El fiscal de la causa de la DANA cuestiona que la falta de mantenimiento del barranco del Poyo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de obras por parte de la Generalitat Valenciana en la misma rambla constituya un delito de daños por imprudencia grave, como sostenía la asociación de damnificados personada como acusación popular.