Para «apostar por la economía circular», se va a «evaluar cuáles de los equipos pueden ser reutilizados y pueden ser vendidos», dice Aagesen: «Vamos a auditar todos y cada uno de los gastos»
El sector energético gana más de la mitad de las indemnizaciones por las sentencias en contra del Estado
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado este martes en el Senado que durante la fase de desmantelamiento del fallido almacén submarino de gas Castor se va a vender lo que pueda recuperarse del proyecto para tratar de “reducir las pérdidas” de esta infraestructura, clausurada hace más de una década tras una sucesión de terremotos frente a la costa de Castellón después de las primeras inyecciones de gas a finales de 2013.
“Vamos a apostar por la economía circular, es decir, evaluar cuáles de los equipos pueden ser reutilizados y pueden ser vendidos para optimizar y reducir las pérdidas de dicho proyecto”, ha señalado Aagesen, que no ha precisado cuál va a ser el coste total del desmantelamiento, cifrado hace años en unos 260 millones de euros.
Preguntada por el senador de ERC Jordi Gaseni sobre el calendario y las acciones que va a llevar a cabo el Gobierno para el desmantelamiento de todas las infraestructuras marítimas y terrestres del complejo, así como el coste total que significará para el Estado, Aagesen ha explicado que “este mismo semestre”, en coordinación con Enagás, encargada del desmantelamiento, “vamos a auditar todos y cada uno de los gastos para asegurar los principios de eficiencia y legalidad”.
“Todos los datos serán publicados y serán públicos en el proceso y se certificarán todas las cuentas”. En abril se concederá la autorización sustantiva para iniciar el sellado de los 13 pozos de almacenamiento, que se espera que concluya a finales de este año. Tras esa fase, se procederá a desmantelar la infraestructura y se venderá lo que pueda reaprovecharse.
Mantener las instalaciones del Castor frente a la costa del delta del Ebro, ha costado más de 100 millones desde finales de 2014, cuando la concesionaria Escal UGS -sociedad controlada por ACS- renunció al proyecto.
Destinado a convertirse en chatarra, el Castor figura entre los “errores legislativos” que recogía un informe publicado la semana pasada por la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) del que se desprende que el sector energético concentra más de la mitad de las indemnizaciones en contra del Estado de los últimos años.
Promovido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2014 el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria como ministro de Industria, aprobó una indemnización exprés de 1.350 millones para la promotora del almacén, la constructora ACS. El real decreto-ley que aprobó esa compensación (a pagar durante 30 años en la factura del gas) fue declarada inconstitucional en diciembre de 2017, lo que propició que se paralizaran los pagos a las entidades financieras que habían adelantado el dinero. Y el Estado acabó endeudándose por decreto para indemnizar a la banca.
El proyecto Castor se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, la más grave en medio siglo, puso de manifiesto que el almacén no era necesario, gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.
Pero, sobre el papel, y en los mensajes que se lanzaban desde empresas como Enagás, el operador del sistema gasista, parecía una buena idea. El proyecto ya figuraba en la planificación energética que el Gobierno de José María Aznar elaboró en 2002, pero no era prioritario “dada la inmadurez” de los estudios previos. El espaldarazo definitivo llegó en marzo de 2006. Con el socialista José Montilla al frente de Industria, la Planificación energética 2005-2011 identificó como “urgentes” cinco almacenamientos subterráneos, entre ellos Castor, calificado de “proyecto necesario y prioritario para el sistema gasista español”.
El silo submarino estaba avalado por las recomendaciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Enagás. Entonces, la demanda estaba disparada por la elevada utilización de las centrales de ciclo combinado (que queman gas para producir electricidad) y España sólo tenía dos almacenamientos subterráneos, Gaviota (frente a las costas de Bilbao) y Serrablo (Huesca). Castor debía ser capaz de guardar un tercio de la demanda durante 50 días. Con la crisis posterior y el desplome de la demanda eléctrica, cuando acabó su construcción (mediados de 2012) las infraestructuras gasistas funcionaban al 50% de su capacidad.
El almacén submarino está ubicado a unos 1.700 metros de profundidad, a 21,6 kilómetros de la costa, frente a Vinarós (Castellón), en la comarca de Baix Maestrat, muy próxima a la comarca de Montsià (Tarragona). Se diseñó aprovechando el sellado natural que proporcionaba el terreno calizo del antiguo yacimiento de la falla de Amposta, en el que Shell extrajo entre 1975 y 1989 unos 56 millones de barriles de petróleo.
Con una capacidad de unos 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos), consta de una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros de longitud y una planta terrestre en Vinarós bautizada con el nombre de Ignacio Pérez, como el expresidente de ACS Servicios Industriales y Energía, fallecido en 2007 y hermano del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
