La Sala Civil les pide que se pronuncien sobre qué tribunal debe juzgar a la líder de Podemos por la demanda que le impuso el magistrado, que le reclama 240.000 euros por llamarle corrupto y prevaricador
Manuel García Castellón, el juez que siempre estaba ahí cuando lo necesitaban
La Sala Civil del Tribunal Supremo ha dado diez días a las partes para que se pronuncien sobre qué juzgado creen que es competente para juzgar el procedimiento civil iniciado por el magistrado jubilado Manuel García Castellón contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por un tuit en el que afirmaba que forma parte de un grupo de “jueces corruptos” que “han prevaricado” contra su partido político. El juez considera que esas declaraciones vulneraron su derecho al honor y reclama 240.000 euros a la diputada, que defiende que la demanda debería ser desestimada. La Fiscalía cree suficiente una indemnización de 20.000 euros.
Al tratarse de un comentario publicado en su cuenta personal de X —antes Twitter—, los magistrados sostienen que hay que determinar si son unas palabras que Belarra pronunció en su faceta de ciudadana o en la de diputada, lo que determinaría su aforamiento ante este Sala del alto tribunal. Así se han pronunciado durante el trámite de audiencia previa celebrado este jueves en el Supremo, donde se ha aplazado la decisión.
El presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, ha recalcado que, toda vez que Belarra no ha negado sus declaraciones, la cuestión es determinar si se manifestó en condición de diputada y puede acogerse a la inmunidad parlamentaria —como pretende—, o si, por el contrario, sus publicaciones quedarían limitadas al ámbito privado.
El magistrado se jubiló en los primeros días del mes de septiembre al cumplir 72 años y después de pasar los últimos siete años de su carrera al frente del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Instructor de casos de corrupción como Tándem, Púnica o Lezo, Manuel García Castellón también protagonizó varios intentos para llevar al banquillo a Podemos y algunos de sus líderes y fundadores, por ejemplo la investigación fallida por la financiación del partido.
El mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba su jubilación forzosa, la secretaria general de Podemos y exministra Ione Belarra publicaba en su perfil de X un mensaje, hablando del magistrado como parte de un grupo de “jueces corruptos” que han delinquido para perjudicar, dijo, a quienes “defendemos otra idea de España”.
En el marco de la vista de este jueves, la defensa de Belarra ha recalcado que el propio García Castellón en unas jornadas celebradas el pasado enero dijo que los “ataques” de miembros del Gobierno o diputados le daban “igual”. Además, el letrado ha subrayado que el magistrado ha recibido premios “con posterioridad” a las manifestaciones de Belarra, lo que “corroboraría una ausencia de merma en su prestigio”, informa Europa Press.
Por su parte, la abogada de García Castellón ha incidido en que esta misma semana Belarra ha ratificado “íntegramente” sus manifestaciones en un programa de Canal Red. La letrada ha leído el extracto en el que la líder de la formación morada decía: “Absolutamente convencida de que este juez se ha dedicado a perseguir a gente de Podemos”.
En unas declaraciones en el Congreso, Belarra ha afirmado que “este juez fue traído de vuelta por el Partido Popular de su retiro dorado en Italia [donde ejercía como juez de enlace]” con el objetivo de “afrontar los muchísimas decenas de casos de corrupción del Partido Popular en ese momento”.
“Afirmar que el señor García-Castellón es un juez corrupto que ha utilizado su posición profesional para perseguir a los adversarios políticos del Partido Popular y para proteger a los corruptos del Partido Popular. No es una opinión, es una pura descripción de la realidad”, ha aseverado Belarra tras afirmar que este magistrado “rechazó imputar, a pesar de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, a la señora [María Dolores de ] Cospedal en la Operación Kitchen, archivó la causa de Esperanza Aguirre por la caja B del Partido Popular y archivó la causa en la causa contra el expresidente de Murcia por sus tratos con la trama Púnica”, entre otros asuntos.
