Apostar por la demanda interna no significa caer en el proteccionismo, supone reconocer que una economía sana y resiliente necesita un mercado interno robusto, ciudadanos con capacidad adquisitiva, servicios públicos de calidad e inversión estratégica
La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, de establecer aranceles generalizados a las importaciones a Europa –y resto del mundo– supone un cambio de calado en la economía internacional. Las barreras comerciales impuestas afectarán tanto a los flujos de exportación como a las cadenas de suministro globales. Prácticamente todos los análisis económicos coinciden en señalar que estas medidas limitarán el comercio internacional, elevarán los costes de producción y encarecerán los precios finales de los productos. Esto no solo afectará a empresas directamente exportadoras, sino también a aquellas que dependen de bienes importados o de proveedores que los utilizan. En economías interconectadas como la nuestra, las consecuencias se extenderán a todos los sectores.
Esta situación coloca a la economía española y europea ante un escenario especialmente complejo. La dificultad no radica únicamente en las mayores trabas al comercio exterior. Se suma el hecho de que durante la década de 2010 España apostó por un modelo de crecimiento basado en las exportaciones. La estrategia consistió en impulsar el crecimiento económico a través de una devaluación salarial. Esta se implementó mediante reformas laborales orientadas a la desregulación del mercado de trabajo y la debilitación de la negociación colectiva. El objetivo declarado fue contener los salarios para abaratar los productos españoles y ganar cuota de mercado internacional.
