Los socialistas han rastreado contratos menores, algunos de ellos de 2024, en un centro de formación para el profesorado que van a aportar a la jueza que investiga una posible prevaricación en el anterior gobierno de Ayuso. Este jueves piden una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para esclarecer el escándalo de los contratos a dedo en la Formación Profesional
Orden de gastar millones, informes de una hoja y un “chivo expiatorio” en el caso FP: el otro escándalo que acecha a Ayuso
El PSOE de Madrid va a aportar al juzgado de instrucción que investiga fraccionamientos de contratos en obras educativas un caso que considera sospechoso, el del Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (Ismie). Aunque ya anunciaron que iban a pedir a la jueza la ampliación de la causa por estas obras, elDiario.es ha tenido acceso a nuevos contratos menores con supuestas irregulares, según la información recabada por los socialistas madrileños, que van a aportar ahora a la justicia.
El Ismie depende de la Dirección General de Bilingüismo y la Calidad en la Enseñanza, nada que ver con la FP, que es el departamento que hasta ahora está bajo la lupa por una decena de obras bajo sospecha de contratos a dedo, como ha publicado elDiario.es. El Ismie está ubicado en la Finca de Vista Alegre, con un “alto valor histórico y artístico” y reformado con una inversión de más de 16 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid desde 2018, según sus propias notas de prensa.
En los contratos que se van a aportar a la causa se ve, por ejemplo, cómo el 26 de abril de 2024, con el actual Gobierno de Ayuso, existen cuatro contratos menores consecutivos para obras que pertenecerían a ese complejo, que suman más de 110.000 euros y que tienen importes coincidentes: dos de 22.339 euros y dos de 33.936 euros entregados a las mismas empresas. Dos de ellos tienen incluso el mismo concepto: “Trabajos de carpintería exterior, electricidad, calefacción y sonido”. También una misma empresa se lleva, con 15 días de diferencia, seis contratos por valor de 80.000 euros.
Todo ello, según el PSOE de Madrid, podría ser una práctica irregular y continuada. Sus sospechas están en la línea del testimonio que uno de los investigados -al que la propia Consejería apuntó cuando saltó el caso- prestó ante el juez: “Se hacía así cuando yo llegué, cuando me fui e imagino que se sigue haciendo”. Como explicaron fuentes socialistas, según la plataforma de contratación del sector público, entre 2017 y 2024 se han realizado hasta 29 contratos menores de obras por valor superior a 440.000 euros, la gran mayoría destinados al edificio principal y al aulario. Tras considerar que el modus operandi sería el mismo que el del escándalo de la FP, los socialistas solicitan que se investiguen estos contratos dentro de la causa que se abrió en un juzgado después de una denuncia interpuesta por Podemos.
Enrique Ossorio, cuando era consejero de Educación, en el Ismie
La Fiscalía también estaba investigando el fraccionamiento después de que el actual consejero de Educación, Emilio Viciana, iniciara un procedimiento interno tras la denuncia pública de un empresario que no había cobrado. Abrió expediente a varios funcionarios, entre ellos directores de instituto y un subdirector de FP al que cesó y que se autoconsidera un “chivo expiatorio” para enterrar el caso. Educación pasó el expediente a la Fiscalía, que vio “una palmaria y grosera omisión de los procedimientos”. Lo que dice el ministerio público es que en lugar de sacar a concurso público las obras mayores de 50.000 euros como obliga la ley, durante los años 2021 y 2023 la Consejería de Educación del anterior Gobierno de Ayuso–entonces dirigida por Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea– hizo obras y reformas en centros de FP fraccionando los contratos y facturas para hacerlos pasar por contratos menores, que tienen muy pocos controles.
El caso más llamativo y con el que se inició la investigación fue el de Ciudad Escolar, donde se levantó un pabellón sanitario presupuestado en 2,5 millones de euros, parte de los cuales se pagaron en facturas de menos de 50.000 euros para camuflarlos como pequeños arreglos, evitando así tener que sacar a concurso las obras, que se dieron a dedo a empresarios particulares. Este modus operandi se repite en casi todas las direcciones de área territorial de Madrid (cada una tiene un director general distinto) e incluso hay un caso que nada tiene que ver con FP y que es un centro de profesorado, parecido al que pretenden denunciar los socialistas del Ismie. Por este motivo, la Fiscalía recomendó que de momento no se llame a los directores de los centros, ya que sospecha que la orden pudo venir de más arriba, porque los casos abarcan distintas direcciones generales.
Como explicó el subdirector expedientado y cesado, Alfonso Mateos, en su declaración ante la jueza de instrucción, “el presupuesto para gastos de funcionamiento ha crecido un 1% en siete años”, una cifra evidentemente insuficiente para cubrir un aumento del 25% del alumnado. Así que desde la Consejería de Educación se optó por transferir fondos desde una partida de “gastos extraordinarios” para los centros que acogieran más alumnos o implantaran más ramas de FP. Ese dinero nunca se podía destinar a hacer reformas y obras, pero la investigación ha evidenciado que fue una práctica habitual durante aquellos años.
Ahora el PSOE traslada documentación de otro supuesto caso de posible fraccionamiento que considera que afecta a la Consejería de Educación del actual Gobierno de Ayuso –que no ha contestado a las preguntas de elDiario.es– y que convertiría esta práctica ilegal en algo más transversal, que pasa de un Gobierno a otro y que ejecutan departamentos distintos, ya que este último edificio no tiene nada que ver con la FP ni con los directores de instituto, a quienes la inspección de la Comunidad de Madrid señaló en un primer momento como responsables.
Este jueves el PSOE pedirá una comisión de investigación del caso en la Asamblea de Madrid, con el apoyo de Más Madrid, que previsiblemente no saldrá adelante por los votos en contra del PP, que tiene mayoría, el mismo camino que siguió la comisión de investigación que solicitó el partido de Manuela Bergerot hace unos meses.
