El rey pide a los jueces «profundo respeto» por la justicia

El rey no reclamó «profundo respeto» para los jueces maltratados por el gobierno, como publicó ‘ABC’ en portada, sino a los jueces que respeten la institución. «La legitimidad de las instituciones se nutre de la confianza de la ciudadanía», dijo. Por eso nos preocupa que no se haga nada frente al descrédito creciente de la justicia

Lo contaba ABC en portada, pero al revés y con un verbo más fuerte. Según el diario, el jefe del Estado español –que ése es su cargo constitucional– “reclamaba profundo respeto” para los jueces. Para. Las proposiciones tienen un especial valor descriptivo. El muy sesgado periódico afirmaba que esta declaración del rey se debía a los ataques del Gobierno y añadía que respetar a los jueces “es una condición imprescindible para que una sociedad conviva pacíficamente”. Ya ven.

Tal reprimenda en la versión apasionada de ABC se habría producido en un acto de entrega de despachos a los nuevos jueces de la 73 promoción. Y lo lógico era ir a la fuente: al discurso del rey. Felipe VI no critica directamente algunas escandalosas actuaciones judiciales que se están produciendo pero en absoluto dice lo que ABC cuenta que dice. Por el contrario, les advierte a los nuevos profesionales que se incorporan que “habrán de guardar las normas de conducta ejemplar que caracterizan al Poder Judicial español” –eso dice–. Hacer un constante ejercicio de rectitud. Y tener ellos, los jueces, ese “profundo respeto a la institución”, a la justicia. Ellos y ellas, los jueces. La legitimidad de las instituciones se nutre de la confianza de la ciudadanía y es un compromiso por parte de todos, argumentó también el rey. Y con toda verdad, por eso nos preocupa que no se haga nada frente al descrédito creciente de la justicia a causa de algunos jueces y juezas.

Se ha echado mucho en falta, durante mucho tiempo, además, que el jefe del Estado –que ha de velar por el funcionamiento de las Instituciones como principal cometido de su cargo–, haga algún tipo de pronunciamiento sobre procesos en los que parece advertirse una manifiesta parcialidad, con tintes de lawfare, y con esa aparente concomitancia con la derecha política que está produciendo un daño notable al crédito que debe tener la justicia. Y una gran preocupación entre la sociedad democrática.

El amable discurso de entrega de despachos no contenía esa petición unidireccional de respeto hacia los jueces hagan lo que hagan que nos contó el ABC y encima en respuesta a los supuestos ataques del Gobierno. Es que muchos legos en la materia, que no hemos leído cuatro libros sobre el asunto o charlado con abogados tomando un café, no entendemos que sea el único de los tres poderes en los que se basa el Estado de Derecho sin ningún control. El Poder Judicial sería, pero está mudo. De hecho, su presidenta, que es también del Tribunal Supremo, no hizo la menor autocrítica.

Caí en la trampa de ABC y mira que tengo experiencia de ver con qué soltura miente a diario, pero no pensé de entrada que se atrevieran a manipular incluso las palabras del rey y en portada. Y me pregunté cómo era posible esa declaración del jefe del Estado al día siguiente de escuchar cómo el juez Adolfo Carretero  le preguntaba a Elisa Mouliaa si se había bajado las bragas tras haber presentado ella una denuncia por acoso sexual contra Íñigo Errejón. Y estas cosas, como también les dijo el rey a los nuevos jueces, tienen consecuencias. Los procesos judiciales influyen en la vida de las personas. No es de extrañar que esta justicia, ésta, sea tan parca en condenas por este tipo de delitos: el 80% de la violaciones que se denuncian en España nunca llega a juicio. Ocho de cada diez agresiones sexuales se archivan sin llegar a juicio y solo una acaba en condena, informaba El País con datos rigurosos.

Por allí andaba el compiyogui a punto de ser archivada su causa en la Audiencia Nacional. López Madrid estaba acusado de contratar al ex comisario corrupto Villarejo para acosar a la doctora Pinto. Y teníamos todos los otros casos que producen auténtica alarma cuando no indignación.  

Produce desconfianza en la justicia leer que al señor particular que convive con la presidenta de Madrid se le libra de comparecer a juicio por cuarta vez y después de casi un año de estar en curso el proceso por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. En cambio, al fiscal general del Estado no se le permite aplazamiento alguno.

Este asunto es verdaderamente desproporcionado y escandaloso en todos sus extremos. Pongamos los casos en su lugar: Alberto González Amador –novio de Ayuso– está acusado de dos delitos fiscales de alta cuantía y de otro en el que le detectaron facturas falsas por valor de 1,7 millones para evadir impuestos. Lo ha encausado la Fiscalía, no la prensa malvada. Y el fiscal general del Estado –pese al ruido judicial y mediático de alto voltaje–, ha sido imputado (no acusado, aunque hay unas ganas irresistibles rondándole según se aprecia- por presuntamente filtrar el email donde Alberto Quirón –así le llama familiarmente el jefe de gabinete de la novia presidenta de Madrid– confesaba su autoría y pedía un pacto para no ir a la cárcel. La diferencia es tan abismal que sonroja las dimensiones que ha alcanzado.

Pero ahí tenemos al juez, todo imparcialidad, que no necesita pedir el teléfono de quien difundió el bulo a la prensa, por más que se le ha pedido hasta la abogacía del Estado, ni ve relevancia en ese hecho probado, y dice más: que el bueno de Alberto Quirón no ha cometido fraude fiscal –ese tema no está en su sumario, ni es de su competencia– y que se está haciendo “daño reputacional” al novio de Ayuso porque no es un defraudador confeso. Lo admitió su abogado en el intento de pacto. Pero el juez confia en él, en Miguel Ángel Rodríguez, y nada en los periodistas que acreditaron sus informaciones. Se erige en abogado defensor de un defraudador confeso, ¿Cómo se puede confiar en su juicio justo cuando tenga ante sí a Álvaro García Ortiz? Quienes dicen que tiene la imputación y la sentencia hecha y no tolera injerencias en su decisión premeditada parecen aproximarme bastante a la realidad, visto lo visto. Este juez se llama Hurtado y no nos merece ningún respeto y no entendemos se lo merezca al Poder Judicial y al jefe del Estado. Y algo debían decir.

En todos los casos chirriantes que proliferan. Lo de Peinado, admitiendo las denuncias de la ultraderecha con bulos de la prensa de ultraderecha, y metiendo a la ultraderecha en la Moncloa porque su víctima –o su potencial acusada de la que no ha encontrado nada todavía– vive allí. Peinado quiso interrogar, en la sede del Gobierno de España, a su marido el presidente del Gobierno aun sabiendo que se iba a acoger a su derecho de no contestar, pero así hubo imágenes y sonido para la prensa. Y todo por un software y no demostrables tratos de favor, cuando tiene ante sí a Don Alberto Quirón y sus negocios y a la propia novia del novio, sobre quien además penden las denuncias de familiares por aquello (les debe parecer un tema menor) de los 7.291 ancianos muertos sin asistencia sanitaria por el protocolo de la vergüenza de la comunidad de Madrid. Fue la única que lo implantó y la justicia hasta ahora, cinco años después, no lo ha tenido en consideración.

¿Y lo del hermano de Pedro Sánchez? Otra bola de cuidado. Ha llenado más páginas que el hermano de Ayuso y sus mascarillas, ¿recuerdan? “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas”. La declaración de Pablo Casado a Herrera en COPE  le costó caer fulminado como presidente del PP en procedimiento sumarísimo y nunca más se supo. La sociedad tampoco, algo debe haber ahí que no entendemos. Pero justo no parece.

No se comprende nada de todo esto. Y que se vayan a Marbella varios jueces a unos cursillos que organiza el rey de la bulosfera Eduardo Inda, en hoteles de lujo y muy bien pagadas sus intervenciones, igual entra de lleno en ese ejercicio de rectitud que sí pide el rey a los nuevos jueces. No vaya a ser que sufra alguna mácula la conducta ejemplar que caracteriza al Poder Judicial español, según afirmó Felipe VI.

Ya ven ustedes que tenemos la sensación de estar sufriendo en España un acoso y derribo al Gobierno por parte de la derecha, del que es parte fundamental el llamado “partido de las togas”. Y se contempla en las alturas con una placidez que nos exaspera.

Todo va bien. Lo único que reclama el jefe del Estado son unos valores que nos cuesta encontrar en algunos representas del gremio y no sería superfluo, ya que se pone uno, decir algo para que alguien haga alguna cosa. Y no trato de imitar a ningún humorista precisamente pero es que no sabemos qué hacer con la que hay montada en el mundo a causa de la ultraderecha y sus pulsos a la justicia de los humanos, para andar con este emplasto en España.

Unámonos en vivir con rectitud democrática, con medios que no desinformen flagrantemente bajo exigencia de responsabilidades, luchando por los principios en valores y no por machacar a los débiles. Sumemos fuerzas a quienes se van a resistir a los vientos de la tiranía USA. España es un Estado de Derecho, que lo siga siendo. Netamente. El rey no pidió profundo respeto a los jueces maltratados por el gobierno, les pidió a los jueces “profundo respeto” por la justicia, eso sí.