de uno de los residentes fallecidos: «¿Esta gente no está en la cárcel?»

Se llamaba Antonio Olmedilla Toledano, tenía 84 años y “murió abandonado, como un perro, solo”, dice su hija, María José, nada más comenzar a ver el documental ‘7291’. La cinta, dirigida por Juanjo Castro, se emtió anoche en La 2 y el canal 24 Horas de TVE, justo cuando se cumplen cinco años desde el inicio de la pandemia. En ella, diversos protagonistas de lo sucedido en la primera ola del Covid relatan cómo lo vivieron y por qué actuaron como lo hicieron.

Antonio, interno en una residencia de Alcalá de Henares, fue una de las 7.291 personas que perecieron en la Comunidad de Madrid entre marzo y abril de 2020 sin recibir asistencia médica. “Todavía me pesa la culpa de no habérmelo llevado, no haber hecho caso a las recomendaciones del médico y haberlo sacado de allí cuando estaba a tiempo”, dijo María José cuando el documental ya había terminando.

María José vive en un chalet adosado. Sobre la mesa baja del salón ha preparado algunas fotos de su padre en las que aparece feliz, rodeado de su gente. Otras dos, una con ella en blanco y negro y otra con su madre, Toribia Sánchez, las presenta directamente con el marco. “Murió en Ballesol, la residencia con más muertos por COVID-19 de la región”, comenta. Ubicada apenas a 10 minutos de su casa, en esta residencia perdieron la vida 84 personas durante la pandemia.

Olmedilla, durante la emisión del documental.

Se muestra algo nerviosa antes de la emisión del documental. Poco a poco se irá relajando, escuchando lo que en él se cuenta, opinando sobre lo que piensa. Son las 23:10 horas y La 2 lleva unos minutos puesta en su televisión. A partir de ese momento y durante dos horas, nada más importa. Parece que hasta su colección de CD y vinilos, y los cuadros que decoran su salón, también guardaran silencio. Todo comienza, otra vez.

Son solo números

La cinta dirigida por Castro se estructura en varios capítulos. El primero de ellos se pregunta cómo estaban las residencias antes de la pandemia. “Atiborradas de gente”, responde María José con la mirada fija en el televisor. Arropada con una bata sobre las piernas, esta empleada pública en un ayuntamiento de la región no deja de asentir o negar en silencio según van apareciendo opiniones en la película, creando una cruz imaginaria continua con su cabeza.

Ella no deja de responder. Si en el documental aparece Carlos Mur, por entonces exdirector general de coordinación sociosanitaria, diciendo que la mayor parte de los residentes son personas muy dependientes, María José enfatiza que su padre era un caso moderado. “Estaba muy bien de la cabeza, solo le llevamos a la residencia porque acababa de salir de una neumonía y le costaba andar, pero nada más. Pagábamos 2.270 euros al mes. Alquilamos su piso, utilizamos su pensión y aun así teníamos que tirar de ahorros”, recuerda.

‘7291’, cuya emisión congregó a 1.278.000 espectadores de media y el 15% de cuota de pantalla, según Barlovento Comunicación, intercala imágenes de la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid con la Comisión de Investigación Ciudadana que buscaba la verdad de lo sucedido. María José no sabía la existencia de esta última, a pesar de integrar Marea de Residencias. “Es increíble la frialdad con la que hablan. La dignidad de las personas les importa una mierda, y lo siento por usar esta palabra, pero para ellos son solo números”, dice al escuchar a varios responsables del sector privado de las residencias madrileñas.

Comienza la odisea

El 9 de marzo de 2020, el Gobierno regional decidió limitar el acceso de los visitantes a las residencias. En estos días comienza el calvario para Antonio y su hija, una pesadilla que todavía le persigue a ella. Un día después, María José le llevó medicamentos a la residencia. “Pude verle entre cristales, en recepción. Le llamaba todos los días y estaba bien”, escribió en un correo electrónico que remitió a Fernando Peinado, periodista de El País que aparece en el documental, y al Ayuntamiento complutense después de lo ocurrido.

El lunes 16, María José apenas pudo hablar con su padre debido al hipo que sufría. Un día antes se había caído. Se hizo una herida en el brazo y se dio un fuerte golpe en la muñeca. “Me dijo que ni sabía el tiempo que había estado en el suelo, porque cerraban las puertas de las habitaciones”.

El martes 17 le dijeron que tenía picos de fiebre, y que desde el domingo convivía con otros dos enfermos de COVID-19 en una habitación triple. “Les dije que le aislaran, que no le habían hecho pruebas, pero se escudaron en el protocolo de la residencia”, añade. Ese día, María José pudo hablar con su padre apenas unos minutos.

El miércoles 18 se mostraba ya nervioso y desorientado, y seguía con hipo. Tras muchos intentos, la llamada se cortó. Dada la situación, su hermano y ella se personaron en la residencia. “Hablamos con el médico, que no tenía ni guantes ni mascarilla”, recuerda. “Nos dijo que lo mejor era dejarle en la residencia, que el hospital estaba saturado y que era mejor que muriera aquí que en el pasillo del hospital. Mi hermano y yo no sabíamos qué hacer, y al final seguimos sus consejos”, señala María José.

Imágenes familiares de Olmedilla con su padre.

El jueves 19 apenas recibió información sobre el estado de Antonio. A lo largo de estas cuatro jornadas, realizó 30 llamadas a su padre y 23 a la residencia. Todavía guarda las capturas de pantalla del móvil, impresas. El viernes 20, a las 07.00 horas, le dicen que ha fallecido dos horas antes. “No tengo un puñetero papel escrito de nada salvo el certificado de su muerte. Todo ha sido totalmente opaco, con una desinformación brutal”, sentencia María José, al igual que en ‘7291’ de Castro hacen María Paz Villanueva, Mercedes Huertas, María Jesús Valero y Ramona Carvajal, todas ellas hijas de residentes que declararon ante la Comisión de Investigación Ciudadana.

Lo último que Antonio le dijo a su hija fueron dos palabras: “Estoy malo”. Tras su muerte, la lucha seguía. María José se enfrentó a conflictos que jamás pensó que tendría que encarar. Cosas tan nimias como recuperar los enseres de su padre se volvieron una batalla continua. “La residencia tardó un mes en darme sus pertenencias, y su teléfono móvil no apareció, todavía no lo tengo”, dice algo alicaída.

Una omisión de socorro

“Qué pena todo esto, es que es tal y como lo cuentan”, repite una y otra vez María José ante las imágenes del documental . Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales durante la pandemia, es una de las personas que más aparece en la cinta, sobre todo al hablar de los protocolos que no permitían la derivación al hospital de usuarios de residencias enfermos, a excepción de aquellos con seguro privado, que sí pudieron ir a sus centros hospitalarios exclusivos.

María José tampoco conocía a Reyero, ni que a esos protocolos se les llama “protocolos de la vergüenza”, pero le parece un nombre adecuado. “No entiendo todavía cómo yo podría haber llevado a mi padre al hospital si hubiera estado viviendo conmigo y por qué solo por estar en una residencia no le derivaron”, se queja. “Es una mala praxis, una negligencia y una omisión del socorro”, añade.

Los juzgados archivan la causa

Como tal lo denunció el mismo año 2020. El juzgado decidió archivar la causa sin ni siquiera haberla escuchado. La rabia y la indignación fueron dejando paso a la impotencia y la resignación. Al cabo de los años, junto a Marea de Residencias, María José volvió a denunciar los hechos. Esta vez sí pudo declarar. Lo hizo este año, el 13 de febrero. “Ahora admiten que a mi padre se le negó la asistencia sanitaria, pero que como ya está archivado el caso por otro juzgado no pueden hacer nada”, subraya con unas palabras cargadas otra vez de rabia.

A medida que avanza ‘7291’, María José lo tiene más claro: “Esto fue una selección natural particular que hicieron ellos. Los viejos no merecían vivir igual que los demás, y mucho menos aquellos sin seguro privado. Fue una orden política. Encima ahora no tienen ni siquiera la vergüenza de dejar de mentir”, se explaya.

Ya casi al final de la cinta, esta vecina de Alcalá de Henares no deja de hacerse las preguntas que seguro se repiten en miles de hogares. “¿Esta gente no está en la cárcel? ¿Es que no va a haber ningún responsable? ¿De verdad la justicia va a seguir archivando los casos?”, se cuestiona. Y va más allá: “Yo no quiero utilizar palabras gruesas, pero esto que hicieron fue un asesinato indiscriminado”.

Dos horas después del inicio, María José ha revivido uno de los peores pasajes de su vida. “El documental es totalmente real, incluso más suave de lo que hemos sentido la gente que hemos pasado por ello. A mí me parece genial que lo emitan en TVE, una televisión que pagamos todos, para que se sepa qué se hizo mal y qué podemos cambiar para mejorar la situación”, sostiene.

TVE defiende la emisión

No todo el mundo opina como ella. El Gobierno regional intentó el mismo día de emisión, 13 de marzo, que TVE reprodujera un vídeo de 4.44 minutos producido por el propio Ejecutivo en el que se vendían las bondades y aciertos de la gestión madrileña ante la pandemia. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, afirmó en su misiva que la película tiene “un marcado sesgo ideológico que ofrece información que no corresponde a la realidad”.

El ente público tardó unas horas en hacer pública su respuesta. Rechazó la petición del Gobierno de Ayuso al considerarla de “intromisión indebida”, al mismo tiempo que afirmaron que “los medios de comunicación públicos no pueden convertirse en portavoces de ninguna institución gubernamental”. Juanjo Castro, el director de ‘7291’, también expresó que la información que muestra en su obra son datos oficiales de la Comunidad de Madrid.

“Lo que pasó fue muy duro, y murió muchísima gente. Espero que el documental dé un impulso a las familias que luchan por la justicia que se les negó a sus mayores”, comenta a elDiario.es el director. Castro se muestra todavía sorprendido por la acogida de su documental: “Lo presento ante salas llenas de gente, es fantástico. Ojalá que sirva para algo, porque la causa lo merece”.