Aunque en 2007 se exigió fijar un sistema para medir la afiliación y representatividad de los colectivos de autónomos, este reglamento sigue sin hacerse; mientras, se sientan a la mesa ATA, UPTA y UATAE
La representatividad de los colectivos de autónomos no se mide desde 2011 aunque lo exige la ley
Los trabajadores autónomos suman casi 3,4 millones de personas en España, casi el 16% del total, según los últimos datos de la Seguridad Social. Aunque son un colectivo muy relevante y con un gran peso en la economía del país, tienen una importante tarea pendiente institucional y democrática: establecer un sistema que mida la representatividad de sus asociaciones. En la actualidad, se sientan a negociar con el Gobierno en nombre de los autónomos tres colectivos, ATA, UPTA y UATAE, pero lo hacen sin que se haya llegado a regular este sistema, atascado desde hace más de diez años por gobiernos de distinto signo.
Ser una asociación “representativa” de los autónomos supone ciertos derechos y privilegios, también responsabilidades. Por ejemplo, “ser consultadas cuando las Administraciones Públicas diseñen las políticas públicas que incidan sobre el trabajo autónomo” y “colaborar en el diseño de programas públicos dirigidos a los trabajadores autónomos”. También formar parte de –un todavía teórico– Consejo del Trabajo Autónomo, previsto como “órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo”.
En 2007, se aprobó el Estatuto del Trabajo Autónomo, que regula los derechos y las condiciones de los trabajadores por cuenta propia. En su artículo 21, la ley contempla algunas líneas generales de cómo deben ser las organizaciones que alcancen el rango de “representativas” a nivel estatal, aunque emplaza a concretar los criterios reglamentariamente. Por ejemplo, para acreditar cierto nivel de afiliación de trabajadores autónomos dentro de estos colectivos.
Ese reglamento con unas reglas claras sobre la representatividad de las asociaciones de autónomos sigue pendiente a día de hoy. 18 años después.
En el Ministerio de Trabajo reconocen que esta representatividad “no está regulada”. En el departamento que dirige Yolanda Díaz anuncian que “recientemente se ha constituido un grupo de trabajo formado por técnicos de este Ministerio a los efectos de que elaboren un primer borrador de reglamento que establezca los criterios que determinen la representatividad de las asociaciones del trabajo autónomo”.
Quiénes negocian: ATA, UPTA y UATAE
Como no se ha regulado esta representatividad, no se ha creado el Consejo del Trabajo Autónomo, por ejemplo. No obstante, sí hay colectivos de trabajadores por cuenta propia que se sientan a negociar con el Gobierno y que ejercer este papel institucional de hablar en nombre de los trabajadores autónomos. Por ejemplo, cuando se abordan leyes o ayudas para el colectivo, como ha ocurrido con la prestación por cese de actividad, la ordinaria y durante la pandemia de COVID, así como la importante reforma de la cotización según sus ingresos, en marcha desde 2023.
Son tres: ATA, UPTA y UATAE. En primer lugar, ATA está integrada en la patronal CEOE y está dirigida por Lorenzo Amor desde hace 21 años, recientemente reelegido en unas elecciones a las que la asociación llevó a decenas de empleados y sus familiares a votar.
UPTA, vinculada a UGT, está liderada por Eduardo Abad desde hace nueve años, cuando fue elegido en 2016, aunque en la actualidad lleva más de dos años con prórrogas de una comisión gestora por cuestiones “internas” de la organización. “Toca Congreso al año que viene”, indica Abad, en el que subraya que votan “autónomos o profesionales colegiados (abogados, arquitectos) no las trabajadoras de la casa”.
Y, en tercer lugar, UATAE, afín a Comisiones Obreras y presidida por María José Landaburu, al frente desde hace 14 años. “Cada miembro inscrito tiene derecho a un voto y ninguno vale más que otro. El mandato de la Junta Directiva es de cuatro años, sin límite de reelección”, apuntan. UATAE enfrenta en estos momentos un proceso penal por presuntas irregularidades por la percepción de subvenciones.
A falta de estas reglas sobre el apoyo en afiliación y representatividad de los autónomos que deben tener las organizaciones “más representativas”, los tres colectivos se sientan en las mesas de negociación en los últimos años por ser las entidades con “más implantación”. Es decir, las más grandes, considerando que tengan un carácter intersectorial, sede en al menos tres comunidades autónomas y la cantidad de personal contratado, pero no se mide el respaldo de los autónomos en afiliaciones o convenios con organizaciones de autónomos.
Este criterio de “implantación” es el que se valora para conceder las subvenciones del Ministerio de Trabajo en “gastos de funcionamiento” de las organizaciones de autónomos. Las últimas, de 2024, han sido: 368.476 euros para ATA, 129.445 euros para UATAE y 107.527 euros para UPTA.
En Trabajo destacan que estas ayudas son “el 20%” del total de subvenciones de su cartera a colectivos de autónomos. “Actualmente el criterio principal que se sigue para otorgar subvenciones a las asociaciones profesionales del trabajo autónomo no es su implantación, sino la calidad de los proyectos que se presentan”.
En UPTA y UATAE consideran que el criterio de “implantación” no es el adecuado para medidar el respaldo de las organizaciones de autónomos, ni para conceder las ayudas por gastos de funcionamiento. En ATA no han respondido al respecto a elDiario.es.
Eduardo Abad destaca que estos criterios premian a las asociaciones por su capacidad económica de contratar a más personal, algo que les “penaliza”, porque UPTA “no ejecuta programas de formación”. “Entonces, tenemos menos trabajadores que el resto”, indica, pero eso no quiere decir que menos respaldo entre los colectivos de autónomos.
En UATAE coinciden. “Estas subvenciones, teóricamente se conceden en función de la implantación, sin embargo, de facto, son concedidas en función de la capacidad económica de las organizaciones beneficiarias y sus entidades vinculadas en cada provincia”, sostienen.
Precisamente, UATAE está imputada en la actualidad por la justicia penal por presunta falsedad documental y fraude en las subvenciones de gastos de funcionamiento de varios ejercicios pasados, por simular una ampliación de personal gracias a un acuerdo con la patronal Pimec que no era cierta, lo que le dio derecho a más subvención. En UATAE no responden sobre estas acusaciones. “Se trata de un procedimiento judicial en fase de instrucción y en tanto permanezca en ese estado ejerceremos nuestra defensa en sede judicial”, indican a elDiario.es.
Intento de reglamento en 2011 y atasco con distintos gobiernos
Hubo una resolución del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de 2011, que estableció unos criterios y unas asociaciones más representativas: UPTA, ATA, FOPAE (desaparecida), UATAE y CEAT, por orden de puntos. Si embargo, fue recurrida en los tribunales por ATA y CEAT –miembros de la patronal CEOE– y, aunque la justicia respaldó el sistema aprobado, cuando llegó el Gobierno del PP de Mariano Rajoy anuló estas reglas y después no se llegado a regular de nuevo este sistema de representatividad.
En 2017, el Gobierno de Rajoy llegó a ponerse un plazo de un año para aprobar el Consejo de Trabajo Autónomo, así como para definir esas reglas de representatividad necesaria para determinar quiénes se sentarían en este órgano, pero no cumplió.
Después, los Gobiernos de Pedro Sánchez también lo han asumido siempre como compromiso, ya fuera el monocolor del PSOE o las coaliciones con Unidas Podemos y con Sumar, pero tampoco se ha llevado a cabo hasta ahora. El último acuerdo de coalición recoge que “se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos”.
En el Ministerio de Trabajo no adelantan los criterios que se pretenden incluir en este reglamento. “Una vez redactada la propuesta, se dialogará y negociará con las asociaciones de autónomos y autónomas”, sostienen.
En UPTA, Eduardo Abad defienden que “se certifique las organizaciones y los autónomos que pagan cuota” a las asociaciones. “El voluntarismo no lo comparto”, indica sobre las asociaciones que cuentan como afiliados a colectivos y organizaciones que no pagan por formar parte de ellos.
Es el caso de UATAE. “La Unión parte de la premisa de que el colectivo es, en gran medida, vulnerable y precario, por lo que la participación en la Unión no está condicionada al pago de una cuota”, explican en UATAE, que defiende un sistema de representatividad a través de elecciones directas: “Nuestro lema es Un autónomo un voto. Creemos que es la forma más democrática de medir la representatividad. Los y las autónomas deben poder expresar libremente quién quiere que les represente”.
En ATA no han respondido a este medio sobre sus propuestas de cara al sistema de representatividad. Tampoco sobre si todos sus autónomos y organizaciones miembro pagan cuota para ser parte de ATA.
