El juzgado de Sevilla amplía seis meses la investigación de los pozos ilegales de la Casa de Alba

Se está a la espera de un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para concretar el daño, ya potencial ya consumado, de las extracciones no autorizadas

La Fiscalía ya avisó a la Casa de Alba: no gestionar la finca en persona no implica desconocer que había pozos ilegales

El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha acordado prorrogar seis meses más el plazo de instrucción de la investigación de los nueve pozos supuestamente no autorizados de la Casa de Alba en la finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar, causa en la que figura como investigado Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, como representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, gestora de los terrenos.

En un auto emitido el pasado 8 de abril y recogido por Europa Press, el juzgado señala que la propia Fiscalía solicitó prorrogar el plazo de la instrucción, así como que “se acordó librar oficio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a fin de que se informarse de varios aspectos que resultan fundamentales en la causa, al objeto de concretar el daño, ya potencial ya consumado, que esas extracciones no autorizadas habrían causado al medio ambiente, elemento fundamental del tipo delictivo que se investiga y se atribuye al investigado y a aquellas personas que, por mor de lo que resulte de la investigación, pudieran considerarse responsables”.

“Así las cosas, y en tanto no se reciba ese informe técnico (…), no se va acordar por el momento esas diligencias que se interesan por el Ministerio Fiscal en su escrito, dejando indicado que, en ese informe que se pidió de oficio (a la CHG), ya se instaba a la Confederación para que informara de posibles expedientes sancionadores a los responsables de la finca”, señala el juzgado sobre las últimas peticiones de la Fiscalía, antes de decretar la prórroga de la instrucción durante seis meses más.

Además de la ampliación del plazo de instrucción, el Ministerio Público había solicitado que fuesen citados como investigados “los diferentes miembros del consejo de administración” de la empresa Eurotécnica Agraria, así como la propia entidad como persona jurídica.