La sentencia que anula el cambio del reglamento de la Cámara Alta de 2023 para retrasar la amnistía afirma que se ha intentado romper el equilibro constitucional entre el Congreso y el Senado, dando más peso a la cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta
El Constitucional tumba la reforma del reglamento del Senado con la que el PP retrasó la amnistía
El Constitucional ha anulado esta semana la reforma del reglamento del Senado con la que el Partido Popular retrasó casi dos meses la entrada en vigor de la ley de amnistía. Una sentencia que ha podido examinar elDiario.es y que, sobre todo, reprocha a los de Alberto Núñez Feijóo que hayan buscado romper el equilibro que establece la Constitución entre Congreso y Senado, forzando un papel protagonista de la Cámara Alta que no reconocen las leyes. El último movimiento del partido ha sido plantear una nueva reforma que profundiza todavía más en ese sentido con el objetivo de convertir el Senado en un órgano de oposición al Gobierno.
La reforma fue puesta en marcha en noviembre de 2023. Faltaban dos días para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras las elecciones de julio, pero los detalles de los acuerdos ya eran conocidos: el precio del apoyo de Junts era una ley de amnistía para perdonar los delitos relacionados con el procés independentista catalán.
Las urnas no habían dado poder suficiente al PP en el Congreso para bloquear la norma, pero sí una mayoría absoluta en el Senado que se lanzó a instrumentalizar para, al menos, ralentizar su tramitación: modificar el reglamento y dar a la Cámara Alta el poder de quitar el carácter de urgencia a la iniciativa legal para que se tramitara en dos meses en vez de en unos pocos días. “¿Por qué el PSOE puede hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana, y el PP no puede hacer una modificación del Reglamento para mejorar la tramitación legislativa?”, dijo el senador del PP Eloy Suárez. “Intentan crear un Gobierno en la sombra, acusó Carla Antonelli, de Más Madrid.
El PSOE presentó un recurso en el que acusaba al PP de acometer una inconstitucionalidad basada en la “redefinición interesada” del papel que la Constitución da al Senado. Unos argumentos que apoyó la Abogacía del Estado: “Supone una vulneración de las facultades legislativas”. La letrada de las Cortes Generales, sin embargo, defendió la reforma al asegurar que existe una “laguna constitucional” que el PP podía completar con un cambio en el reglamento de la Cámara.
El pleno del Constitucional, por mayoría, ha decidido tumbar la normativa con un doble argumento. En primer lugar, explicando que la Constitución, por encima de cualquier reglamento parlamentario, da prioridad a los plazos que impongan el Gobierno o el Congreso, ya sean los dos meses habituales o los 20 días de urgencia, sin que el Senado pueda interferir declarando o retirando el carácter de urgencia. Eso, dice el pleno examinando la literalidad del texto, abarca “tanto a los proyectos como a las proposiciones de ley declarados urgentes por el Gobierno o el Congreso de los Diputados”.
La sentencia aprobada explica que la medida del PP tenía por objetivo saltarse el “diseño bicameral diseñado por la Constitución” y darle al Senado, en definitiva, más presencia de la que tiene en el proceso de tramitación de una ley por encima de “la preeminencia del Congreso de los Diputados sobre el Senado, que actúa como Cámara de segunda lectura”. El Congreso tiene “prioridad” en los procesos legislativos y la decisión del Congreso de declarar urgente una norma es “vinculante para el Senado”.
Frente a este criterio mayoritario, tres magistrados del sector conservador están elaborando un voto particular en el que se alinean con las tesis de la letrada de las Cortes. Entienden, según fuentes del tribunal de garantías, que tendría que haber prevalecido la presunción de constitucionalidad de la reforma al existir esa ambigüedad en el término “proyecto”.
Una nueva reforma para el Senado
El Partido Popular ha vuelto a poner de manifiesto su intención de seguir modificando el reglamento de la Cámara Alta para convertirla en un elemento más de la oposición al ejecutivo central y, en la práctica, equiparar su peso legislativo al del Congreso de los Diputados, donde es el grupo parlamentario mayoritario pero no puede aplicar el rodillo que las urnas le proporcionaron para el Senado en las últimas elecciones generales.
Se trata de una segunda reforma más amplia y que abarca muchas más cuestiones reglamentarias: desde las incompatibilidades de los senadores a las sesiones de control al Gobierno o, incluso, interferir en la tramitación de las leyes en el Congreso.
Las reformas relacionadas con las sesiones de control al Gobierno son de las más relevantes de la modificación planteada por el PP, ya que tiene como objetivo obligar al presidente a comparecer en el Senado “al menos una vez al mes”. Algo que no contempla ni el Reglamento del Congreso, donde el presidente comparece tres semanas al mes, salvo excepciones.
También plantea la posibilidad de que los senadores puedan plantear un “conflicto de atribuciones” con el Congreso si consideran que la tramitación de una proposición de ley se demora “de forma injustificada”. Los de Alberto Núñez Feijóo intentan evitar que el Congreso amplíe semanalmente los plazos para presentar enmiendas a las leyes que proceden del Senado y que el Gobierno teme que puedan salir adelante en un Congreso donde las mayorías son mucho más líquidas.
