Reacciones a la luz verde de la Xunta a Altri: ecologistas, vecinos y oposición darán la batalla en la calle y los juzgados

Ulloa Viva llama a los vecinos de la cuenca del río Ulla a movilizarse este domingo a mediodía mientras Greenpeace recuerda la importancia de convertir en masiva la movilización del sábado 22 en A Pobra do Caramiñal

La Xunta da luz verde al proyecto de macrocelulosa de Altri pese a la oposición de vecinos y ecologistas: “Es viable”

A pesar de que era lo esperado, la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto de macrocelulosa impulsado por Altri a través de la sociedad Greenfiber ha desencadenado una cascada de reacciones. Vecinos y ecologistas han anunciado más protestas en la calle y avanzan actuaciones judiciales contra las decisiones de la Xunta. Antes de la que se preveía como gran movilización del sábado 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal, Ulloa Viva ha convocado concentraciones para este domingo a mediodía en todas las localidades afectadas, desde Palas de Rei (Lugo) hasta la desembocadura del río Ulla en la ría de Arousa (Pontevedra).

Por su parte, los partidos de la oposición respaldan las protestas, hablan de traición de la Xunta (BNG), desconfían de su oscurantismo (PSOE) o reclaman que se dé la palabra a los vecinos (Sumar). Y todos, al igual que el Gobierno gallego, miran ahora hacia Madrid, donde está la última palabra de los fondos que reclama la multinacional portuguesa para convertir su proyecto en una realidad.

Ulloa Viva: decisión política, proceso viciado

La Plataforma Ulloa Viva, la entidad que —junto a la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa— ha liderado la oposición al proyecto, anuncia que ejercerá “todas las medidas administrativas y judiciales” contra las resoluciones que puedan autorizar la macrocelulosa. Como primer paso, convoca a todos los vecinos de la cuenca del Ulla a salir a las plazas de sus pueblos este domingo a las 12:00 horas “para ”gritar alto y claro ‘Altri Non!’, antes de la manifestación del sábado 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal.

“Esta DIA anticipa las futuras resoluciones de Autorización Ambiental Integrada y de la propia aprobación del Proyecto Industrial Estratéxico, en una secuencia sucesiva de decisiones político-administrativas que non tienen más finalidad que amparar la ejecución de una industria contaminante en lo ambiental y de fuerte impacto negativo a nivel territorial, patrimonial, socio-económico y para la salud de las personas”, aseguró en un comunicado en el que denunciaba “el ”ajuste (o reajuste) de informes sectoriales a la decisión política previa“ de autorizar la iniciativa.

Para la plataforma, los cambios y modificaciones sobre el proyecto inicial, así como los condicionantes impuestos en la Declaración de Impacto Ambiental, “no alteran la decisión sustantiva: evaluar favorablemente el conjunto del proyecto, en un procedimiento viciado, parcialmente externalizado, y que siempre ha estado sobredeterminado por la previa decisión política de autorizar la macrocelulosa”.

Ulloa Viva recuerda que los informes “por el momento no han sido publicitados”, lo que “evidencia la falta de transparencia en todo el procedimiento”. Además, mostró su sorpresa porque “alguna de la documentación aportada al expediente de evaluación sea de la misma fecha que la propia resolución de la DIA (de 5 de marzo)” y “llama la atención” sobre el “cambiazo del informe de evaluación de los parámetros de vertido” y de que informes sectoriales “inicialmente críticos o discrepantes se hayan vuelto en favorables, sin que la promotora alterase lo básico de su proyecto”.

BNG: “la mayor traición de Rueda a Galicia”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cree que con la aprobación de la DIA “se consuma la mayor traición de Rueda a Galicia”, a quien “le importan más los intereses de una empresa portuguesa que lo que está diciendo la ciudadanía gallega”. Pontón, que atendió a la prensa tras reunirse con el rector de la Universidade de Vigo, llamó a la movilización social para “ganar la batalla al ejecutivo del PP” y “parar la bomba ambiental con la fuerza de la gente”.

La líder nacionalista, que ha comparado el daño que puede hacer Altri al medioambiente con la catástrofe del Prestige, ha reclamado al Gobierno central que “de una vez deje claro que no dará ni un sólo euro a la macrocelulosa que amenaza el modo de vida de miles de personas” y avanzó que darán “la batalla política, democrática y, si hace falta, legal, para paralizar el proyecto”.

PSOE: “¿Qué esconden las prisas de la Xunta?”

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, alertó de la “tramitación exprés” de la macrocelulosa y acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de “esconder la verdad sobre la viabilidad del proyecto”.

En una declaración remitida a los medios, Besteiro insistió en que, “desde el principio”, los socialistas dejaron claro los “graves interrogantes” sobre la sostenibilidad de la iniciativa, “no sólo en su aspecto medioambiental, sino también en el social y el económico”. Para él, la resolución de la DIA “no despeja dudas fundamentales” y la Xunta “sigue sen ofrecer respuestas claras sobre el impacto real de la iniciativa. ”La opacidad y la falta de explicaciones son ya marca de la casa del gobierno de Rueda, y Altri es un ejemplo más de esta forma de actuar“, criticó mientras se preguntaba: ”¿qué están ocultando estas prisas?“.

Greenpeace: la DIA, un libro de instrucciones contra el medioambiente

Greenpeace ha rechazado “tajantemente” la DIA, un documento que no ven dirigido a evaluar la viabilidad de la macrocelulosa, sino “a ayudar a la empresa a instalarse” con todo tipo de facilidades, “al retorcer la normativa ambiental, hacer análisis más que cuestionables, dejar demasiados cabos sueltos y lo que es peor, confiar excesivamente en la voluntad del promotor”.

El coordinador de la organización ecologista en Galicia, Manoel Santos, admite que la resolució es “la esperada”, ya que atendiendo a “las declaraciones y los pasos” del presidente de la Xunta y las conselleiras de Economía y Medio Ambiente, “resulta evidente que la Xunta ya aprobó tácitamente el proyecto en 2022”, cuando bajo la presidencia de Núñez Feijóo lo declaró estratégico. “Lo de hoy no es más que la confirmación de que la protección de la naturaleza para este Gobierno es más una molestia que una necesidad”, concluyó.

Para Greenpeace, la DIA es “un libro de instrucciones para que Altri atente contra el medioambiente y la sociedad gallegas con el beneplácito de la Xunta”. Desconfía además de los condicionantes ambientales apuntados en el documento entre los que hay “paradojas absurdas” como “aceptar una supuesta zona de amortiguación, de sólo 50 metros de ancho, para proteger la Red Natura propuesta por el promotor, cuando la Xunta hace semanas eliminó toda la superficie que va a ocupar la empresa de la zona de amortiguación de la Estratexia Galega de Infraestrutura Verde”.

Aún así, considera que éste “no es el final del proceso” y que la Xunta verá a Greenpeace “en la calle, en los procesos administrativos y también en los juzgados”. Santos recuerda que sin fondos públicos “Altri nunca será una realidad” y por eso espera “que el Gobierno central tenga más sensibilidad que la Xunta con el medioambiente y con la sociedad gallega”, una sociedad que “se ha movilizado como nunca”, con la presentación de 27.000 alegacines y 600.000 firmas contra el proyecto.

Sumar pide un “referéndum consultivo”

Para el secretario xeral de Sumar en Galicia, Paulo Carlos López, “el PP vende Galicia a Altri con un informe de impacto ambiental totalmente a medida”. La formación anuncia la apertura de tres vías para tratar de frenar un proyecto que “destruiría todo el tejido social y económico existente”. Por un lado, alegaciones en la vía administrativa; por la politica “con todo el peso del grupo Sumar en el Congreso”, y por la popular, reclamando “un referéndum en las localidades afectadas”.

La presidenta de Sumar Galicia y portavoz en la Cámara Baja, Verónica Barbero, anunció “todas las acciones necesarias” de su grupo para parar una “barbarie medioambiental” y la eurodiputada Estrella Galán mostró la misma intención en Bruselas: “Los fondos comunitarios no pueden utilizarse para financiar proyectos que atenten contra el medio ambiente”.